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España

El PP rechazó hasta 10 veces en el Congreso la reforma del indulto que ahora propone

El Gobierno ha comenzado el curso político poniendo sobre la mesa su intención de debatir una serie de medidas de transparencia y ejemplaridad, entre las que se encuentra la revisión de Ley de 18 de junio de 1870, también conocida como ley del indulto. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió este martes a la posibilidad de introducir cambios en el "control de los indultos", así como en lo referente a la reducción de aforados, gastos electorales y la elección directa de alcaldes, que tanto revuelo está generando.

La número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy subrayó que "debemos hablar de lo que sea bueno para la regeneración democrática, y cada uno que lo defienda con los argumentos que estime pertinentes". Esta actitud de los populares, que abogan ahora por introducir mecanismos legales para "motivar la concesión del indulto", choca con la postura mantenida hasta el momento en el Congreso de los Diputados. El PP ha rechazado en año y medio hasta diez iniciativas de la oposición que reclamaba una nueva redacción de la normativa de gracia.

Según ha podido constatar Vozpópuli, los populares han tumbado desde que llegaron al poder en noviembre, en concreto, desde febrero de 2013 cuatro proposiciones no de ley formuladas en diferentes sesiones de la Comisión de Justicia por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y ERC. Asimismo, el PP votó en contra de la toma en consideración por el Pleno de una proposición de ley de IU y también se opuso a cinco propuestas de resolución presentadas por estos partidos en los debates del estado de la Nación de 2013 y 2014. 

La Izquierda Plural ha pedido excluir de la medida de gracia delitos como la estafa, la apropiación indebida o la malversación de fondos públicos, así como la tortura

La Comisión de Justicia celebrada el 26 de febrero de 2013 rechazó, gracias a la mayoría absoluta del PP, tres proposiciones no de ley presentadas por PSOE, IU y ERC para excluir del derecho al indulto los casos de corrupción o malversación de caudales públicos y emprender así una reforma de la ley de 1870. La propuesta de los socialistas instaba al Gobierno a que, con carácter general, no se concediera el indulto en casos relacionados con delitos de corrupción. Mientras, la iniciativa de la Izquierda Plural pretendía excluir de la medida de gracia delitos como la estafa, la apropiación indebida o la malversación de fondos públicos, así como la tortura. Por su parte, el texto de ERC, en representación del Grupo Mixto,  planteó que el ejercicio de la gracia de indulto correspondiera al Congreso de los Diputados --en lugar de ser una potestad del ministro de Justicia-- a través de la dicha comisión: la aprobación requerirá una mayoría cualificada de tres quintos.

La otra Comisión de Justicia que abordó este tema tuvo lugar el 17 de diciembre de 2013. Los populares tumbaron una proposición no de ley del partido de Rosa Díez que exigía motivar las razones de su concesión no sólo en sede parlamentaria, sino también en las correspondientes resoluciones que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE); aumentar el control de las Cortes sobre la prerrogativa de gracia y arbitrar la posibilidad legal de que recurran ante lo contencioso-administrativo tanto la Fiscalía, como las acusaciones o los perjudicados u ofendidos. La iniciativa de la formación magenta recibió 25 votos en contra, 15 a favor y dos abstenciones. El PP basó su negativa a dar más datos sobre la concesión de un indulto en que "en muchos casos el motivo afecta a la esfera íntima, personal, familiar o médica".

Más recientemente, en el Pleno del Congreso del pasado 12 de marzo, la mayoría absoluta del PP impidió la toma en consideración de una proposición de ley de la Izquierda Plural, que contaba con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. La iniciativa reclamaba la exigencia de razones de "justicia, equidad o utilidad pública" a la hora de otorgar la prerrogativa y que la resolución haga "mención expresa al delito cometido, al grado de ejecución y al origen de la solicitud del indulto". El texto obtuvo 177 votos en contra, 133 a favor y 12 abstenciones.

Una redacción para el 'caso Matas'

Asimismo, los dos últimos debates sobre el estado de la Nación también ha evidenciado las reticencias del Gobierno del PP a modificar la normativa de 1870, sólo reformada en 1988 por el Gobierno socialista de Felipe González para blindar el Ejecutivo y no obligarle a motivar la prerrogativa. Al menos cinco propuestas de resolución registradas por la oposición --formuladas por PSOE, la Izquierda Plural y UPyD-- emplazaron al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a introducir cambios profundos en la ley del indulto.

Por ejemplo, el Pleno tumbó este año la propuesta número 9 del PSOE que pedía al Gobierno "evitar que puedan beneficiarse de la concesión de indulto, total o parcial, las autoridades que hayan participado en la comisión de un delito en ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero". Una redacción pensada en el caso del expresidente balear Jaume Matas, al que, no obstante, se le ha denegado el indulto antes de su entrada en prisión.

A todo ello hay que añadir que el Ejecutivo popular manifestó el pasado mayo en una respuesta parlamentaria escrita --dirigida a Rosa Díez-- que "no tiene previsto llevar a cabo en esta legislatura ninguna reforma en relación con la figura de indulto".

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