LAS INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA SUPUESTA 'CAJA B' DE GÉNOVA 13

Ruz exige a Hacienda que vuelva a pronunciarse sobre la fiscalidad de las donaciones ilegales al PP

El juez pide a la AEAT que ratifique o modifique el informe de septiembre en el que rechazaba que Génova 13 tuviera que pagar impuestos por ese dinero. Lo hace tras recibir un dictamen de Tributos que concluye lo contrario.

Criterios contrarios en el mismo Ministerio. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5,Pablo Ruz, ha dictado una providencia dentro del 'caso de los papeles Bárcenas' en el que ordena a la Agencia Tributaria que vuelva a pronunciarse sobre la fiscalidad de las cantidades de dinero que el PP recibió como donaciones presuntamente irregulares durante los años 2007 y 2008. El pasado mes de septiembre, Hacienda había concluido que el partido no estaba obligado a tributar por dichas cantidades y que, por tanto, no había cometido delito fiscal. Sin embargo, un dictamente del pasado 28 de abril de la Dirección General de Tributos, también dependiente del Ministerio que dirige Cristobal Montoro, concluye lo contrario. El magistrado quiere ahora que a la vista de dichas divergencias, los expertos de la AEAT que elaboraron el primero se ratifiquen o modifiquen el mismo y, más en concreto, el apartado 3.2 del mismo, en el que se abordaban las "obligaciones tributarias relativas al Partido Popular-Impuesto Sobre Sociedades".

La Dirección General de Tributos concluye que las cantidades recibidas como donaciones irregulares deben tributar al 25%

La decisión del juez Ruz se produce después de que Andrés Herzog, el abogado de Unión Progreso y Democracia (UPyD), entregase en la Audiencia Nacional en nombre de su partido un dictamen que la formación 'magenta' había pedido a la Dirección General de Tributos sobre la fiscalidad de los donativos irregulares recibidos por los partidos y, en concreto, si éstos estaban exentos de pagar impuestos por las mismas pese a no haber cumplido las condiciones que marca la ley para estas aportaciones. El organismo dependiente de Hacienda concluye que para conseguir esa beneficio fiscal "tales rentas deberán cumplir las condiciones reguladas en dicha ley”, algo que presuntamente no se cumplió en parte de las cantidades recibidas aquellos años por el PP ya que superaron el máximo legal de los 60.000 euros y supuestamente procedían de empresas que contrataban con la Administración.

Tributos insiste en que "quien haga valer su derecho [a la exención] deberá probar los hechos constitutivos del mismo [...] y acreditarlo por cualquier medio de prueba admitido en derecho”, algo que el PP no ha hecho hasta ahora. Por todo ello, UPyD destaca en el escrito que acompaña el informe de este organismo de Hacienda remitido a la Audiencia Nacional que "sólo los donativos que cumplan la ley gozarán de la exención establecida en el artículo 10 de la indicada Ley. Y, en consecuencia, de ello se deduce necesariamente que aquellas donaciones utilizadas por el partido político que incumplan alguno de los requisitos legales (importe, origen de contratistas públicos, no contabilización) no pueden estar exentas, debiendo tributar al 25%".

Dos años bajo sospecha

Sin embargo, el pasado mes de septiembre los expertos de la AEAT opinaron lo contrario que sus compañeros de la Dirección General de Tributos. En aquel informe, Hacienda le dedicaba un apartado específico al Impuesto sobre Sociedades que supuestamente debería haber abonado el PP en 2007 y 2008 y, más en concreto, a si "las donaciones privadas efectuadas por personas físicas o jurídicas" que supuestamente recogen los apuntes contables de Luis Bárcenas estaban sujetas a dicho tributo. Los expertos de la Agencia Tributaria se preguntaban entonces "si el disfrute de la exención tributaria (a la que supuestamente se acogen las donaciones a partidos) está directamente vinculado con el cumplimiento de la normativa sobre financiación de los partidos políticos". Con la hipótesis de que esas irregularidades eliminarían dicha exención fiscal, el dictamen de Hacienda fija tres supuestos sobre la cantidad no declarada en 2007, según se consideren los ingresos brutos, netos o el resultado de restar a estos últimos los gastos para determinar la renta a declarar.

El informe de Hacienda que contradice al análsis de la Agencia Tributaria ha sido incorporado al 'caso Bárcenas' por UPyD

Así, concluye que en el primero de los casos, el partido debería haber declarado 542.000 euros, una cantidad a la que habría que haber aplicado un tipo de tributación del 25%. "Resultaría una cantidad a pagar de 135.500 euros", concluye, una cifra que superaría el mínimo para considerarlo como delito fiscal. Sin embargo, los propios autores del informe destacan que "la cuantía que excede de la prevista en el tipo del Código Penal es sólo de 15.500 euros" y que, por tanto, bastaría con que el partido pudiera justificar 62.001 euros en gastos para que la cifra de lo defraudado se redujera por debajo de la cifra considerada como infracción penal. En los otros dos supuestos contemplados, tanto el de ingresos netos como el de ingresos menos gastos, la cuota defraudada sería de 107.250 y 91.150 euros, menor de la que marca el paso a la consideración de delito. "Esta circunstancia hace innecesario profundizar en el análisis sobre el disfrute de la exención a la rentas que pudieran ponerse de manifiesto a partir de los datos de los manuscritos", añaden los autores del informe.

Sobre el Impuesto de Sociedades de 2008, Hacienda ni siquiera realizó una estimación del posible fraude ya que consideró que no existió obligaciones fiscales sobre la misma pese a que el dinero irregular que supuestamente movió el PP fue superior al del año anterior (1,4 millones de euros) e incluía partidas pagadas supuestamente en negro al arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado por las obras de la sede de Génova 13 bajo sospecha. Los técnicos consideraron que dichas cuantías estarían exentas de tributación al considerar que "no se aprecian elementos que puedan indicar que dichos pagos no hayan supuesto la financiación de actividades propias de los partidos políticos", una de las condiciones que se fijan para que se puedan acoger de dicho beneficio fiscal. "Cuando la norma examinada considera exentas de tributar las donaciones no indica que se refiera a las realizadas 'conforme a lo dispuesto en esta ley'", por lo que Hacienda concluía que no era obligatorio que su percepción cumpliera la legalidad para evitar pagar impuestos por ella. Ahora Ruz quiere que los expertos de Hacienda que afirmaron esto ratifiquen o modifiquen sus polémicas conclusiones.


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