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España

Rubalcaba coloca su modelo federal a remolque del soberanismo catalán e impide un pacto constitucional con el PP

Que el nuevo modelo federal que defienden Alfredo Pérez Rubalcaba y los ‘barones’ socialistas nace a remolque del soberanismo que CiU abandera en Cataluña, nadie lo discute. Esto es, precisamente, lo que impide cualquier pacto constitucional con el PP, pues si la Diada celebrada el año pasado no hubiera abierto la pulsión independentista promovida por CiU y si el PSC no hubiera respondido a ella como lo ha hecho, nadie en el PSOE vería la reforma constitucional que ahora defiende Rubalcaba como una prioridad. Hace unos días, así lo reconoció el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de haber sido él quien en agosto de 2011 hizo un cambio relámpago de la Constitución para introducir el principio de estabilidad presupuestaria.

El PSOE no hubiera alumbrado ahora su nuevo modelo federal, plagado de ambigüedades, sin la presión de los socialistas catalanes y la apuesta soberanista de CiU

Como ha sido la actitud desafiante del PSC la que ha movido a Rubalcaba a improvisar este modelo federal, con retoques de última hora dados el pasado viernes, y como la propuesta tiene de momento carácter unilateral, hay que concluir, confiesan fuentes socialistas, que está condenada al fracaso. La resistencia del PP a tocar la Constitución no proviene tanto del contenido como del continente. De hecho, en el Gobierno se admite que un acuerdo para cerrar lo que quedó abierto en la Constitución de 1978 sería factible, pues después de más de treinta años de Estado autonómico es conveniente reflexionar sobre si el proceso de descentralización constante operado durante este tiempo en España ha situado cada ámbito de decisión política en el nivel de gobierno más adecuado para los intereses de los ciudadanos.

En el PP se opina también que España debería aspirar a tener un modelo federal basado en listas cerradas y bien definidas de competencias, de lealtad entre administraciones y especialmente a la nación, y de supremacía del interés general. Es un modelo que en muchos países llevan siglos funcionando. En el mismo partido  se parte de la premisa de que en España ya tenemos uno de los sistemas más descentralizados del mundo y de que el Estado central español es más pequeño que el Bund alemán o el Gobierno federal estadounidense y sólo comparable al canadiense. Además, las comunidades autónomas pesan en el gasto público casi dos veces que los länder alemanes o los estados federados americanos.

El PP se opone con contundencia a una nueva reforma de la Constitución, aunque no se cierra a reflexionar sobre las insuficiencias del Estado autonómico

Es en este contexto en el que el PSOE, arrastrado por la presión de los socialistas catalanes, ha alumbrado en su reunión de este sábado en Granada un documento en el que apuesta por una reforma constitucional que convierta el Senado en una Cámara de representación territorial y defina bien las competencias exclusivas del Estado, así como el modelo de financiación autonómica. Sin embargo, el texto elude la reivindicación de los socialistas catalanes del derecho de autodeterminación, disfrazado como el ‘derecho a decidir’, y tampoco responde con nitidez a dos de los puntos de fricción con el PSC: saber si Cataluña es o no una nación y si el Poder Judicial debe descentralizarse y repartirse entre los 17 territorios. El Constitucional ya dijo que no a estos dos interrogantes hace tres años.

Estas lagunas vienen a demostrar que el PSOE ha remendado su enfrentamiento con el PSC a la espera de mejores tiempos, intentando colocar la pelota del modelo federal en el tejado del Gobierno. Desde el PP se acentúa que todo el proceso autonómico se ha desarrollado con el consenso entre los dos grandes partidos, hasta que llegó Zapatero y arropó el Estatuto catalán como salió del Parlamento autonómico, quizás con la esperanza de que el Constitucional trasquilara los artículos más disparatados, como así hizo.

Todo el proceso autonómico se ha desarrollado con el consenso de los dos grandes partidos hasta que llegó Zapatero abrazando la reforma del Estatuto catalán

Esta excepción no ha llevado a los populares a negar que el modelo de Estado deba ser objeto de acuerdo, para no volver así al desastre del constitucionalismo del siglo XIX, en el que cada partido que gobernaba aprobaba un texto a su antojo. Pero una cosa es pactar con el principal partido de la oposición la oportunidad de esta reforma y sus tiempos y otra muy distinta entrar al trapo de la reacción a la que se ha visto obligado el PSOE para evitar romper sus relaciones con el PSC, se advierte en el PP.

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