¿Por qué se queja el dueño de la mansión de Cabañeros del trato de favor del Gobierno?

El abogado del empresario naviero Alejandro Aznar tilda de "disparate" la hipotética sanción de 201.000 euros a su cliente. Se refiere así a la propuesta sancionadora del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por el escándalo de las obras que ha realizado el presidente de las bodegas Marqués de Riscal en su coto de caza privado en el Parque Nacional de Cabañeros. Unas obras, calificadas por el letrado de "pequeñas", que han supuesto la construcción de un garaje con capacidad para 16 vehículos y de una zona encofrada de evisceración de 1.000 metros cuadrados, así como la construcción de más alturas en la vivienda, que ha alcanzado los 12 metros de altura. En definitiva, la construcción de una auténtica mansión en pleno corazón del Parque Nacional con la que el empresario y su mujer, la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, quieren entretener y seducir a sus acaudaladas amistades abatiendo ciervos.

Las ONG denunciantes, Ecologistas en Acción y WWF, recurrirán la sanción y solicitarán su ampliación hasta el millón de euros

A pesar del adjetivo que emplea el representante legal para calificar la multa, la propuesta realizada por el Ministerio admite que las construcciones son una falta muy grave pero propone la sanción mínima que contempla la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad para dichas infracciones, que es de 200.000 euros, mientras que la sanción máxima es de dos millones de euros. Por ello, las ONG denunciantes, Ecologistas en Acción y WWF, recurrirán la sanción y solicitarán su ampliación hasta el millón de euros. "El ministerio estima que se han excedido en las obras, pero no dice nada del daño causado a la vegetación y vamos a recurrir porque queremos que reparen el daño causado. Además, la multa es escasa, teniendo en cuenta que son latifundistas y millonarios", explican desde Ecologistas en Acción.

El expediente no menciona la vía pecuaria

El expediente sancionador del Ministerio menciona únicamente la reforma de la casa y olvida por completo la construcción de un nuevo acceso a la casa, que también fue denunciado por los ecologistas. "El Ministerio sigue esquivando la vía pecuaria y aducen que no tienen competencia, sino que esta recae sobre la Junta de Castilla-La Mancha, pero no es cierto", explican estas organizaciones. Para construir el nuevo acceso al coto de caza privado, construyeron una pista de grava compacta que "invade dos tercios de la Cañada Real Segoviana".

Sin embargo, el enfado de las ONG no termina en el 'olvido' del Ministerio, sino que también se aviva por la actitud que ha habido desde el Ejecutivo por las "ilegalidades" de Cabañeros. "El Ministerio o no se entera, o mira para otro lado, porque hasta que no denunciamos, no hicieron nada", explican con evidente tono de disgusto. A raíz de esta denuncia se hizo público el escándalo de la mansión por el cual se solicitó la comparecencia de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en el Congreso de los Diputados. 

"El Ministerio o no se entera, o mira para otro lado, porque hasta que no denunciamos, no hicieron nada", dicen los denunciantes

La batería de alegaciones de los Aznar-Oriol

Las citadas organizaciones no son las únicas que van a recurrir la propuesta y los abogados de la inmobiliaria Bullaque, la titular de la propiedad, también preparan los argumentos de la alegación que van desde la legalidad de las obras hasta la superposición de las leyes vigentes o el principio general sancionador. "La legalidad de las obras es incuestionable. Como en toda obra, se han hecho variaciones del proyecto inicial y esto se ha tramitado como un modificado", explica el abogado de la familia Aznar-Oriol. No obstante, este trámite se realizó a principios de diciembre, después de que las ONG hubieran denunciado la construcción y cuando el Ministerio ya había realizado la inspección. 

Los argumentos de alegación que van a aducir los abogados de la familia Aznar-Oriol van desde la legalidad de las obras hasta la superposición de las leyes vigentes o el principio general sancionador

Pese a las duras acusaciones de las ONG, al letrado parecen sobrarle argumentos para justificar la actuación de su cliente. "Para estas modificaciones se han seguido directrices verbales de técnicos de Cabañeros, quienes dijeron que el parking evitaría el deterioro causado por el movimiento de los vehículos y la zona de evisceración es de obligado cumplimiento para los cotos de caza privados para así recoger mejor los restos de las cacerias", arguye. Y añade que precisamente por ello han alegado en el expediente que el garaje "ni causa daño ni deteriora el paisaje". 

Según indica el abogado, el Parque Nacional ha realizado una "interpertación demasiado rigurosa" de la legislación. "Existe una superposición de tres leyes autonómicas de Castilla-La Mancha, como son la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAO), el reglamento del suelo rústico de la comunidad y la Instrucción Técnica de Planeamiento, además de la Ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros y el Plan Rector de Cabañeros que actualmente no existe pero se toma como referencia el proyecto, y lo vamos a alegar".

Además, van a alegar el principio general sancionador que dice que las multas han de ser "proporcionadas". "Nos parece un despropósito la sanción de 200.000 euros y por el hecho de que estos señores tengan dinero no hay que pedir esas cantidades", asegura. Sin embargo, al enterarse de que los denunciantes van a solicitar una sanción económica mayor, de hasta el millón de euros, se sorprende y lo tilda de "barbaridad". "¿Qué pasa, que tener dinero en este país es pecado?", concluye.  

No opinan lo mismo, ni mucho menos, las ONG antes mencionadas. Desde Ecologistas en Acción y WWF consideran que los Aznar-Oriol han cometido una auténtica tropelía contra el medio ambiente. Y anuncian que darán la batalla hasta el final para que paguen todo lo posible por lo que han hecho. Pero no porque sean una familia adinerada, sino porque, siempre según estas organizaciones, se han saltado la ley a la torera. La batalla legal se antoja larga, encarnizada y compleja.