OPERACIÓN EDU

La UDEF cree que el empresario del PSOE detenido creó sociedades "sólo para percibir subvenciones"

Pablo Viedma figura con diferentes cargos en tres mercantiles de Málaga dedicadas a impartir cursos de formación a desempleados que recibieron 531.000 euros de la Junta de Andalucía en 3 años. Ya fue detenido por estafa en 2003.

Pablo Viedma, en una imagen de la entrevista que concedió como "militante del PSOE" a una televisión local de Málaga.
Pablo Viedma, en una imagen de la entrevista que concedió como "militante del PSOE" a una televisión local de Málaga.

Pablo Viedma Hurtado, el empresario del PSOE detenido este jueves por su presunta implicación en el fraude de los cursos para parados que se investiga en la 'Operación Edu', estaba en los órganos de dirección de tres empresas que fueron creadas supuestamente "sólo para percibir subvenciones". Así lo recoge un documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que detalla las sospechas que recaen sobre él y que apuntan a que presuntamente desvió más de medio millón de euros que debían ser destinados a la formación de desempleados. El documento policial, al que ha tenido acceso este diario, detalla que Viedma ya fue detenido en 2003 acusado de estafa. Ayer, tras prestar declaración en comisaría, quedó en libertad con cargos a la espera de ser citado por el juez que instruye la causa.

Pablo Viedma ya tuvo problemas con la Policía en 2003. Entonces fue detenido acusado de estafa, según refleja el informe de la UDEF

Viedma es uno de los cerca de cuarenta empresarios que en los últimos días han sido arrestados o citados a declarar como imputados por la Policía por su relación con las 17 mercantiles que supuestamente se embolsaron más de 1,5 millones de euros de dinero público por impartir unos cursos para parados en la provincia de Málaga en 2010 que no cumplían todos los requisitos legales. En el caso del militante socialista (así se reconoce en el vídeo de una entrevista a un canal local de televisión que está colgado en Internet), la investigación ha determinado que presumía ante alumnos y docentes de tener relación de "amistad" con altos cargos de la Junta, en concreto, con un consejero de Economía, y que por ello "le habían concedido una gran cantidad de cursos", según un testigo.

Esta posible existencia de "tráfico de influencias" aparece reflejada en los informes de la UDEF, que ha investigado precisamente por ello a fondo a la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, la empresa a nombre del empresario socialista que figura en la lista de 17 mercantiles bajo sospecha. Con ella se embolsó 60.390 euros en aquella convocatoria de subvenciones. Así, la Policía ha concretado que esta empresa, además de recibir aquel dinero por un curso de "servicio de bar y restauración" supuestamente impartido a 15 alumnos, consiguió otras dos adjudicaciones en 2011 y 2012 hasta sumar entre todas un total de 252.165 euros. Y ello a pesar de que no cumplían con los requisitos legales.

El informe policial destaca que, de hecho, la primera de todas estas adjudicaciones, la de diciembre de 2010 que se ha convertido en el epicentro de las pesquisas, la recibió cuando había sido constituida sólo un mes antes y, por tanto, no cumplía, entre otros requisitos, el de experiencia probada. Además, los agentes destacan que no contaba con instalaciones propias ni con empleados con los que impartir las clases y que el propio Viedma no estaba cualificado para darlas. La sociedad ni siquiera estaba dada de alta en la Seguridad Social. Por todo ello, la Policía concluye que fue creada "sólo para percibir subvenciones".

Facturas cruzadas

Además, la investigación ha permitido concretar que Pablo Viedma también figura como directivo en, al menos, otras dos empresas propiedad de familiares directos, una de las cuales también recibió adjudicaciones. Se trata de la Asociación Empresarial Andaluza de Formación y Empleo (ADEMFE), donde consta con el cargo de vicepresidente, mientras que el máximo responsable es su hijo, Eduardo Viedma, también detenido ayer por la Policía y que, como él, quedó en libertad con cargos. Esta mercantil se embolsó en los últimos tres años 279.350 euros en subvenciones, según refleja la Policía. Además, supuestamente fue utilizada por la Asociación Axarquía para justificar de manera irregular gastos ante la Junta de Andalucía. En concreto, 19.800 euros que la primera facturó por unos supuestos "servicios en relación al desarrollo de la acción formativa" a ésta.

La UDEF sospecha que el empresario de Vélez-Málaga tenía una "relación de complicidad" con el funcionario de la Junta que debía controlar los cursos que impartía

Esta facturación cruzada es, de hecho, una de las acusaciones que lanza la UDEF contra el empresario y que comprende una tercera empresa, Andalucía Aprende, a nombre de su hijo y desde el pasado mes de enero en liquidación. En este caso, la Asociación Axarquía le pagó 31.680 euros supuestamente porque se encargara de buscar los docentes para el curso. En todas las ocasiones, los contratos entre estas tres compañías eran firmados por padre e hijo. La Policía resalta que no se molestaron en ocultar este parentesco "ni que las empresas residían en la misma sede social". Por último, el militante socialista figura como directivo de una mercantil más. Se trata de Mantehotel Restauración, donde él ejerce de apoderado y su mujer de administradora.

Las declaraciones que supuestamente vinculan a Viedma con altos cargos del Gobierno andaluz las realizaron ante la Policía dos testigos. Uno es uno de los docentes que contrató para impartir el curso de hostelería, quien aseguró a los agentes que el empresario manifestaba abiertamente tener "una gran amistad" con miembros del Ejecutivo autonómico. Unas afirmaciones que fueron respaldadas por uno de los alumnos. Sin embargo, la supuesta influencia del militante del PSOE con la Administración no se reducía a altos cargos. La Policía también ha detectado una supuesta"relación de complicidad" con el funcionario de la Junta que debía controlar precisamente los cursos que impartía. Según destaca el informe, este último, Javier T., presuntamente hacía "caso omiso de cualquier reclamación realizada por los alumnos del curso", que eran numerosas.


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