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El Gobierno ultima la reforma electoral para que 'exiliados' vascos y navarros voten en su tierra

El Ejecutivo de Rajoy perfila el texto normativo tras tenerlo guardado en el cajón desde julio del año pasado. UPyD ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que insta a Moncloa a remitir a la Cámara Baja un proyecto de ley en un plazo de tres meses. La formación magenta sostiene que permanecer de brazos cruzados sería tanto como "reconocer el éxito del terror".

La vicepresidenta (i) conversa con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (d), que atiende a la vez al teléfono.
La vicepresidenta (i) conversa con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (d), que atiende a la vez al teléfono. EFE

Después de la brecha abierta, a raíz de la aplicación de la doctrina Parot, con buena parte de las víctimas del terrorismo (la AVT no asistió la pasada semana a un desayuno informativo que protagonizó el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz), el Gobierno quiere reconciliarse con este colectivo. Para ello, está poniendo en marcha actuaciones legislativas (el Consejo de Ministros aprobó el viernes que ningún condenado por terrorismo podrá ser nombrado alto cargo), al tiempo que perfila otras medidas que pronto llegarán a las Cortes. Entre ellas, según ha podido saber Vozpópuli, se encuentra la reforma de la ley electoral para que los exiliados vascos y navarros puedan votar en su tierra.

Fuentes populares consultadas por este diario afirman que el Gobierno está ultimando dicha iniciativa, después de haber permanecido en el cajón desde julio de 2012. Entonces, el Ejecutivo llegó a remitir a todos los grupos parlamentarios un informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Cepco) que avalaba de la viabilidad técnica, jurídica y constitucional de la medida.

Sin embargo, el Gobierno nunca hizo una propuesta formal de proyecto de ley y la negociación sobre este informe apenas avanzó con el resto de fuerzas políticas, que calificaron la iniciativa de “electoralista”. No obstante, el Ejecutivo manifestó que la reforma no llegaría a tiempo para los comicios vascos que se celebraron meses después.

Ahora, apuntan las mismas fuentes, los populares están dispuestos a retomar el diálogo sobre este asunto y esperan obtener el mayor apoyo posible. La marcha de uno de sus principales impulsores, el expresidente del PP vasco Antonio Basagoiti, ha influido en el retraso a la hora de legislar en esta materia, reconocen. Desde el PSOE acogieron con reservas la propuesta, pues Patxi López era el lehendakari y por esas fechas atravesaba sus peores horas del mandato tras romperse el pacto con el PP. De hecho, al poco después se vio obligado a adelantar las elecciones. En cambio, en estos momentos, explican las fuentes populares, la relación con el PSOE es distinta y el consenso en materia antiterrorista y defensa de las libertades es máximo.

El texto que baraja el Ejecutivo contempla que el voto emitido por el 'exiliado' se “contabilizaría en la mesa electoral correspondiente a su antiguo domicilio vasco o navarro”

El Gobierno maneja los tiempos sabiendo que UPyD ha presentado recientemente en el Congreso una proposición no de ley donde le insta a remitir a la Cámara en un plazo de treses meses un proyecto de reforma electoral que garantice el voto del exilio vasco y navarro en su comunidad de procedencia. En el texto de la iniciativa, el partido de Rosa Díez argumenta que permanecer de brazos cruzados sería tanto como “reconocer el éxito del terror” después de que la banda asesina ETA ha modificado “en su beneficio” los censos electorales y ha privado de derechos fundamentales a numerosos vascos y navarros mediante “la estrategia del miedo y la coacción”.

Asimismo, la formación magenta destaca que los procesos de victimización “merecen” una respuesta de los gobernantes “en línea con los estándares internaciones y los principios de verdad, justicia, reparación y memoria”. No obstante, cuando Interior presentó el informe del Cepco en julio de 2012, desde UPyD consideraron esta reforma de “enorme complejidad” e insistieron en que el voto de la diáspora vasca y navarra tiene “difícil solución constitucional” porque la Carta Magna establece la provincia como circunscripción electoral.

Demostrar un "arraigo mínimo"

Según el dossier elaborado por expertos juristas para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, podrían volver a votar en el País Vasco y Navarra quienes acreditasen haber residido un mínimo de cinco años en alguna de las dos comunidades (ello aseguraría un “arraigo mínimo”) y haber tenido que abandonarla por el chantaje de ETA.

Además, habría un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la norma para que los exiliados pudiesen solicitar su inscripción en el censo. En tal caso, el voto se ejercería siempre por correo y se “contabilizaría en la mesa electoral correspondiente a su antiguo domicilio vasco o navarro”.

De igual modo, el Ejecutivo baraja que gocen del mismo derecho los hijos de esta diáspora. Para ello, será requisito indispensable haber vivido junto a los padres en País Vasco o Navarra.


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