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¿Una 'ley mordaza'? Los puntos negros del proyecto de Seguridad Ciudadana que oculta Interior

El aumento del plazo en la reincidencia de las faltas o el incremento del tiempo de prescripción son algunos ejemplos del endurecimiento de la vigente 'ley Corcuera'. La indefinición de conceptos y el desvío al Gobierno de competencias propias de la Justicia son otras carencias del controvertido texto normativo.

El proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadanaaprobado este viernes por el Consejo de Ministros ha sido suavizado con respecto al borrador inicial que vio la luz el pasado noviembre. Después de incorporar las aportaciones realizadas por órganos consultivos constitucionales y organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam, el Ministerio del Interior ha elevado a las Cortes un texto edulcorado con respecto al de hace siete meses.

Sin embargo, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo ha agregado un número reducido del conjunto de sugerencias realizadas por los colectivos más críticos con la norma. La letra pequeña del proyecto de ley esconde todavía puntos negros que suponen un endurecimiento de la vigente Ley Corcuera de 1992, la cual quedará derogada. Un informe que circula entre movimientos sociales vinculados al 15-M desmonta el articulado aprobado y, por tanto, la tesis del ministro del Interior, para quien la "nueva ley no trata de sancionar más sino de sancionar mejor".

Ese dossier, consultado por Vozpópuli, hace alusión, por ejemplo, a la novedosa "graduación de la sanción", que divide las multas correspondientes a las infracciones (muy graves, graves y leves) en tres tramos (mínimo, medio y máximo), algo concebido en teoría para aplicar con mayores garantías los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. En este contexto, el estudio que manejan los activistas señala cómo entre las circunstancias que agravan las sanciones --hasta el grado medio-- se introduce el concepto de "reincidencia". Según el informe crítico, el Gobierno Rajoy ha ampliado el plazo de reincidencia, pasando de un año, como contempla la ley vigente, a 24 meses. De este modo, la falta leve cometida por quien, por ejemplo, provoque "alternaciones menores" en una manifestación seguirá pesando sobre sus espaldas un año más, con la posibilidad de ser utilizada en su contra (para agravamiento de la sanción) si vuelve a cometer una infracción similar. 

La falta leve de quien provoque "alternaciones menores" en una manifestación seguirá pesando sobre sus espaldas un año más

Asimismo, el documento contra la conocida como ley mordaza repara en que los criterios para la graduación de la sanción "está plagados de conceptos jurídicos indeterminados". Cuestiona así que la norma de Interior, a la hora de graduar la sanción, se fije en "la entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o para la salud pública". "¿Qué se entiende por riesgo producido? ¿Cuál es el grado de riesgo que se necesitará para considerar que la sanción se incrementa o se reduce?", denuncia el texto de los indignados.

El proyecto de ley contiene otras muchas indefiniciones y vaguedades. Entre ellas, el informe crítico también hace alusión al caso de los "fines coercitivos" en una manifestación o a los "elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana". Además, habla de los meros "indicios razonables" y las ambiguas "comprobaciones".

De igual modo, Interior ha ido allá que la ley Corcuera a la hora de regular la prescripción tanto de infracciones como de sanciones. Sobre ambas, el proyecto de ley establece tres años para infracciones muy graves, dos para graves y uno para leves. Sin embargo, la normativa de 1992 todavía vigente, por ejemplo, en el caso de la prescripción de las infracciones prevé dos años para las muy graves, uno para las graves y tres meses para las leves. "Al incrementar este plazo, la Administración tiene más tiempo para iniciar el expediente sancionador y perseguir la supuesta infracción cometida", señala el informe contrario consultado por este diario.

Extralimitación de funciones

Respecto al desvío hacia el Gobierno de competencias propias de la Justicia, dicho estudio alude, entre otras cuestiones, a la validación de diligencias de registro e identificación practicadas por agentes policiales. La nueva ley pretende que los resultados de estas diligencias administrativas se extiendan en un acto que gozará de presunción de veracidad. Sin embargo, parece no reparar en que si hay delito esas actuaciones policiales entrarían a formar parte de un procedimiento penal, y en el ámbito penal, no existe la presunción de veracidad de esos agentes. Se trata de un claro ejemplo de cómo el Ministerio de Interior quiere apropiarse de facultades que corresponden al poder judicial.

Otra novedad en la que denominan ley mordaza es que los agentes, antes de adoptar las medidas precisas para la disolución de reuniones y manifestaciones, deberán avisar a las personas afectadas. Sin embargo, el dossier que manejan los activistas indica que "este deber impuesto a los agentes desaparece en la práctica cuando se incluye que el aviso se podrá hacer de manera verbal (sin ningún control de su cumplimiento, pues basta con que los agentes manifiesten lo que han hecho para darle veracidad) si la urgencia lo hiciera imprescindible". No hay mención a la necesidad de entregar una resolución motivada como forma de aviso.


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