POLÉMICA ADQUISICIÓN

Interior gastará 350.000 euros en un camión-botijo antidisturbios, 150.000 menos de lo presupuestado

El departamento de Fernández Díaz adjudica la construcción del vehículo lanza agua a una UTE por 350.000 euros. Tenía previsto pagar más de medio millón pese a que en lo que va de año sólo se han registrado incidentes en 16 de las 3.576 manifestaciones celebradas en España.

Imagen de archivo de Jorge Fernándz Díaz en una comparecencia en la sede de su Ministerio.
Imagen de archivo de Jorge Fernándz Díaz en una comparecencia en la sede de su Ministerio. EFE

La aspiración del Ministerio del Interior de volver a contar con un camión policial con cañón para lanzar chorros de agua a presión a los manifestantes que protagonicen disturbios callejeros está más cerca de hacerse realidad. Y, además, más barato de lo inicialmente previsto. La Dirección General de la Policía aprobó el pasado martes la adjudicación de construcción de este vehículo a una Unión Temporal de Empresas (UTE) por 348.480 euros, una cifra sensiblemente inferior a la inicialmente presupuestada. En las bases del concurso, el departamento de Jorge Fernández Díaz había mostrado su disposición de gastar hasta 493.680 euros (IVA incluido) para poder contar con uno de estos 'camiones-botijo', como son denominados por los propios policías antidisturbios.

La fabricación del camión antidisturbios ha sido encargado por Interior a una UTE formada por una compañía española y otra israelí

En concreto, las empresas que se encargarán de construir el vehículo serán la española Quatripole Ingeniería SL, especializada en la fabricación de material de Defensa, y Beit Alpha Teconologies Ltd, una compañía israelí que en su página web presume, precisamente, de fabricar este tipo de ingenios antidisturbios para cuerpos policiales de una treintena de países. Ambas deberán ajustarse a las condiciones técnicas fijadas por la Policía en un documento de 20 páginas en la que determina todas y cada una de las características del denominado "camión transformado y carrozado como lanza agua". Así, en este se fija que el depósito del vehículo deberá tener una capacidad de 7.000 litros y que el cañón deberá expulsar el agua a una presión de entre 10 y 16 bares, más que suficiente para derribar a la persona sobre la que impacte.

También determina la exigencia de un segundo depósito de entre 30 y 60 litros para añadir "colorantes" con los que teñir el agua y así manchar la ropa y, con ello, 'marcar' a aquellos manifestantes más violentos. En la descripción técnica del vehículo, también se destaca que el cañón de agua debe tener una movilidad de giro de 180 grados sobre su eje. Interior hace especial hincapié en la estructura exterior del 'camión-botijo' para evitar que el mismo puede ser asaltado por los manifestantes. En este sentido, determina que el tanque donde contiene los 7.000 litros de agua será tanto en su parte superior como en los laterales "liso y sin ningun tipo de asa" para hacer "imposible que nadie pueda escalar ni acceder al mismo en una revuelta".

"Proteger el libre ejercicio de derechos"

La licitación del vehículo ha creado polémica incluso entre los propios agentes, ya que la Policía llevaba más de veinte años sin usar los cinco camiones de similares características que tenía y que llevan cuatro lustros arrumbados en sus almacenes criando óxido. Además, la licitación para adquirir el polémico vehículo fue publicada por Interior el pasado mes de diciembre, en plena polémica por el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y tras una concentración de 'Rodea el Congreso'. Entonces, los responsables justificaron en el pliego de condiciones su adquisición en la necesidad “de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Para ello estimaban conveniente “disponer de medios materiales que, debido a la actual dinámica social y en caso de tener que restablecer el orden público, se pueda realizar de la forma menos lesiva posible". El pliego de condiciones calificaba este tipo de vehículos como “ideal para acometer el control de masas”.

Interior anunció la licitación del vehículo para lanzar agua a los manifestantes en diciembre, en plena polémica por la Ley de Seguridad Ciudadana

Sin embargo, los datos estadísticos sobre incidentes en manifestaciones que maneja el propio Ministerio parecen contradecir estas justificaciones. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguró en una reciente comparecencia parlamentaria para informar sobre los graves incidentes del pasado 22 de marzo en Madrid que provocaron heridas a 67 agentes, que de las 3.576 manifestaciones que en lo que va de año se habían celebrado en nuestro país dentro del ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía, sólo en 16 se habían registrado incidentes que obligaran a usar material antidisturbios. Cosidó anunció ese día también la próxima compra de cascos, escudos y rodilleras para mejorar la defensa de los agentes por importe superior al medio millón de euros.

Recientemente, Interior también anunció su intención de adquirir una importante partida de material antidistubios. En concreto, 7.000 botes de humos y lacrimógenos cuyo destinatario será el Cuerpo Nacional de Policía. El departamento de Jorge Fernández Díaz tiene previsto destinar a esta compra 196.080 euros, IVA incluido, en una adjudicación que pretende tener decidida a finales del próximo mes de mayo para disponer del material sólo 45 días después. Durante los últimos disturbios de Madrid, las Unidades de Intervención Policial (UIP, los popularmente conocidos como 'antidisturbios') lanzaron 126 pelotas de goma y sólo tres de estos botes. Era la primera vez que usaban estos últimos en la capital desde las protestas mineras de julio de 2012.


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