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La dimisión de Victoria y Figar deja a Cifuentes la presidencia de la Comunidad de Madrid en bandeja

Con apenas media hora de diferencia han dimitido Salvador Victoria y Lucía Figar, dos días después de su imputación por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La decisión facilita un acuerdo con Ciudadanos, que había fijado como requisito previo para darle su apoyo en la investidura que fuera capaz de "romper" con la corrupción y "limpiar" su partido. 

Dos días después de ser imputados por contratos de la trama Púnica, Salvador Victoria y Lucía Figar, consejero de Presidencia y consejera de Educación de la Comunidad de Madrid respectivamente, han presentado este jueves su dimisión en un gesto que facilita el posible gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad, al acercar un probable pacto con Ciudadanos, ya que el PP no obtuvo mayoría absoluta en las pasadas elecciones del 24M. 

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, imputado en la operación Púnica, ha presentado su dimisión para no ser un "impedimento" en la formación de un gobierno del PP, según le ha comunicado al jefe del Ejecutivo regional en funciones, Ignacio González.

A través de un comunicado de la Consejería de Presidencia, Victoria señala que ante las últimas circunstancias -en alusión a su imputación por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco- ha decidido dimitir para que su permanencia en el cargo "no pudiera ser un impedimento para la configuración de un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid".

Victoria reitera su "honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo públic" y niega "cualquier hecho" del que se le acusa

Salvador Victoria reitera su "honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo público" de la Comunidad y niega "cualquier hecho" del que se le acusa y de los que, según dice, ya ha dado las oportunas explicaciones en distintas comparecencias públicas y ruedas de prensa desde el pasado mes de febrero. En el comunicado, Victoria reitera la falsedad de las imputaciones, que le han causado "un inmenso daño personal y familiar".

Su departamento recuerda que al margen de estas nuevas circunstancias, el consejero ya anunció el pasado 9 de abril su intención de abandonar de manera temporal la política por motivos "estrictamente familiares y personales" tras más de doce años vinculado al Gobierno madrileño. Además de dimitir como consejero, Victoria también lo ha hecho de los cargos que ostenta en el PP de Madrid.

Dos días después de ser imputado

El pasado martes el juez Eloy Velasco citó a declarar como imputados en la operación Púnica a Victoria, a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, y al consejero de Industria de Murcia Juan Carlos Ruiz, que ya ha dimitido, así como a los diputados regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno.

Según indicaron ese día fuentes jurídicas, el instructor de la Púnica les ha citado por delitos de corrupción dentro de sus investigaciones, que permanecen secretas, sobre una supuesta trama de corrupción municipal y regional centrada en ayuntamientos y autonomías de toda España que buscaba el pago de comisiones ilegales.

Uno de lo supuestos cabecillas de esa trama sería el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que se encuentra en prisión provisional.

Victoria ya negó el pasado mes de enero, "rotundamente" y "de manera tajante", haber ordenado al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás un pago de 10.000 euros al considerado "facilitador" de contratos de la trama, Alejandro de Pedro.

Este pago se podría corresponder con trabajos hechos por el empresario para mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico, un extremo que Victoria desmintió. Victoria explicó que la empresa de De Pedro realizaba, a través de un contrato público, un seguimiento de las informaciones publicadas en las redes sociales y en los medios digitales sobre la Comunidad de Madrid, que por "tensiones de tesorería" dejaron de abonarse desde el mes de mayo de 2014.

La dimisión de Victoria se produce en un momento en el que se están negociando posibles pactos para la formación de Gobierno de la Comunidad de Madrid después de que la candidata del PP, Cristina Cifuentes, no lograra mayoría absoluta. Precisamente, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha condicionado el apoyo de su partido a la investidura de Cifuentes a que sea capaz de "romper" con la corrupción y "limpiar" su partido.

También Figar abandona

Según ha adelantado el programa Las Mañanas de Cuatro, también la titular de Educación, Lucía figar, ha presentado su dimisión este jueves. 

La consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid ha dimitido después de que el pasado martes el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la citara a declarar como imputada por delitos de corrupción en el marco de la Operación Púnica. 

Así lo ha comunicado en un encuentro con periodistas convocado de forma extraordinaria, donde ha explicado que no quiere "perjudicar al PP ni a la formación de Gobierno a Cristina Cifuentes". "No tengo ningún apego al cargo ni quiero hacer uso de mi aforamiento", ha añadido la hasta ahora consejera. 

En el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto 'conseguidor' de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es', donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad. 

Fuentes del departamento de Lucía Figar explicaban hace dos días que la Consejería está colaborando con el juez desde hace meses, cuando se remitieron "los expedientes completos de los contratos" afectados, de unos 1.900 euros mensuales, "y la acreditación de los servicios prestados, todo debidamente fiscalizado por la Intervención", apuntaban. 


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