LAS POLÉMICAS DECISIONES DE JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

Interior cree clave para la "vertebración estatal" hacer una casa cuartel donde veranea el ministro

Alega que el Instituto armado "ha de estar presente efectivamente en todo el territorio español" y que en Fitero (Navarra), donde gastará 1,1 millones en las nuevas instalaciones, se ha producido un incremento de la criminalidad por los "forasteros".

El ministro, el alcalde de Fitero y la presidenta de Navarra colocan la primera piedra de la casa cuartel en marzo.
El ministro, el alcalde de Fitero y la presidenta de Navarra colocan la primera piedra de la casa cuartel en marzo. MINISTERIO DEL INTERIOR

Una casa cuartel con polémica y grandes aspiraciones. El Ministerio del Interior ha remitido recientemente a la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, las respuestas a la segunda batería de preguntas que la parlamentaria navarra hizo a cuenta del inicio de las obras de construcción de unas nuevas dependencias de la Guardia Civil en Fitero (Navarra), la localidad donde vive la madre del propio Jorge Fernández Díaz y en la que él mismo veranea. En ellas, el departamento justifica las mismas, en las que invertirá 1,1 millones de euros, en la necesidad de que el Instituto armado esté "presente efectivamente en todo el territorio español" para, de este modo, asumir "un papel de vertebración estatal". Además, reitera uno de los argumentos que esgrimió en las primeras explicaciones que facilitó, el incremento de la criminalidad en la zona en los últimos años, aunque ahora añade la causa del mismo: el aumento del número de "forasteros" en el municipio.

Fernández Díaz siempre ha obviado su relación personal con la localidad y se ha escudado en el aumento de la criminalidad para justificar el gasto de 1,1 millones de euros

La polémica sobre el proyecto de unas nuevas instalaciones de la Benemérita en esta localidad navarra, después de que las anteriores fueran desmanteladas en 1991 por innecesarias, se comenzó a gestar el pasado 28 de octubre. Ese día, Fernández Díaz acudió a Fitero a firmar con el primer edil el convenio por el que el municipio se comprometía a ceder gratuitamente 2.133 metros cuadrados para levantar la casa cuartel. En aquel acto, en el que el alcalde, Pachi Yanguas (UPN y también senador), llegó a calificar al ministro como "el gran valedor de Fitero en Madrid", éste anunció ya la millonaria inversión aunque "los tiempos no están para muchos gastos". Cinco meses después, el titular de Interior volvía al pueblo navarro y ponía la primera piedra en una acto al que también asistó la presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina. En los discursos de aquel 15 de marzo, el ministro obvió su polémica y estrecha relación personal con el pueblo -su padre era originario de Fitero y allí reside aún su madre, además de acudir él regularmente a descansar y a su balneario- y justificó su construcción simplemente en la necesidad de "más seguridad en Navarra"

Esa fue, de hecho, el argumento que utilizó Interior en mayo para responder a la primera batería de preguntas que planteó la diputada Uxue Barkos tras aquel acto protocolario. Sin embargo, la "inverosimilitud" de algunos de los datos esgrimidos por el Ministerio en las mismas -se llegaba a hablar de kilómetros cuadrados cuando se le preguntaba por kilómetros a la redonda supuestamente para 'difuminar' la cercanía de otras dos casas cuartel a poco más de 6 kilómetros-, llevó a la parlamentaria de Geroa Bai a registrar más cuestiones por escrito en el Congreso. Es en las respuestas a éstas en las que el departamento de Fernández Díaz habla de la "vertebración estatal" como una de las claves que justifica levantar la nueva construcción pese a los recortes presupuestarios y las quejas de vecinos e, incluso, guardias civiles. La principal asociación de agentes, la AUGC, lleva tiempo tildándola de "inútil" y "cacicada". Altos mandos del Instituto armado consultados por Vozpópuli comparten su opinión y destacan, precisamente, la vinculación familiar de Fernández Díaz con la localidad para explicar la decisión de éste "cuando ese dinero es más útil destinarlo a otras partidas".

Terrorismo y crimen organizado

En esta nueva respuesta, Interior defiende ahora que "los datos de ciminalidad no son los únicos factores a tener en cuenta a la hora de determinar el establecimiento de una nueva unidad de la Guardia Civil en Fitero (Navarra)". Para ello, recuerda que en la actualidad la Policía Foral no tiene las competencias en exclusiva sobre seguridad ciudadana en la comunidad y que, por lo tanto, las decisiones que se adoptan sobre el despliegue del Instituto armado se rigen "siempre por un criterio de complementariedad", aunque recuerda que las Unidades de la Guardia Civil "asumen la responsabilidad derivada de los ámbitos supracomunitarios y extracomunitarios". De este modo, destaca que dentro de la Comunidad Foral, la Benemérita tiene encomendada "además de las propias de la lucha antiterrorista", combatir el crimen organizado, el contrabando, proteger instalaciones y realizar el control de armas y explosivos. "La Institución -al igual que en el resto del territorio nacional- asume un papel de vertebración estatal, por lo que su despliegue, junto a de otras instituciones de carácter nacional, ha de estar presente efectivamente en todo el territorio español", concluye.

Interior hace referencia a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado y el contrabando para justificar la vuelta de la Guardia Civil a Fitero

Tras "la somera enumeración de responsabilidades y cometidos a desarrollar por las Unidades del Cuerpo en la Comunidad Foral Navarra", Interior sugiere que la decisión del emplazamiento de la casa cuartel -una de las dos que se van a levantar en 2015 en España- no es caprichosa y habla de "un proceso permanente de estudio y adecuación del despiegue de Unidades y de efectiso a las necesidades y cambios experimentados por la seguridad ciudadana". En este sentido, señala que las nuevas instalaciones de Fitero contribuirán "a mejorar la calidad del servicio de seguridad pública que la Institución presta tanto en el municipio como en la comarca". Y añade que, además, "está alineado con el compromiso institucional de cercanía y atención inmediata a la población en demarcación del Cuerpo".

En el escrito, Interior también incide de nuevo en el incremento de la tasa de criminalidad que esgrimió en su anterior respuesta parlamentario, y en la que aseguraba que en el municipio fue en 2013 de 33 delitos por cada mil habitantes, muy por encima de la regional (15) y la comarcal (22), pero también sensiblemente inferior a la media nacional, que está en 46 infracciones penales. Dicha cifra (que se traduce en números absolutos en poco más de 70 delitos en un año ya que el pueblo cuenta con 2.200 empadronados) es fruto de "la mejor accesibilidad al municipio, tanto dentro de la propia comarca como desde el eje de comunicaciones Zaragoza-Logroño-Vitoria". Según el Ministerio, "esta circunstancia impulsa el desarrollo económico de la zona y, como consecuencia del mismo, el incremento de forasteros, bien en régimen de transeúnte o como nuevos residentes". "Este contexto social y económico repercute también el incremento de los riesgos relativos a la delincuencia", resalta finalmente el escrito.

Quejas vecinales

Además de las preguntas parlamentarias, el inicio de las obras ha provocado ya la movilización de una parte de lo habitantes del pueblo que se oponen a las mismas y que denuncian supuestas irregularidades urbanísticas. Estos vecinos, que el próximo 4 de septiembre compareceran en una comisión del Parlamento de Pamplona para exponer sus quejas, han presentado cuatro instancias ante el Consistorio para reclamar información sobre el proceso de concesión de la licencia para la construcción de este edificio como paso previo a la presentación de una demanda ante los tribunales. Con la primera reclamaron la entrega del expediente de cesión de terrenos a la Secretaría de Estado de Seguridad. Con el segundo, los informes elaborados por el consistorio para la concesión de la licencia de obras. Con el tercero, la propia licencia de obras. Y, finalmente, con la cuarta exigieron la paralización y suspensión de los trabajos ya en marcha.

Vecinos opuestos al proyecto expondrán el 4 de septiembre en el Parlamento navarro su denuncia de supuestas irregularidades urbanísticas en las obras de la nueva casa cuartel

En uno de estos escritos, los vecinos aseguraban que la licencia "ampara una infracción grave o muy grave por incumplimiento de la normativa urbanística de Fitero de forma claramente manifiesta". En concreto, detallaban que el proyecto prevé la construcción de cinco viviendas unifamiliares para los agentes destinados en el cuartel cuando la parcela donde se está levantando la instalación está clasificada en el Plan Municipal como dotacional de equipamiento público y, por tanto, la normativa limita el espacio para casas "a una sola vivienda de 100 metros cuadrados con destino a guardia de las instalaciones". Además, consideraban que tampoco se ha tenido en cuenta "la prohibición de no permitir el cambio de uso de equipamiento a residencial".

El alcalde ya descartaba hace mes y medio a este diario que se fueran a paralizar los trabajos. Pachi Yanguas ha insistido siempre en que no existe ninguna irregularidad ni se ha hecho ninguna excepción con esta construcción. "Es una licencia de obra más, con sus informes jurídicos favorables", aseguró a Vozpópuli antes de recalcar que "jamás nos hemos apartado de la legalidad y menos aún en una obra emblemática como ésta en la que, además, las arcas municipales han ingresado más de 83.000 euros".


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