¿Seguridad vial o afán recaudatorio?

Las multas de radar en Parla se disparan... gestionadas por una empresa privada

Los nuevos radares instalados en el casco urbano de la localidad madrileña han 'cazado' cerca de 11.000 infracciones que se están notificando ahora a sus responsables. La polémica está servida al saberse que el 80% de lo recaudado es para una empresa privada y sólo el 20% para el consistorio. 

Las quejas por estas nuevas multas han aumentado desde el pasado noviembre
Las quejas por estas nuevas multas han aumentado desde el pasado noviembre Flickr/Circula Seguro

Miles de vecinos del madrileño municipio de Parla han comenzado a recibir desde hace unas dos semanas notificaciones de multas impuestas por infracciones de tráfico cometidas entre octubre y noviembre de 2014. Se trata principalmente de infracciones captadas a través de unos radares que se implantaron tras el verano y que obtienen imágenes de exceso de velocidad, de pasos de semáforos en rojo o situaciones similares. En total, cerca de 11.000 multas de radares que, paradójicamente, gestiona una empresa privada que finalmente obtiene el 80% de lo recaudado, mientras que el consistorio recibirá sólo el 20%. 

La polémica está servida entre los vecinos, que han visto cómo el número de multas ha aumentado de manera desorbitada desde que estas máquinas se han instalado en el casco urbano de Parla, pese a que, como explican desde el consistorio, su ubicación está perfectamente indicada en la propia página web del municipio, desde la de los radares fijos a los semafóricos, incluso la del radar móvil que se instala aleatoriamente (en enero lo hizo 4 días en todo el mes). 

La externalización del servicio la llevó a cabo el anterior alcalde, José María Fraile, imputado en la trama Púnica, que otorgó el servicio a una UTE formada por Bilbomática y Orange España

Hasta mediados de 2014 este servicio lo prestaba la Policía local, pero el entonces alcalde, el socialista José María Fraile -posteriormente imputado en la trama Púnica y en libertad tras depositar una fianza de 60.000 euros- decidió externalizarlo, pese a los votos en contra de todos los grupos de la oposición -PP, IU y UPyD-, y adjudicó el contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Bilbomática S.A. y Orange España S.A.U.. La UTE aportaba todo el material y se hacía cargo de la instalación de los radares, aunque en última instancia es la Policía local quien revisa las infracciones y sanciona, puesto que esta competencia es únicamente suya. 

Según los datos del municipio, la población cuenta con 125.000 habitantes, y del 4 de octubre al 28 de noviembre de 2014 se impusieron más de 11.000 multas, lo que supone una media de 225 multas diarias, pese a que en ocasiones se llegaron a superar las 400 al día. La cuantía de lo recaudado aún no es posible contabilizarse puesto que cada infracción conlleva una multa económica -que a veces puede incluir la detracción de puntos del carnet de conducir-, pueden recurrirse o incluso reducirse a la mitad por pronto pago, aunque muchos han visto en esta maniobra un mero instrumento recaudador del anterior regidor y no una medida para incrementar la seguridad en el municipio. Las estimaciones hablan de más de dos millones de euros recaudados con estas 11.000 multas, mientras que en todo 2013 la cifra fue de 400.000 euros

Desde el Ayuntamiento de Parla explican a Vozpópuli que los porcentajes de recaudación no han sido desmentidos por el actual equipo de Gobierno, aunque en la adjudicación del contrato aparece especificado que el primer año la UTE "se compromete a percibir un porcentaje del 64% sobre los ingresos efectuados en concepto de multas o sanciones de tráfico, en periodo voluntario", mientras que para el segundo año y siguientes este porcentaje baja al 60%. Sí expone, sin embargo, que "para toda la duración del contrato, se compromete a percibir un porcentaje del 99% sobre los recargos efectuados de los ingresos en periodo ejecutivo en concepto de multas o sanciones de tráfico". 

La alcaldesa, contraria

"Las notificaciones han comenzado a llegar hace quince días, pero sí nos consta que ha habido quejas y que ya hay numerosas sanciones recurridas", afirman desde el consistorio a este diario, aunque admiten que las infracciones están ahí, y que siempre será más efectiva una máquina que está 24 horas funcionando que un agente local. 

Con una población de 125.000 habitantes y unas 11.000 multas en un mes, se han contabilizado en algún día 400 sanciones, algo "exagerado" para la alcaldesa, que no puede rescindir el contrato pero quiere "mejorarlo"

Probablemente el papel más complicado en esta polémica lo está asumiendo la propia alcaldesa, Beatriz Arceredillo, sucesora de Fraile y que ya en su momento se mostró contraria a las privatizaciones de este tipo de servicios pero que ahora asume un contrato vigente con el que en su momento, señala, no estaba a favor. "Es un contrato que ha firmado este Ayuntamiento y que está en vigencia, y la Ley de Contratos es muy clara. Si realmente fuese decisión de la alcaldesa sería muy fácil, pero para rescindir un contrato se deben dar una serie de características. Lo que sí puede hacer el Ayuntamiento es fiscalizar y controlar el cumplimiento de ese contrato. A mí me ha parecido exagerado el número de multas y ya se ha tomado una medida que es llevar a cabo una mayor señalización de todos los puntos y una verificación de todas esas multas que se están poniendo. Queremos controlar absolutamente todas las multas", explicaba en la última rueda de prensa de la corporación local. 

Arcerecillo recuerda que la Ley de Circulación establece que la velocidad máxima dentro del casco urbano son 50 kilómetros por hora y que los radares saltan a partir de 55 kilómetros por hora. Sobre el número de multas admite que "llama mucho la atención y me parece exagerado. Por eso creo que hay que mejorar la señalización y ya se lo he propuesto a la empresa". Pero añade que siempre se ha publicado la ubicación de los radares y que los vecinos sí tenían cierta información. "El contrato no se puede rescindir pero sí podemos mejorar las condiciones, y el único fin que me preocupa es evitar un accidente, que la circulación por las calles sea más tranquila. Hay que buscar una fórmula de convivencia que permita la pacificación de las calles pero con la que tampoco salga perjudicado el ciudadano", sentenciaba sobre este asunto. 

Mientras tanto, muchos son los vecinos del municipio madrileño que muestran su malestar por este notable aumento de las sanciones de tráfico, especialmente porque defienden que algunos de los radares se han situado en calles donde no es necesario porque son amplias vías que nunca han tenido problemas de siniestralidad por velocidad, por lo que señalan, el afán del contrato firmado en su día por Fraile es meramente recaudatorio


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