Núñez Feijóo duplica la deuda de Galicia hasta los 7.600 millones de euros durante su mandato

Alberto Núñez Feijóo saca pecho porque en su opinión presenta una de las cuentas más saneadas de las comunidades autónomas. Si el resto de autonomías y el Gobierno tuviesen el mismo déficit que Galicia, “no habría prima de riesgo”, proclamó el presidente gallego hace escasos días. Sin embargo, durante su mandato Galicia ha duplicado su deuda hasta los 7.600 millones, a igual ritmo que la media de las demás CCAA.

La autonomía se convierte en la quinta con más deuda del país y en la sexta por comparación con el producto regional al alcanzar un 13,8 por ciento del PIB, según los datos del Banco de España. Sólo en 2011 la Xunta se endeudó en unos 1.100 millones, una cantidad casi equivalente al recorte realizado en ese ejercicio, del entorno del 9 por ciento del presupuesto. Durante ese ejercicio se dio además por primera vez el hecho de que la comunidad registrase más gastos corrientes que ingresos corrientes, es decir, pidió prestado para sufragar gastos corrientes.

De acuerdo con los planes de reequilibrio presentados a Hacienda, la Xunta prevé engordar su deuda hasta cerca de los 10.000 millones en 2014. Una cifra que pone en cuestión sus cuentas porque implica un gasto y por tanto un déficit público mayor que el permitido por el Gobierno en 2013 y 2014. De hecho, mientras que los techos al déficit fijados por Montoro a las CCAA se sitúan en el 0,7 y el 0,1 por ciento para 2013 y 2014 respectivamente, la Consellería de Facenda los fija en el 1,1 y en el 1 por ciento, aderezados con una mejora del PIB que puede no producirse.    

Tales previsiones implican que Feijóo tendría que hacer un esfuerzo de ajuste mayor para esos dos ejercicios. Pero con el adelanto de las elecciones el presidente se ahorrará ese mal trago al retrasarse los presupuestos para después de los comicios.

La situación se ve agravada porque la Xunta cerró una parte del presupuesto en septiembre de 2011. En una entrevista a La Voz de Galicia, Feijóo explicaba que se habían limitado a no iniciar nuevos expedientes de gasto. Sin embargo, si se lee el Diario Oficial de Galicia, se infiere con claridad que lo que hizo fue dejar de tramitar facturas, de modo que no le contabilizaban como déficit porque estaban guardadas en el cajón de las empresas.

Esta medida incluía la emisión de todas las facturas y la congelación de pagos de todos los gastos corrientes, las transferencias corrientes y los capítulos de inversión directa e indirecta. Se salvaron entre otras la partida de personal, los abonos de farmacia, la dependencia, la renta de integración, la asistencia jurídica gratuita, los colegios, los comedores, etcétera.

Una realidad que corroboran los propios constructores y proveedores de servicios consultados. Éstos reconocen que la Xunta dejó de aceptarles facturas el 30 de septiembre y se las pasaba a 2012. Es decir, se ha trasladado déficit desde un año al siguiente para poder exhibir las buenas cuentas de 2011. No en vano, Galicia se anotó el año pasado un déficit del 1,6 por ciento, el segundo más bajo de España. Pero los datos revelados el pasado jueves por el Ministerio de Hacienda colocan a la comunidad en el 1,07 por ciento a mediados de año al sustraer los anticipos, por encima de la media del 0,93 por ciento. Así que esto bien podría deberse a que Feijóo está aflorando ahora una parte del desfase. Él mismo ha admitido que la Xunta ha sufrido tensiones de tesorería por la caída de ingresos.

Con todo, las empresas afirman que la Xunta se ha mostrado mejor pagador que otras administraciones. Feijóo se reunió con representantes de estas compañías y les hizo un desembolso único en abril para ponerse al día por las facturas de 2011. Sólo unas pocas sociedades muy próximas al entorno de la Xunta se quedaron sin cobrar. Unos días antes de la llamada a las urnas, el presidente entregó, de una sola vez, más de 120 millones a pequeños proveedores que experimentaban retrasos en 2012.         

Galicia ha reducido un 60 por ciento su partida para inversiones. Y la licitación de obra pública ha caído de los 931 millones en 2010 a los 241 millones en 2011 y a los 57 millones a julio de 2012.