Cómo afrontan los partidos la eterna reforma pendiente de la Administración

Elefantiásica, lenta, incapaz de prestar el servicio que necesitan los ciudadanos… estas son algunas de las críticas que recibe la Administración, una especie de dinosaurio surgido del cuento de Augusto Monterroso, para el que los cuatro partidos principales proponen dietas diferentes pero con el mismo objetivo: transitar con eficacia por el siglo XXI.

Sobre el Senado, sólo Ciudadanos quiere su eliminación, mientras que el PSOE lo trasladaría a Barcelona. En el asunto de las Diputaciones Provinciales, los partidos emergentes presentan una propuesta más radical, su supresión. Ciudadanos argumenta que no se ha producido la auténtica modernización del régimen local para adecuarlo a la organización territorial del Estado en Comunidades. Por eso aboga por su supresión, medida que no afectaría ni a los Consejos insulares del archipiélago balear ni a los Cabildos del canario.

Podemos pretende acabar con las diputaciones provinciales (y equivalentes), es decir Consells y Cabildos, primero con una progresiva asunción de las competencias y recursos hasta que una nueva Constitución recoja su liquidación. Las actuales funciones de la Diputaciones Provinciales irían a parar a las comunidades autónomas.

Partido Popular y PSOE quieren mantener las Diputaciones provinciales, Ciudadanos y Podemos, no

El Partido Popular habla en su programa de mantener “nuestro compromiso con las Diputaciones Provinciales”. Considera la formación presidida por Mariano Rajoy que el papel de estas instituciones se ha visto reforzado en la legislatura que concluye por la nueva Ley de Racionalización de las Administraciones Locales. Apuesta también por potenciar su “papel imprescindible en la coordinación para la prestación integral y adecuada de servicios públicos en los Ayuntamientos y en el fomento del desarrollo económico y social de los municipios españoles”.

El PSOE, por su parte, pretende modernizar las Diputaciones Provinciales y reformular su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Para ello las dotaría de competencias prestadoras de servicios con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios. Igual que Ciudadanos, reconoce el carácter especial de los Cabildos y Consells Insulares.

¿Fusionar ayuntamientos? Esa es la cuestión

Como complemento a la supresión de las Diputaciones Provinciales, Ciudadanos sostiene que el Estado y las Comunidades fomentarán la fusión de municipios con el propósito de “racionalizar la administración local, mejorar la prestación de los servicios públicos y renovar la calidad de nuestra democracia en el ámbito local”. Para ello, el Estado fijará los índices de sostenibilidad mínimos para la subsistencia de un municipio. Si no se cumplieran, se procedería a la fusión. C’s propone modificar el artículo 140 de la Carta Magna para incluir el criterio de sostenibilidad y la habilitación para regular la fusión de los municipios.

Para los municipios, Podemos pide la devolución de las competencias en materia de bienestar social (medida del PP), la revisión del sistema de financiación y la supresión de la autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales. Sobre las áreas metropolitanas y comarcas se muestra partidario del reconocimiento y articulación del hecho metropolitano para la gestión compartida de servicios comunes y la asignación de recursos por municipios con garantía de contribución estatal suficiente.

El Partido Popular saca pecho de su "profunda reforma de la Administración"

En su programa, el Partido Popular saca pecho de su “profunda reforma de la Administración” por “la reducción de la burocracia, de estructuras innecesarias y de duplicidades entre Administraciones”, declara su apoyo a la labor de los Ayuntamientos porque “son la Administración más cercana a los ciudadanos y han jugado un papel clave a la hora de superar los años más duros de la crisis”.

Propone impulsar el proceso de clarificación del sistema competencial de los municipios para una financiación acorde con los servicios prestados y reforzar la Comisión Nacional de Administración Local como órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Local.

El PSOE quiere un nuevo marco legal para los ayuntamientos, financiación local y otros entes. Quiere derogar la Ley para la Reforma Local aprobada por el PP, pero no va tan lejos como Ciudadanos. No contempla la supresión de ayuntamientos, incluso habla de aprobar un plan de acción para los pequeños municipios y entidades locales menores, que propicie su supervivencia. En este sentido, impulsará el desarrollo sostenible en el medio rural, para evitar su despoblación, envejecimiento y desaparición.

El nuevo modelo de gobierno local propuesto por el PSOE requiere mayor participación ciudadana, transparencia y suficiencia presupuestaria. En caso de llegar al Gobierno, los socialistas aprobarían una nueva Ley de Régimen Local que “refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales”. Otro cambio en la legislación sería el impulso de una nueva ley de Haciendas Locales.

Administración

El PP esgrime como uno de sus grandes logros que la reforma de las Administraciones Públicas se ha traducido en la supresión de 2.305 entes. Y que el ahorro total supera los 33.400 millones de euros. Para profundizar en esta reforma el proyecto para la próxima legislatura se basa en una “Administración más centrada en los resultados que en los procesos”. Para ello se extenderá el principio de innovación en la gestión y la prestación de servicios a través de planes específicos. Además, se extenderá a todas las oficinas públicas los mecanismos de control de la evaluación de resultados y la aplicación de indicadores de gestión conforme al Libro Verde Europeo.

Otra propuesta popular es la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para incrementar los controles. Entre sus compromisos figuran el avance en la implantación generalizada de la Administración Electrónica y la simplificación de procedimientos. Para ello se ampliarán el número de trámites que se puedan realizar on-line mediante dispositivos móviles. El programa incluye la potenciación del cloud computing como medio para mejorar la eficiencia en los servicios al ciudadano.

El PSOE considera que "la Administración española se encuentra en el peor momento de su historia"

Obviamente, el diagnóstico del PSOE difiere: “La Administración española se encuentra en el peor momento de su historia desde la transición democrática”. Los socialistas apuntan los factores determinantes: los recortes presupuestarios, las políticas de externalización y privatización y el estancamiento de la administración electrónica.

La batería de medidas es extensa: propiciar la adaptabilidad tecnológica, retomar los niveles de inversión en tecnologías de la información, hacer realidad la Administración sin papeles, rendimiento de cuentas permanente por parte de las Administraciones Públicas ante la ciudadanía, impulso de políticas públicas y de planes estratégicos, evaluación de programas para mejorar la rentabilidad del gasto público, refuerzo del papel de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos, impulso de la colaboración entre Administraciones para evitar el derroche de recursos, promover organismos mixtos de gestión entre el Estado y las Comunidades y Ciudades Autónomas, impulso de un sistema de contratación pública transparente…

El concepto clave de Ciudadanos es el “buen gobierno”. Por ello, su mayor anhelo es que la Administración esté al servicio de ese buen gobierno. Lo que propone en partido liderado por Albert Rivera son medidas de regeneración para desmontar el “modelo clientelar” que se ha asentado en “las distintas administraciones y recuperar el Estado moderno”. Todas las propuestas buscan “instaurar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad y acabar con la patrimonialización de lo público, la corrupción y el despilfarro”. Pretende, como adelantó Vozpópuli, blindar a los funcionarios que denuncien la corrupción.

Considera C’s que la Administración está “plagada de duplicidades y gastos inútiles”. Que falta evaluación y control. Para ello establecerán un sistema de evaluación previa de los nuevos programas, con un análisis de costes, beneficios y sostenibilidad. La herramienta será una potenciada Agencia de Evaluación (AEVAL). Quiere Ciudadanos un mayor control administrativo interno, sobre todo en el ámbito de la contratación, como mecanismo en la lucha contra la corrupción y el despilfarro.

Podemos apuesta por un software libre “para una Administración abierta, segura y accesible”. Para ello implantarán herramientas de software libre en las administraciones públicas y generalizarán el uso de formatos abiertos en la gestión pública. Además pondrán en marcha un Plan Estratégico de Mejora de los trámites administrativos para minimizar las cargas burocráticas.

La formación morada pretende recuperar las competencias que se han privatizado o externalizado y realizar auditorías regulares de todos los organismos y entes públicos.

Función pública

El Partido Popular declara en su programa que los empleados públicos son “la piedra angular sobre la que se edifica la eficacia del sector público. Los importantes esfuerzos realizados en estos años deben servir para prestigiar aún más su trabajo”. Con esas premisas, la propuesta estrella sobre la función pública es el desarrollo y posterior aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público.

La formación liderada por Pedro Sánchez recuerda que el Gobierno ha maltratado a las personas empleadas en el sector público y que la reducción de plantillas ha provocado que las Administraciones tengan hoy 300.000 personas menos. El PSOE propone la recuperación de derechos de los trabajadores de la Función Pública, modificar el acceso al empleo público para garantizar que las Administraciones cuenten con los mejores profesionales, implantar sistemas para evaluar la actividad, aprobar un Estatuto del Directivo Público y aprobar Ofertas de Empleo Público suficientes y adecuadas a las necesidades.

Ciudadanos quiere recuperar la meritocracia para el sector público

Ciudadanos exige recuperar la meritocracia para el sector público, pero también la dignidad, la dedicación, la honorabilidad y la responsabilidad del funcionaria. En la relación de sus propuestas destaca la eliminación de puestos de libre designación salvo en los niveles 30 (subdirectores generales), exigencia del requisito de motivación en la libre designación, restablecimiento del concurso de méritos como sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo, garantía de transparencia en los procesos de selección y promoción, adecuada composición de los Tribunales de Oposiciones y creación de un Tribunal Administrativo Central de Recursos en materia de personal.

La formación morada apuesta por potenciar lo mejor de cada profesional en la gestión de los servicios públicos. Considera la motivación el factor clave y por eso potenciará el trabajo en equipo, con liderazgos legitimados profesionalmente, la formación adecuada y de calidad y la flexibilización de los requisitos para gozar de excedencias vinculadas a la formación y a prácticas profesionales en el extranjero.