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El parlamento valenciano suma ocho condenas por violar los derechos de los diputados

Ocho condenas por violar los derechos de los diputados, unas cortes que no tramitan iniciativas de la oposición, comisiones parlamentarias “fantasmas” que no reúnen desde hace meses y un grupo parlamentario popular con la mitad de sus miembros imputados. Así es la vida política en Les Corts valencianas.

El presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, deja su escaño
El presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, deja su escaño EFE

“Se ha intentado un cambio y no ha funcionado”, proclamaba el pasado 4 de diciembre el portavoz del gobierno valenciano, José Císcar, para justificar su negativa a entregar a los grupos de la oposición información sobre las contrataciones públicas. La opacidad es tal que se salda, de momento, con cinco condenas del Tribunal Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados y tres más del Supremo por negar información que debiera ser pública, además de otros 24 expedientes más pendientes de resolución por el Tribunal Superior de Justicia. Todos los partidos de la oposición denuncian “irregularidades” en el control que el PP ejerce del parlamento autonómico.

CONDENAS POR NEGAR INFORMACIÓN A LA OPOSICIÓN

El gobierno valenciano fue obligado por el Tribunal Superio de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a entregar a la oposición las encuestas de opinión que realiza con dinero público. El consell se negó hasta el pasado mes de febrero a entregar a los demás grupos de la cámara documentos que se habían pagado también con sus presupuestos. Es el último caso de una condena judicial que ha forzado tanto al parlamento como al Ejecutivo valenciano a entregar documentos que debieran ser públicos como los contratos firmados con la Gürtel o los expedientes realizados por consultoras externas sobre el ERE de la televisión autonómica.

En total son ocho condenas judiciales de los más altos tribunales: el Constitucional y el TSJCV que han cuestionado reiteradamente cómo se está vulnerando la Ley de Transparencia en particular y la ley en general por parte de quienes ostentan las instituciones.

La diputada a la que el PP pretende ahora expulsar es una de las que está librando la batalla por la transparencia puesto que Mònica Oltra ejerce como abogada en seis procedimientos abiertos todavía ante el Tribunal Constitucional y otra decena ante el Tribunal Superior de Justicia.

COMISIONES PARLAMENTARIAS FANTASMA

Las irregularidades en la gestión de la cámara se trasladan también a sus comisiones, según denuncian los diputados de la oposición que aseguran que Les Corts no han dado trámite a infinidad de iniciativas de la oposición. De hecho, los grupos políticos como el PSPV apuntan a una comisión legislativa como la de RTVV que lleva hasta 8 meses sin reunirse, si se exceptúa la convocatoria para aprobar el relevo de los directivos cesados en pleno ERE.

El diputado socialista Josep Moreno ha criticado reiteradamente la falta de trámite de una batería de comparecencias como la de Lola Johnson, ex portavoz del Consell y ex directora de Televisión Valenciana, cuya comparecencia fue reclamada el pasado mes de diciembre y que, a día de hoy, sigue pendiente. Johnson se ha negado a acudir reiteradamente y ha excusado su comparecencia.

El PP ha intentado bloquear esa y otras comparecencias en la cámara a pesar del informe jurídico de los letrados de las cortes autonómicas que avalaban la autoridad del parlamento para citar a responsables y ex responsables políticos. Los grupos de la oposición hablan ya de "comisiones parlamentarias fantasma".

Ni siquiera el cierre de la televisión autonómica ha merecido la convocatoria de una comisión por la que tienen pediente comparecer.

CINCO IMPUTADOS ENTRE LOS PARLAMENTARIOS DEL PP

El Grupo Parlamentario Popular responsable de esa gestión parlamentaria sienta en sus escaños a seis imputados por corrupción. Son sólo seis porque la diputada Milagrosa Martínez renunció a ser aforada para conseguir el traslado de su causa de un tribunal a otro hace apenas unas semanas. Y son sólo seis porque entre los 55 parlamentarios populares, 10 han llegado a estar imputados.

Desde que se constituyó el grupo parlamentario, 15 diputados han dejado sus cargos y han sido relevados. Entre los salpicados por casos de corrupción destacan:

  • El ex conseller Rafael Blasco dejó las filas populares para engrosar el grupo de no adscritos
  • Pedro Hernández Mateo renunció a su acta de diputado el 4 de diciembre de 2012 tras ser condenado por el TSJCV a tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental
  • La ex consellera Alicia de Miguel renunció al escaño, horas antes de que se conociera su imputación en el caso Gürtel el pasado el 22 de julio de 2013 por intervenir en contratos con la Gürtel
  • También renunció al acta la ex consellera de Turismo Angélica Such el pasado 24 de febrero, tras ser procesada en la Gürtel por firmar los contratos de la Feria de Turismo con la trama corrupta
  • Igualmente, presentaron su dimisión la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos implicados en el "caso Brugal"

A día de hoy, todavía están imputados y se sientan en los escaños del PP los diputados salpicados por la Gürtel Ricardo Costa, ex-secretario general del partido, Vicente Rambla, ex-vicepresidente del Gobierno valenciano, David Serra y Yolanda García.


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