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La corrupción agrava los problemas del PP para completar las listas de las elecciones municipales

Cargos orgánicos del partido admiten en privado que los últimos escándalos están suponiendo un obstáculo extra en la confección de las candidaturas. Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla y León son algunas comunidades donde el PP halla serias dificultades para cerrar las planchas.

"Muchos se niegan ya a colaborar por estas circunstancias". Estas palabras, pronunciadas hace unos días por el presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo (PP), no se tratan de un hecho aislado ni de ningún desliz. El secretario general del PP soriano se refería así a cómo simpatizantes del PP, entre ellos quienes son incluso alcaldes o concejales, muestran ahora reticencias a formar parte de las listas populares para las municipales. Los últimos escándalos de corrupción han hecho mella en los colaboradores del PP y en su militancia más activa.

Lo que afirma Pardo también lo admiten en privado otros cargos órganos del partido, que vienen trabajando en la confección de las candidaturas. Estas fuentes populares consultadas por Vozpópuli afirman que "la elaboración de las listas nunca ha sido tarea fácil, sobre todo en municipios pequeños, porque mucha gente no está dispuesta a sacar horas de su vida profesional para dedicarlas a la tarea política".

Dicho esto, las mismas fuentes sí admiten que "si hace unos años los puestos de la lista que faltaban por cubrir eran una parte mínima, ahora esa proporción ha aumentado ligeramente". No obstante, estos cargos internos se muestran convencidos de que, al final, todas las candidaturas estarán bien cubiertas y de que alcaldes y responsables locales del partido cumplirán con su compromiso con las siglas

Dentro del PP valenciano hay alcaldes y portavoces municipales que reclaman la baja de Castedo -imputada en dos causas- como militante

En el seno del PP se han detectado problemas, sobre todo, en comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León, tres regiones con una amplia extensión de ayuntamientos. En el caso de Madrid, el fraude de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que ha costado la militancia al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato -siempre muy bien visto por las bases del PP madrileño-, así como el estallido de la Operación Púnica, que ha supuesto la dimisión de cuatro alcaldes populares de la región -todos ellos imputados-, han tenido un efecto disuasorio.

Algo similar está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, feudo histórico del PP. El episodio de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada por cinco presuntos delitos en dos causas relacionadas con la corrupción urbanística, ya no sólo desanima a quienes pensaban incorporarse al servicio público bajo las siglas del PP, sino que solivianta tanto a militantes como simpatizantes.

El enfado es tal que hasta destacados miembros de la formación, como Borja Semper, presidente del PP de Guipúzcoa, han pedido abiertamente la expulsión de Castedo. "Tenía que estar ya en la calle, no debería militar en el PP y no es digna de ser alcaldesa de Alicante. Yo no quiero a una persona así como compañera de partido", ha manifestado Semper.

Dentro del PP valenciano, según fuentes consultadas por Vozpópuli, también hay alcaldes y portavoces municipales en la oposición que reclaman la baja de Castedo como militante. No creen suficiente el expediente informativo que mantiene abierto Génova ni que el presidente de la Generalitat y líder de los populares valencianos, Alberto Fabra, se limite a garantizar que la actual regidora no estará en las listas para las municipales de 2015.

Martínez Barazón mantiene las actas

En Castilla y León, la Operación Púnica también ha sobresaltado al simpatizante del PP, lo que ha ahondado en esa desafección a ocupar puestos de responsabilidad. La resistencia de Marcos Martínez Barazón -encarcelado como presidente de la Diputación de León por su implicación en la trama corrupta-, a dimitir de sus funciones en la institución provincial y como alcalde del Ayuntamiento de Cuadros ha creado un profundo malestar en las bases. No fue hasta ayer cuando formalizó su dimisión y su baja del partido dos semanas después de su arresto. No obstante, mantiene su acta de diputado y de concejal. El deseo de los cargos municipales y regionales es que el nombre de Martínez Barazón no se asocie al PP nunca más.

La formación popular envío el pasado miércoles un burofax a la prisión de Navalcarnero, donde se encuentra Martínez Barazón desde el 2 de noviembre, con el requerimiento de expulsión por "desobediencia" tras negarse a presentar su dimisión nada más producirse su imputación.

La confección de la listas para los próximos comicios locales en las provincias de Castilla y León está elaborada, de media, al 70%, según apuntan fuentes populares a este diario. El PP tendrá que emplearse a fondo en las próximas semanas para convencer a los más desanimados y completar ese 30% restante.


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