Cabreo en Interior con el juez Andreu por dejar en libertad a 27 de los últimos 28 mafiosos detenidos

De éxito policial a bronca judicial. La operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil que el martes de la semana pasada permitió detener en Madrid a una treintena de presuntos integrantes de la mafia napolitana, la Camorra, ha terminado provocando un fuerte enfrentamiento en la Audiencia Nacional que ha traspasado, incluso, nuestras fronteras. La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, de poner en libertad nada menos que a 26 de los 27 arrestados que las Fuerzas de Seguridad del Estado pusieron a su disposición ha causado estupefacción e indignación no sólo en ambos cuerpos policiales, sino también en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Pese a los graves delitos que pesaban sobre ellos (pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo) el magistrado decidió encarcelar sólo al ciudadano colombiano Jairo Granados Escobar. El resto, aunque con cargos y con medidas cautelares para evitar su salida de España, están ya en libertad. Las autoridades italianas, que también participaban en el dispositivo, han transmitido su malestar al Ministerio del Interior español por lo ocurrido.

Estaba previsto que las detenciones se hubieran realizado el pasado mes de diciembre, pero el juez Andreu las frenó una semana antes y obligó a retrasarlas seis meses

La 'Operación Tarantela' se inició hace casi tres años, en noviembre de 2011, cuando Policía y Guardia Civil detectaron la presencia en España de miembros de la Camorra que supuestamente servían de puente a los grupos mafiosos asentados en la zona de Nápoles para sus negocios en la Península, principalmente el lavado del dinero obtenido con el narcotráfico a través de un complejo entramado societario que incluía restaurantes de comida italiana. Las pesquisas situaban el epicentro de dicha red en un local de la localidad madrileña de Majadahonda propiedad de uno de los presuntos cabecillas, el italiano Ciro Rovai, al que se le intervinieron llamadas hablando de Luis Bárcenas y de sus supuestos contactos para hacer negocios en el frustrado Eurovegas. La investigación contaba también con la colaboración de las autoridades italianas, quienes en paralelo seguían los pasos a los 'camorristas' para los que blanqueaba el grupo asentado en España.

De hecho, las investigaciones avanzaban a buen ritmo. Tanto, que el pasado mes de diciembre los agentes responsables de la pesquisas, con el apoyo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, plantearon al juez Andreu (el mismo que ha instruido hasta hace unos meses la 'Operación Emperador' contra la mafia china) la necesidad de iniciar las detenciones. Sin embargo, para sorpresa de la Policía y de los representantes del Ministerio Público, una semana antes de la fecha prevista para practicarlas el magistrado rechazó firmar las órdenes para proceder a los arrestos, según fuentes cercanas a la investigación. De hecho, cuando Policía y Guardia Civil propusieron que fuera la Fiscalía la que autorizase las detenciones (una posibilidad contemplada por el ordenamiento jurídico español), el juez Andreu se negó en redondo e, incluso, advirtió a los agentes que, de proceder a las mismas sin su autorización expresa, actuaría legalmente contra ellos.

Seis meses de retraso

Los agentes finalmente tuvieron que esperar otros seis meses para actuar. Fue a finales de junio cuando los responsables de la investigación, de nuevo con el respaldo de la Fiscalía, propusieron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 realizar las detenciones de los mafiosos. En total, pusieron sobre la mesa practicar medio centenar de arrestos, una treintena en España y el resto en otros países, la mayoría en Italia, aunque también se pidió ayuda a Francia, Holanda y la Agencia Antidroga (DEA) de EEUU. Para ello, solicitaron al magistrado que preparara las necesarias Órdenes Europeas de Detención (OED) para reclamar la colaboración de las autoridades de Roma, París y Amsterdam. De hecho, los agentes se pusieron en contacto con sus colegas de estos países para que fueran preparando los dispositivos necesarios, muy importante en Italia donde se esperaba capturar a una veintena de presuntos 'camorristas' y para ello era necesario la participación de cerca de un centenar de policías transalpinos.

Italia había montado un dispositivo de cerca de un centenar de agentes para detener a 20 'camorristas'. Finalmente, el juez Andreu sólo les pidió arrestar a cuatro

La sorpresa surgió 48 horas antes de explotar la operación. Siempre según fuentes conocedoras de la investigación, el juez Andreu redujo por sorpresa el número de mafiosos a detener en Nápoles a sólo cuatro. Cuando Roma recibió las OED para estos arrestos, dejaron entrever su malestar a sus colegas, ya que habían movilizado a cerca de un centenar de agentes para nada. En Madrid, sin embargo, la sorpresa vendría después, una vez realizadas las detenciones. El pasado jueves, sólo dos días después de los arrestos, el juez Andreu tomaba declaración a los nueve presuntos cabecillas de la trama y horas después todos ellos menos el colombiano Granados quedaban en libertad con cargos. El magistrado incluso había reducido a tres los delitos que les imputaba, frente a los ocho que tanto Interior como Fiscalía consideraban probados. Quedaban fuera de un plumazo los de amenazas, extorsiones, contra el patrimonio, falsedad industrial y documental.

Interior y la Fiscalía no salían de su asombro, según reconocen fuentes policiales. Además, entre los liberados estaba Ciro Rovai, el presunto camorrista que hablaba de Bárcenas en sus conversaciones con otros integrantes de la mafia. Un asombro que se convirtió en estupor al día siguiente cuando pasaron a disposición judicial los otros 18 supuestos miembros de la trama y ninguno de ellos fue finalmente encarcelado. Las fuentes consultadas destacan que entre los que finalmente no han entrado en prisión se encuentra un ciudadano italiano acusado de la muerte de su propio hermano y otro que cuando fue interceptado llevaba una pistola cargada y lista para disparar, sin olvidar que al grupo se le considera responsable de traficar con más de 2.800 kilos de cocaína en estos tres últimos años. Por ello, su esperanza ahora son los recursos que contra la decisión del juez Andreu presentará muy posiblemente en los próximos días la Fiscalía. Es su última esperanza para que la 'Operación Tarantela' sigan siendo un éxito policial.