SEGUNDA FASE DE LA 'OPERACIÓN ÓSCAR'

Un exconsejero de la Junta empleó decenas de falsos autónomos para forrarse con los cursos para parados

Docentes que trabajaron para las empresas de Ángel Ojeda declaran a la UDEF que es obligaba a darse de alta como trabajadores por cuenta propia y a devolverle la mitad de lo que les pagaba. La Policía detiene a dos empleados del expolítico que los captaban.

El exconsejero Ángel Ojeda, el pasado agosto al quedar en libertad con cargos tras su detención.
El exconsejero Ángel Ojeda, el pasado agosto al quedar en libertad con cargos tras su detención. EFE

"Un auténtico explotador laboral". Así describen fuentes cercanas a la investigación a Ángel Ojeda Avilés, el exconsejero de la Junta de Andalucía detenido el pasado 4 de agosto como creador de un entramado de empresas que presuntamente acaparó de modo irregular millonarias ayudas públicas para impartir cursos para parados en esta comunidad. A esta calificación han llegado después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía interrogaran en los últimos días a decenas de profesores que trabajaron para él. Según el testimonio coincidente de éstos, el antiguo alto cargo del gobierno autónomo, actualmente en libertad con cargos, les obligaba supuestamente a darse de alta como autónomos para ahorrarse los pagos a la Seguridad Social y, además, les forzaba a devolverles cerca de la mitad del dinero que les pagaba por impartir los cursos. Recientemente han sido detenidos dos empleados de Ojeda que se encargaban, precisamente, de captar y negociar con los profesores las condiciones draconianas de su trabajo.

La investigación ha destapado que Ojeda también obligaba a los docentes a devolverles la mitad de sus retribuciones mediante 'contrafacturas' de una de sus empresas

Ambos arrestos y las tomas de declaraciones forman parte de la segunda fase de la 'Operación Óscar', una de las 'hijas' de la 'Operación Edu', que ha destapado un millonario fraude en la formación para desempleados en Andalucía. En concreto, estas nuevas pesquisas giran en torno a una de las sociedades de la trama supuestamente creada por Ojeda Avilés, Servicios Docentes Profesionales SLU (Serpro), que sobre el papel supuestamente se dedicaba a facilitar profesores a las otras empresas de la red para que impartieran los cursos. Las pesquisas han permitido comprobar que aunque su responsable formal era Jesús Moisés F. G., un antiguo apoderado de empresas del exconsejero y que fue detenido también agosto, en realidad éste no era más que el presunto testaferro de la compañía que el político socialista utilizaba para incrementar de manera considerable los beneficios de los numerosos cursos que le adjudicaban.

Ojeda captaba en un primer momento docentes dispuestos a impartir los cursos, a los que obligaba a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos si querían trabajar para él. Para ello utilizaba a varios empleados que, a modo de delegados provinciales, recorrían Andalucía en busca de candidatos. Estos captadores, que cobraban poco más de 1.000 euros al mes por su trabajo, solían pactar con los profesores retribuciones que se situaban entre los 40 y los 70 euros por hora de clase, aunque esta cantidad finalmente se recortaba drásticamente. La trama del exconsejero les obligaba a devolverles cerca de la mitad. ¿Cómo? Mediante lo que la UDEF denomina "contrafacturas". Les forzaba supuestamente a pagar por unos servicios inexistentes recibidos, precisamente, por parte de la sociedad Servicios Docentes Profesionales del propio Ojeda. "Al final, ninguno cobraba más de 25 euros por cada hora de trabajo", destacan fuentes cercanas a la investigación.

Una trama creada en 2009

Los falsos autónomos y las 'contrafacturas' son el último fraude descubierto dentro del entramado del que fuera responsable de Hacienda y Planificación de la Junta entre 1987 y 1990, durante el último mandato de José Rodríguez de la Borbolla. Un entramado que se remonta a 2009, cuando el exconsejero andaluz comenzó a crear su extensa red empresarial ahora bajo sospecha. Hasta entonces, la actividad de Ojeda Avilés se había centrado únicamente en sociedades relacionadas con el negocio de la aeronáutica, pero a partir de ese año "entra de lleno en el negocio de la subvención", según se lee en informes de la UDEF elaborados poco antes de su detención de agosto. La Policía cree que ese cambio tuvo que ver con la aprobación por parte de la Junta, con Manuel Chaves aún en la presidencia, de la orden que establecía las condiciones para acceder a las subvenciones para impartir cursos para parados. Los agentes no descartan que este antiguo consejero tuviera información privilegiada sobre el ingente volumen de dinero que iba a destinarse a la formación para desempleados.

Así, el 1 de enero de 2009 constituyó tres sociedades con las que supuestamente 'cazar' estas ayudas. Se trataba de la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, la Asociación para la Sociedad de la Información Innova y la Asociación para el Apoyo al Medio Ambiente Natura. La primera de ellas no había cumplido ni su primer mes de existencia cuando ya había recibido una primera subvención de 642.390 euros. Para entonces, ni siquiera tenía dado de alta a ningún trabajador en la Seguridad Social. "Desde luego el criterio de la experiencia en formación no lo tenía en ese momento, pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la convocatoria", destacaba la Policía en el informe que llevó a su detención.

Empresas "durmientes"

Pese a estos incumplimientos, las empresas del exconsejero recibieron adjudicaciones por un total de 1,2 millones de euros ese primer ejercicio. Al año siguiente esta cifra se disparó a los 19,7 millones. Sin embargo, la trama creada por Ojeda Avilés no se quedó ahí. Así, utilizó estas sociedades para, en combinación con otras ajenas, crear asociaciones que también pudieran recibir ayudas para organizar cursos. Y, finalmente, agrupó todas estas asociaciones en seis fundaciones aparentemente sin ánimo de lucro que también comenzaron a verse beneficiadas por las subvenciones de la Junta. La Policía destaca en sus informes que la mayoría de estas empresas, asociaciones y formaciones "carecían prácticamente de actividad" una vez recibida la ayuda y que permanecían durante meses en una situación que los agentes califican de "durmiente" a la espera de concurrir a nuevos concursos. 

Gracias a esta compleja trama, Ojeda Avilés se benefició hasta 2012 de un total de 48.429.881 euros en subvenciones. Una parte importante de las mismas formaban parte de las partidas aprobadas por el gobierno de Chaves para poner en marcha cursos de formación con los que evitar el estallido social que supuso el cierre de la factoría gaditana de la multinacional Delphi y el despido de toda su plantilla. Sólo por los cursos para estos trabajadores, el exconsejero de Hacienda se embolsó 19,2 millones de euros en 2010 a través de cinco de sus empresas. La Policía ha llegado a calificar de "ficticios" dichos cursos ya que no contaban con "profesores cualificados y, en algún caso, ni siquiera tenía docentes". Por ello, la Policía considera los mismos un "evidente fraude de ley y una estafa organizada". Ahora, además, los "pocos" profesores que participaron en los mismos también han destapado las 'contrafacturas' y su condición de 'falsos autónomos'.

ALAYA, A LA ESPERA

El sumario de la 'Operación Óscar' sigue a la espera de saber qué juez continúa con su instrucción después de que el pasado 3 de septiembre la Fiscalía de Cádiz pidiera al magistrado de la capital gaditana que lo inició que se inhibiera en favor de su compañera de Sevilla Mercedes Alaya, célebre por haber instruído el 'caso de los ERE'. El argumento del Ministerio Público fue que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza ya investigaba un supuesto fraude en subvenciones a cursos de formación en el que, precisamente, aparecía Ojeda Avilés. De hecho, en el auto del pasado 16 de julio con el que Alaya citó a declarar en esta causa como imputado a otro exconsejero de la Junta, la magistrada dedicaba un apartado a las presuntas irregularidades en las ayudas recibidas por seis empresas vinculadas al expolítico.

La intención del magistrado de Cádiz era cederle la causa a su colega sevillana, pero los abogados de Ojeda se opusieron a ello y presentaron un recurso para que el sumario, que aún no ha sido resuelto por la Justicia, no se moviera de la capital gaditana. Mientras esto ocurre, Alaya dictó el pasado mes de octubre un auto dirigido al Ministerio del Interior en el que exigía que la UDEF cesara en sus investigaciones sobre los cursos de formación. El duro tono empleado por la magistrada creó enorme malestar en la Policía, que rechazó las pretensiones de la magistrada al considerar que sus agentes estaban actuando bajo la dirección de otro juez y que, por tanto, sólo podían recibir directrices de éste. La juez redactó un segundo escrito en el mismo sentido, aunque suavizando las formas, pero sin ningún efecto práctico. Hasta que la causa no esté en sus manos, sólo le queda esperar.


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