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España

La corrupción está de moda: una imputada en el 'caso Invercaria' desfila en la Pasarela Cibeles

Juana Martín, en el medio, con Rosa Aguilar y la periodista Chelo García-Cortés.

La corrupción está de moda... y salpica a la moda. Juana Martín, célebre diseñadora cordobesa que cuenta entre sus clientes a destacadas integrantes de la clase política española de uno y otro signo (de Rosa Aguilar y Carmen Calvo a Esperanza Aguirre), presenta este sábado en el Salón Internacional de la Moda Mercedes Benz Fashion Week de Madrid (la antigua Pasarela Cibeles) su última colección bajo la oscura sombra de su reciente implicación en el 'caso Invercaria'. Un informe de la Policía, al que ha tenido acceso este diario, la involucra directamente en la supuesta malversación de 850.000 euros recibidos de la Junta de Andalucía a través de la polémica empresa de capital riesgo Invercaria que ha servido para bautizar este escándalo de corrupción. Según este documento policial, parte de dichos fondos acabaron supuestamente financiando "gastos personales y privados de Juana Martín", así como la adquisición de una vivienda de 1.100 metros cuadrados y un vehículo puestos a nombre de una empresa pero que aparentemente terminaron teniendo en gran parte un uso particular. Ella niega todas las acusaciones, pero el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha abierto una pieza separada para investigar la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, delitos societario y falsedad documental que lleva su nombre.

El informe centra las sospechas en la adquisición de una vivienda de 1.100 metros cuadrados a través de la empresa que compartían Juana Martín e Invercaria

En concreto, junto a la diseñadora cordobesa, se encuentran salpicados por el escandalo el responsable de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, Cristóbal Cantos (que ya fue detenido anteriormente en otra pieza de este sumario de corrupción) y Antonio Nieto Garrido, ambos consejeros de una empresa bajo investigación, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Córdoba, María Fernández Pino. Todos ellos deberán explicar en el juzgado en las próximas semanas, tras haber declarado ya ante la Policía como imputados, su relación con la concesión de ayudas públicas en forma de préstamos y compra de acciones que Juana Martín recibió entre julio de 2006 y marzo de 2010 para el proyecto Juana Martín Andalucía SL, una sociedad creada a medias con Invercaria con un objetivo que al final no se alcanzó: la creación de una empresa de diseño para proyectar la carrera de la diseñadora cordobesa. En la empresa Juana Martín Andalucía SL estaban representados, a partes iguales, la Junta de Andalucía, la diseñadora y familiares directos de ésta. A través de esta empresa se gestionaron los 850.000 euros de dinero público 'desaparecidos'.

Según la Policía, parte de esa cantidad terminó siendo presuntamente desviada a otra empresa de la célebre diseñadora, Juan Martín Diseño SL, cuando no a cubrir gastos personales de ésta. “Se ha comprobado la confusión de operaciones bancarias para afrontar gastos diversos de la persona física y las personas jurídicas del entorno de Juana Martín. Se ha estimado que los ingresos procedentes de la actividad desarrollada no permiten sufragar la totalidad de los gastos detectados, siendo así que se considera que parte de los gastos personales y privados de Juana Martín han sido abonados con cargo a los fondos recibidos por Invercaria”, recoge textualmente el informe que firma el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Sevilla. Los agentes también destacan que sus investigaciones les han permitido acreditar "el traspaso de fondos por al menos 850.000 euros en concepto de inversión en el proyecto que según Invercaria y Juana Martín ha fracasado”.

Un informe policial de 600 folios

El amplio informe policial, de más de 600 folios, detalla entre sus conclusiones que la diseñadora cordobesa aprovechó los 850.000 euros que aportó Invercaria para impulsar su carrera. Así, destaca que “el refuerzo de imagen de la marca Juana Martín Diseño, creada por la persona física”, se produjo “gracias a las aportaciones dinerarias realizadas por Invercaria en el proyecto Juana Martín Andalucía, SL”. “Debe considerarse que Invercaria ha realizado la totalidad de las aportaciones dinerarias al proyecto, limitándose la persona física [Juana Martín] a la aportación de su creación”, señalan los agentes que además resaltan que “el fracaso del proyecto conjunto [la empresa con la Junta] no parece haber afectado en realidad a la imagen de la persona física, que perdura comercialmente con su proyecto privado y que, sin embargo, sí se ha aprovechado de la inversión realizada por Invercaria en el proyecto conjunto”.

El grupo de Blanqueo destaca que la diseñadora ha recibido "en provecho de su actividad profesional" créditos de la empresa de la Junta de Andalucía que "se encuentran impagados a día de hoy"

El grupo de Blanqueo de Capitales también apunta a que durante el tiempo que se mantuvo la relación de la diseñadora cordobesa con Invercaria a través de la empresa común, "Juana Martín ha recibido, en provecho de su actividad profesional, fondos públicos [...] por importe mínimo de 850.000 euros, bien mediante la aportación de capital social o bien mediante la concesión de préstamos. La totalidad de estos fondos se encuentran impagados a día de hoy”. Es, de hecho, el análisis de los movimientos bancarios de esta sociedad conjunta en los que la Policía cree haber localizado las supuestas irregularidades. Entre ellas, destaca la adquisición de dos bienes: un inmueble en la ciudad de Córdoba y un vehículo, puestos ambos a nombre de Juana Martín Andalucía SL y que, sin embargo, fueron utilizados supuestamente por la diseñadora en su propio beneficio.

Sobre la vivienda, el informe destaca que la misma tenía más de 1.100 mietros cuadrados y fue adquirida en diciembre de 2009 por 900.000 euros gracias a una hipoteca de 765.000 euros concedida por Cajasol. Es, de hecho, este crédito el que centra parte de las sospechas de la Policía, que en sus conclusiones destaca que fue concedido por la entidad financiera gracias a la intervención de Invercaria y a que se utilizó para lograrlo "información alterada o distorsionada" sobre la marcha del negocio. Respecto al vehículo, un Fiat 500 valorado en poco más de 9.000 euros, los expertos policiales destacan que el mismo se adquirió en noviembre de 2011 cuando la empresa Juan Martín Andalucía SL "se encontraba en una situación financiera muy debilitada y sin trabajadores a su cargo y con una cifra de negocio muy reducida". Por ello, el informe concluye que "si bien Juana Martín Manzano no ha incrementado su patrimonio, tiene a su disposición los bienes adquiridos [la vivienda y el automóvil] por la empresa Juan Martín Andalucía SL, siendo la beneficiaria de dicho uso".

No obstante, no se acaban ahí las supuestas irregularidades detectadas en las cuentas gestionadas por Juana Martín y sus sociedades, incluida la que compartía con la Junta de Andalucía. Así, señala que "gran parte de los movimientos de salida de dinero de las cuentas no se encuentran debidamente justificados, siendo gran parte de los mismos salidas en efectivo y transferencias bancarias". En este sentido, los agentes concluyen que "no existe una delimitación clara de las cuentas bancarias de cada persona física y jurídica, comprobándose transferencias entre éstas y pagos de gastos a cargo de cuentas de titularidad distintas a las generadoras de dichos gastos". El informe dice que sólo se han encontrado plenamente acreditados los traspasos de fondos que realizó Invercaria a Juana Martín Andalucía SL.

Faltan documentos

Sin embargo, las pesquisas policiales se han encontrado con un obstáculo imprevisto: la falta de documentación societaria clave para determinar quién y cómo se tomaron determinadas decisiones, sobre todo la referida a la adquisición del inmueble donde Juan Martín instaló sus talleres y su propio domicilio. Las seis personas que hasta ahora han declarado ante la Policía no han sabido decir quién tiene en sus poder dichos papeles. La propia diseñadora, en su comparecencia ante los agentes, aseguró que la custodia de los mismos era responsabilidad de los consejeros que había sentado la Junta en Juana Martín Andalucía SL. Incluso, señaló como último responsable a otro de los involucrado, Cristóbal Cantos. Sin embargo, éste afirmó que desconocía dónde se encontraba dicha documentación y señalaba a un tercer encausado, Antonio Nieto. Éste también negó conocer su paradero y volvía a señalar a Cantos. Entre este cruce de acusaciones, la Policía sigue buscando unos papeles en los que espera encontrar detalles de un “acto de especial trascendencia”, como lo denomina el grupo de Blanqueo de Capitales. Se refiere a la “negociación” para la financiación y adquisición del inmueble bajo sospecha.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Córdoba, también imputada, aseguró a la Policía que Juana Martín regaló trajes de flamenca a "diversas personalidad políticas". Ella lo niega 

El cruce de acusaciones entre los imputados han sido una constante en el poco tiempo que llevan en marcha la investigación. Así, la otra mujer que declaró ante la Policía como imputada, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Córdoba, María Fernández Pino, aseguró a los agentes que Juana Martín regalaba trajes de flamenca a "diversas personalidades políticas", entre ellas, la esposa del entonces presidente Invercaria y también implicado, Tomás Pérez-Sauquillo. Cuando transcendieron a la luz pública dichas acusaciones, la diseñadora cordobesa hizo unas declaraciones a la agencia Efe en las que negó dichas dádivas y justificó las acusaciones de Fernández Pino en una supuesta “enemistad manifiesta” de ésta hacia ella. Juana Martín aseguró entonces que solo regaló trajes a asociaciones benéficas como la Asociación Española Contra el Cáncer y Proyecto Hombre para apoyar sus causas.

Mientras la instrucción de la causa sigue su camino, y a la espera de que el juez la cita a declarar, Juana Martín ha continuado con sus desfiles. A comienzos de febrero sus diseños desfilaron por la pasarela del Salón de la Moda Flamenca de Sevilla (Simof). Hoy, sábado, le toca el turno a la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, la gran cita de la moda en España en la que éste año la diseñadora finalmente tenía para sus creaciones un desfile individual. En ese momento se sabrá si su reciente implicación en el 'caso Invercaria' le pasa factura o si las políticas que habitualmente ocupaban la primera fila en el pase de modelos para disfrutar de sus diseños ignoran el escándalo y vuelven a hacer acto de presencia.

NOTA DE REDACCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 2014

El 20 de febrero, la representante legal de Juana Martín Manzano se dirigió a este diario para que se rectificase la presente información alegando que la misma contenía "manifestaciones erroneas que dañan la imagen y el honor de mi cliente, ya que la diseñadora, Juan Martín no está IMPUTADA JUDICIALMENTE, ni existe aún resolución alguna por la que se le impute de los delitos que se están investigando". El documento añadía que "no se puede hablar de imputación hasta que se acuerde por resolución judicial".

Sin embargo, este diario en ningún momento habla en el texto de "imputación judicial", aunque sí de "imputación", ya que esa fue la condición en la que la diseñadora Juana Martín declaró ante la Policía el pasado 17 de diciembre, según consta en el informe policial que se menciona repetidamente en la noticia y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En dicho documento policial, consta textualmente que los agentes informaron a ésta de dicha condición y, además, de los tres delitos de los que se le acusaba: malversación de caudales públicos, delitos societario y falsedad documental.

Precisamente, el mismo 20 de febrero en el que llegaba el requerimiento efectuado por la abogada de Juana Martín se conocía que el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla que investiga el 'caso Invercaria' y la pieza separada referida a la diseñadora dictaba una providencia en el que citaba a ésta a declarar como imputada el próximo 4 de abril. Una medida que cuenta, además, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, que dos días antes ya había solicitado al magistrado que adoptara esta medida. 

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