NUEVA POLÉMICA EN EL MINISTERIO

Una sentencia obliga a Interior a que explique por qué negó una medalla a un antidisturbios herido grave

La Audiencia Nacional ordena al Ministerio que detalle las causas por las que no condecoró al antidisturbios al que abrieron la cabeza en las marchas por la dignidad de 2014.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, en una imagen reciente.
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, en una imagen reciente. EFE

Nueva polémica en el Ministerio del Interior a cuenta de las medallas. En este caso, por la negativa de los responsables del departamento de Jorge Fernández Díaz a conceder una de ellas al inspector P.L.R.D., quien resultó gravemente herido durante los disturbios que siguieron a las marchas por la dignidad del 22 de marzo de 2014 en Madrid. Ahora, la titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, Yolanda de la Fuente Guerrero, ha dictado una sentencia por la que obliga a Interior a detallar "de forma expresa las razones por las que, siendo propuesto para el ingreso en la Orden del Mérito Policial, [este policía] fue excluido" en la orden ministerial que sí dio este reconocimiento a cientos de agentes, entre ellos cuatro de su grupo, el célebre Puma 70, y los dos mandos que prepararon el dispositivo en el que resultó malherido.

El inspector fue el único de los cinco agentes heridos del grupo 'Puma 70' a los que se propuso para la condecoración 'al valor' al que no se le concedió

El fallo, fechado el pasado 26 de mayo, recuerda que "el día 22 de marzo de 2014 se estableció un operativo policial, con motivo de las 'marchas de la dignidad', en el cual participaron un gran número de Grupos de UIP [Unidades de Intervención Policial, los conocidos popularmente como antidisturbios]", entre ellos el grupo Puma 70, cuyos integrantes fueron atacados por manifestantes violentos. "Con motivo de la intervención en dicha manifestación -continúa la sentencia de la Audiencia Nacional- se propuso a un número de funcionarios de los distintos grupos intervinientes para recompensas en sus distintas categorías". Entre ellos se encontraban cinco integrantes de Puma 70. Uno era el inspector P.L.R.D., que mandaba aquel grupo. Sorprendentemente, la Junta de Gobierno de la Policía decidió el 11 de septiembre pasado respaldar todas las propuestas para la medalla roja al valor, que lleva aparejada una retribución económica vitalicia, menos la del inspector.

Tras esta decisión y con el apoyo jurídico del Sindicato Profesional de Policía (SPP), el agente presentó una demanda ante los juzgados Contencioso Administrativos de la Audiencia Nacional, que ha concluido con el fallo que exige ahora a Interior explicar el por qué de esta decisión. "El demandante tiene derecho a que se le indique de forma expresa las razones por las que, siendo propuesto para el ingreso en la Orden del Mérito Policial, fue excluido de la propuesta por la Justicia", señala la juez tras recalcar que los actos administrativos deben ser motivados, aunque sea con una "sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho", algo que considera no se había producido en este caso. La juez recalca que no es necesario "un razonamiento exhaustivo y detallado, sino que basta con que el acto ofrezca una respuesta suficiente al interesado". Con él en la mano, el policía podrá interponer en breve el "correspondiente recurso" para reclamar la concesión de la condecoración.

Sin medalla y trasladado

La negativa a concederle la medalla al inspector responsable de Puma 70, que fue uno de los heridos más graves durante aquellos altercados con una brecha en la cabeza que necesitó 14 grapas,no ha sido la única decisión polémica de Interior que ha tenido como afectado este agente. De hecho, el pasado 13 de octubre se le comunicó su baja forzosa en la Unidad de Intervención Policía (UIP), por lo que tuvo que retornar a su antiguo destino en la comisaría de Cartagena. El cese del agente se produjo, además, sólo dos semanas después de que los máximos responsables de aquel polémico dispositivo fueran condecorados con una cruz roja, que conlleva un incremento del sueldo del 10%, la que se le niega él. La Dirección General de la Policía ya le había mantenido apartado de la dirección de su grupo desde que ocurrieron los sucesos del 22-M. Primero, por la baja médica hasta que curó las graves heridas que sufrió en la cabeza. Posteriormente, porque fue destinado a un destino burocrático dentro de las oficinas de la Unidad al considerar que había perdido facultades para seguir desempeñando su función.

Tras recibir el alta tras las graves heridas, este inspector fue destinado a un destinos burocrático dentro de la UIP y, posteriormente, trasladado a otro destino

Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario niegan que esto fuera así y hablan de "venganza" por sus críticas al despliegue policial con el que se hizo frente a aquellos altercados. De hecho, estando aún de baja por las heridas, declinó asistir a un acto en el que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se reunieron con los agentes que participaron aquel día en el dispositivo para mostrarles su apoyo. Entonces, las críticas de los policías y de sus sindicatos se centraban en los máximos responsables de la Policía aquel día, los comisarios Florentino Villabona y José Miguel Ruiz Iguzquiza, cuya destitución exigieron.

Sin embargo, el cese de ambos mandos no se produjo. Ignacio Cosidó zanjó la polémica con el relevo de un subordinado de ambos, el inspector jefe Javier Virseda, y la promesa de mejorar los equipos de protección de los antidisturbios con nuevos cascos, chalecos, escudos y espinillerasEn su comparecencia en el Congreso de los Diputados un mes después de los graves incidentes, Cosidó aseguró que la “información reservada” que su departamento abrió tras los sucesos había concluido que el despliegue policial que organizaron los mandos fue “correcto” y que el número de agentes destinados al mismo, en total 1.679, fue el “idóneo”. De hecho, el máximo responsable de la Policía sólo admitió errores de “coordinación y comunicación” entre los grupos que intervinieron aquel día, de los que hizo único responsable al subordinado de ambos comisarios, pero no a éstos.

La polémica parecía haber amainado hasta que el pasado 23 de septiembre, como adelantó Vozpópuli, el Ministerio del Interior decidió conceder la medalla roja al valor a los dos comisarios. La decisión provocó un enorme malestar en el seno de la Policía, sobre todo cuando se supo que no había sido condecorado, precisamente, el jefe de Puma 70. Aquel día comenzaron a circular entre agentes de las UIP mensajes en los que se hablaba de "humillación", "desprecio" y "vergüenza" ilustrados, precisamente, con una fotografía de la cabeza abierta del agente ahora castigado por Interior. 


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