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La Agencia Tributaria compara al PP con Cáritas para rechazar que haya cometido delito fiscal

El organismo asegura que el partido, que dejó de pagar hasta 220.000 euros, no está obligado a tributar por las donaciones recibidas en 2008 porque ese dinero se destinó a fines propios de su actividad política. La misma exención se aplicaría si la organización humanitaria da de comer "a 1.000 niños con 400.000 euros de dinero negro".

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Sede del Partido Popular Europa Press

La Agencia Tributaria defiende en el informe sobre un hipotético impacto fiscal de las donaciones recibidas por el PP en 2008 que ha remitido al juez Ruz, que el partido no incurrió en un dalito fiscal ya que esos donativos no estaban sujetos al pago de impuestos. Explica la agencia que esas cantidades, que compara con las que pueda recibir Cáritas, están exentas al haber sido dedicadas a fines propios del partido.

El organismo asegura que, de haber fraude, "la reacción jurídica no es en el ámbito tributario, porque por ejemplo, si un empresario dona 400.000 euros de dinero negro a Cáritas y esta entidad da de comer a 1.000 niños con ello, es decir, lo destina a su fin, el ordenamiento tributario no reacciona determinando que Cáritas haya cometido un delito fiscal por no tratar esa donación como ingreso tributario".

Así lo expone Hacienda en su informe, en la causa en la que investiga la supuesta caja B del PP, en respuesta a la petición que formuló el magistrado a Hacienda para que calculara esa cifra pese a haber concluido los peritos en otros informes que las donaciones reflejadas en los llamados papeles de Bárcenas estaban exentas de tributar.

"El fundamento de la exención de las renta por donación a entidades sin ánimo de lucro radica en los fines de interés general que la entidad desarrolla"

En un principio, Hacienda se negó a cumplimentar la solicitud de Ruz, pero éste respondió en un auto que estaban obligados a hacerlo, por lo que finalmente ha emitido este informe de "simulación" y las fuentes recuerdan que la Agencia Tributaria "colabora leal y continuamente con la Administración de Justicia, cuando así lo requieren los tribunales", han informado a Efe fuentes de la Agencia Tributaria. 

Hacienda considera, no obstante, que el requerimiento de Ruz "podría constituir una solicitud exorbitante al marco legal del auxilio judicial, al ejercer una dirección de la actividad administrativa determinando los criterios que debe aplicar en el ejercicio de sus competencias, una posible invasión, por tanto, de las competencias de la Administración Pública por el órgano judicial". De este modo en este informe, la unidad de auxilio judicial de la AEAT "por cuarta vez (dos informes previos y ratificación ante el Juzgado)" manifiesta su discrepancia de interpretar que este tipo de donaciones "son ingresos propios de la actividad principal del sujeto pasivo cubiertos por la exención al haberse acreditado que se han afectado a la finalidad específica u objeto social de la entidad".

"El fundamento de la exención de las renta por donación a entidades sin ánimo de lucro radica en los fines de interés general que la entidad desarrolla y que el ordenamiento quiere proteger (en este caso, la participación democrática). El beneficiario de la exención fiscal no es una entidad sin ánimo de lucro, como puede ser un partido, Cáritas o la Cruz Roja; el beneficiario de la exención es el conjunto de la sociedad", destacan las fuentes.

La AEAT señala que "las sanciones o penalidades que establece el ordenamiento por la obtención por un partido de fondos irregulares, de serlos, no es de orden tributario"

En aplicación de los criterios establecidos por Ruz en su auto, los peritos se han visto obligados a descartar la deducción de cualquier gasto de forma que la "base imponible" calculada (computando ingresos pero no gastos) "resulta irreal y contraria al principio de verdad material. No se alcanza la renta obtenida por la entidad realmente, materialmente, sino una simulación ficticia". De este modo, "suponiendo que los flujos financieros sean ciertos, y suponiendo que fueran irregulares, habría quedado acreditado, a juicio del auxilio, que el uso dado a esas donaciones fueron fines propios de un partido político (actos electorales, obras en inmuebles del partido,) cumpliendo, con independencia de su origen, con el fin de interés general, bien jurídico protegido por la exención fiscal".

En este sentido señala que "las sanciones o penalidades que establece el ordenamiento por la obtención por un partido de fondos irregulares, de serlos, no es de orden tributario sino que la conducta ya está tipificada como infracción administrativa (por donación ilegal) a sancionar por el Tribunal de Cuentas, con un régimen sancionador ya agravado en la reciente reforma para el donatario".

Con estos argumentos, Hacienda concluye que las donaciones a entidades sin ánimo de lucro siempre han estado exentas y cuando "los fondos se destinen al objeto principal de la entidad sin ánimo de lucro". Uso que habría quedado acreditado, a juicio del auxilio judicial. Además, de considerarse fraudulento el no declarar esas donaciones, tampoco podría considerarse delito fiscal porque los partidos carecían de responsabilidad penal como persona jurídica hasta 2012, por lo que sólo sería imputable a la persona encargada de las cuentas.

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido de 2008, Hacienda señala que el PP tiene "en el caso de las operaciones examinadas" la condición de destinatario de las operaciones y no de sujeto pasivo del IVA. Por ello, únicamente se analizan las consecuencias en materia de legalidad ordinaria y en materia de responsabilidad tributaria por deudas no ingresadas en periodo voluntario por el sujeto pasivo Unifica, el estudio de arquitectura que reformó la sede del PP en la calle Génova, obras por las que supuestamente se pagaron en B 888.000 euros, según los papeles de Bárcenas.


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