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España

Fernández Díaz tarda 38 días en cesar a un alto cargo de Interior procesado por estafa

Imagen de archivo de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.

Tolerancia cero contra la corrupción... pero a cámara lenta. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el cese como alto cargo del Ministerio del Interior de Alejandro Sánchez García, exacalde 'popular' de la Línea de la Concepción procesado por estafa por su gestión al frente de la empresa municipal de este consistorio. La salida del político del departamento de Jorge Fernández Díaz tiene fecha del 30 de marzo y se produce 38 días después de que el pasado 20 de febrero se conociera por la prensa que la Audiencia Provncial de Cádiz habia rechazado el recurso del antiguo regidor en el que éste pedía su desimputación y ordenaba que se siente en el banquillo junto a otros dos acusados de supuestas irregularidades en la venta de un local en el municipio gaditano. En la orden de cese, firmada por el propio ministro, se le agradecen "los servicios prestados" como jefe de Gabinete del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Cuando fue nombrado en 2012 jefe de Gabinete del 'número 2' del Ministerio, Sánchez García ya estaba imputado en la causa por la que se sentará en el banquillo

La salida de Alejandro Sánchez de Interior se produce a menos de dos meses de la elecciones locales y después de que el diputado socialista en el Congreso, Antonio Trevín, hubiera presentado en el Cámaba Baja una batería de preguntas sobre la permanencia del exalcalde de La Línea en el Ministerio pese a su procesamiento. El parlamentario quería que el departamento de Fernández Díaz aclarara si seguía "ejerciendo funciones en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), es decir, en la gestión de los inmuebles del Ministerio del Interior” cuando, precisamente, estaba inculpado por un tema urbanístico. Además, exigía explicariones por su permanencia en el cargo durante toda la investigación de la causa. De hecho, cuando fue nombrado para el puesto en octubre de 2012, Alejandro Sánchez ya estaba imputado.

El escándalo que ha provocado su cese se remonta a 2007, cuando aún no era alcalde pero sí ocupaba un puesto de concejal por el PP. Entonces, un empresario denunció al consistorio por un contrato de alquiler en el que abonó 300.000 euros para ocupar un inmueble que el Ayuntamiento poseía en el recinto de congresos del municipio. El industrial aseguró que él pagó pero que la Administración local nunca cumplió su parte y no le llegó a entregar nunca dicho local. Dos años más tarde, Sánchez García asumía el puesto de alcalde tras la condena a inhabilitación de su antecesor en el cargo.

Estafa por doble venta

Fue entonces cuando, ya con él al frente del consistorio y, por panto, como presidente de  la empresa de la vivienda pública de La Línea, Emusvil, se negoció con el empresario compensarle por aquel suceso con la propiedad de un local comercial y dos plazas de garaje que se estaban construyendo. Una vez finalizadas las obras, el alcalde quiso modificar el acuerdo, pero el empresario se negó y el regidor firmó el contrato de adjudicación. Paralelalemente, Emusvil mantuvo una negociación con otro industrial interesado en el local y, a través del subordinado y también procesado Juan Carlos Montero, firmó con éste en 2011 el contrato de compraventa del mismo local, que terminó escriturado a su nombre.

El alto cargo cesado es considerado una persona muy cercana a Fernández Díaz, con el que comparte pertenencia al Opus Dei

Tras la denuncia del damnificado, Sánchez García dijo al juez que desconocía este extremo, aunque los testimonios en contra de su afirmación indicaban que era supuestamente plenamente consciente de la “doble venta”. Por ello, la Audiencia de Cádiz desestimó a medidados del pasado mes de febrero los recursos del alto cargo de Interior para desimputarle y ordenaba que se siente en el banquillo como coautor de un delito de estafa, con una petición de cuatro años de prisión por parte de la Fiscalía. En el escrito, el tribunal dejaba claro que deberá ser en el juicio oral donde se dirima si hubo dolo por su parte o no.

Sánchez García era considerado uno de los 'valores en alza' del PP andaluz, aunque su actuación al frente del consistorio de La Línea ha estado rodeado de fuertes polémicas. La principal, cuando quiso implantar un peaje en la avenida que conduce a Gibraltar. Le llamó “tasa de congestión”. La protesta ciudadana impidió que saliera adelante. En el Ministerio se le consideraba una persona muy cercana al propio Fernández Díaz, con el que comparte pertenencia al Opus Dei.

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