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El Govern ‘saca’ 600 millones para restablecer la paga extra a los funcionarios catalanes sin aprobar los presupuestos

Ante el previsible adelanto electoral que anunciará en las próximas semanas Artur Mas para responder a las presiones que recibe de Esquerra Republicana (ERC) y de la asociación secesionista Asamblea Nacional Catalana, el presidente catalán ha realizado un guiño para ganarse el apoyo electoral de los funcionarios dándoles la paga sin tener pactados ni aprobados los presupuestos para 2015.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas
El presidente de la Generalitat, Artur Mas EFE

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, se ha apresurado a quedar bien con los más de 200.000 funcionarios catalanes antes de anunciar el previsible adelanto electoral. Para ganarse el 'favor' de los trabajadores públicos, el gobierno catalán ha aprobado un decreto de urgencia para restablecer la paga extra a los funcionarios que no percibían en los últimos tres años.

Ante el previsible adelanto electoral que anunciará en las próximas semanas Artur Mas para responder a las presiones que recibe de Esquerra Republicana (ERC) y de la asociación secesionista Asamblea Nacional Catalana, el presidente catalán ha realizado un guiño para ganarse el apoyo electoral de los funcionarios dándoles la paga sin tener pactados ni aprobados los presupuestos para 2015.

Paga por “decreto excepcional”

El conseller de Presidència y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha confirmado que el Govern ha aprobado un decreto ley "con medidas para garantizar poder restablecer la paga a los empleados públicos de la Generalitat con la que no han podido contar, y la parte relativa al personal interino, que tenían también reducida la jornada". Esta medida, según el Govern, tiene carácter "excepcional", y "las máximas garantías" de restablecer la paga consistirán en la aprobación de los presupuestos del 2015.

El presidente catalán ha realizado un guiño para ganarse el apoyo electoral de los funcionarios dándoles la paga sin tener pactados ni aprobados los presupuestos para 2015

Homs ha recordado que el decreto ley requerirá la convalidación del Parlament. "Estamos convencidos de que existirá", ha apuntado el portavoz del Ejecutivo catalán

El Govern, en un informe reciente, apuntó que no existen garantías plenas de que se pueda recuperar esta paga extra sin la aprobación del presupuesto, como sí planteaba ERC para argumentar que se puede votar contra las cuentas del 2015 y posteriormente garantizar la paga extra mediante una ampliación de crédito.

Se trata de un decreto ley con carácter transitorio destinado a garantizar el pago en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el momento en que se aprueben los presupuestos, si llega ese momento, con el apoyo o abstención de ERC. El decreto ley de medidas urgentes en materia de personal permite que los funcionarios dela Generalitat recuperen las 14 pagas y que acaba con la reducción de jornada del personal interino pese a la prórroga de los presupuestos de la Generalitat para 2015.

En el proyecto de ley de cuentas públicas para el año próximo, el Govern prevé destinar un total de 607 millones de euros a devolver a los empleados públicos la paga extra de 2015, que han tenido suprimida durante los últimos tres años, y a restablecer la jornada y sueldo de los trabajadores interinos. Estos recortes afectan a 210.000 funcionarios de la Generalitat y a más de 6.500 trabajadores interinos.

El conseller ha advertido de que a pesar del decreto ley, "lo único que nos garantiza al 100% recuperar la paga extra es la aprobación de los presupuestos", de manera que la decisión de este martes del Govern permite "transitar desde el día 1 hasta la aprobación". En todo caso, ha expresado su confianza en que no habrá ninguna formación política que se oponga. En este sentido ha recordado que la medida afecta a dos colectivos: el de funcionarios y el de interinos, que junto a la eliminación de la extra vieron reducida su jornada laboral y su salario en un 15%.

Los 607 millones no están vinculado en ningún caso a los posibles ingresos extraordinarios, como la compensación del Estado del impuesto de depósitos bancarios, algo que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a abonar aunque se trataría de sólo 65 millones.


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