Publicado: 02/10/2014 04:00
El Ministerio del Interior quiere acabar con los 'atascos' en las investigaciones de corrupción y blanqueo. Para ello, prepara la creación de un grupo especial en el Cuerpo Nacional de Policía que se encargará en exclusiva de analizar, organizar y estructurar la ingente cantidad de documentos en formato físico y digital que es habitual intervenir en los registros domiciliarios que se efectúan durante estos casos. Así lo detalla Jorge Fernández Díaz en "la memoria de objetivos" que acompaña a los presupuestos de su departamento para 2015. El nuevo grupo, bautizado de "Tratamiento de la Documentación", dependerá de la Brigada de Blanqueo de Capitales, integrada a su vez en la célebre UDEF. El objetivo de sus integrantes será dejar el material contable incautado listo para su utilización por parte de los compañeros y, así, "agilizar" las pesquisas.
Estos agentes deberán analizar, organizar y estructurar la documentación contable que se incaute para facilitar la labor de sus compañeros
Interior incluye la creación del Grupo de Tratamiento de la Documentación dentro de sus planes para incrementar "la lucha contra los delitos contra el patrimonio, contra el blanqueo de capitales y la corrupción". Entre éstos se encuentra también la pretensión de que la Policía entre a formar parte de la Red AMON (siglas en inglés de la Red Operacional contra el Lavado de Dinero) junto a otros países de la Unión Europea. Además, el equipo de Fernández Díaz quiere crear un "fichero de Titularidades Financieras", ya previsto en una ley de 2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, pero que cuatro años después aún no se ha puesto en marcha. Por último, quiere "fomentar el uso de todo el potencial de inteligencia financiera del que se dispone en la actualidad como herramienta esencial".
La propuesta de creación del nuevo grupo policial coincide en el tiempo con el colapso que han sufrido los servidores informáticos de los Juzgados de Sevilla, entre otros motivos, por los más de dos millones de folios de documentación que la magistrada Mercedes Alaya ha incorporado al sumario que instruye sobre el fraude en los cursos de formación en Andalucía. Este caso, que está aún en su fase inicial, apunta a que superará con creces todos los records en lo que se refiere a volumen de papeles contables a analizar, ya que se espera que en los próximos meses lleguen también al sumario otros tres millones de folios. La causa cuenta ya con dos exconsejeros andaluces imputados.
Los 118.000 'emails' del caso Bárcenas
Tampoco las investigaciones de la Audiencia Nacional se libran de estos atascos. En el 'caso Bárcenas', la Policía sufrió a finales del año pasado y principios de 2014 uno de estos colapsos que le retrasó durante meses la redacción de varios informes que reclamaba el juez Pablo Ruz. De hecho, en febrero los agentes se vieron obligados a remitir un escrito al magistrado en el que esgrimían precisamente la ingente cantidad de documentación intervenida en el registro que se había hecho en la sede del estudio de arquitectura que había realizado las obras de remodelación de la sede del PP bajo sospecha para justificar el retraso en enviarle el análisis de la misma.
En el 'caso Bárcenas', la Policía tardó más de 100 días en 'filtrar' los documentos e 'emails' intervenidos al arquitecto que reformó la sede del PP
En aquel informe, los agentes detallaban que habían tardado cerca de un mes sólo en hacer "un filtrado selectivo de la información contenida” en la decena de dispositivos informáticos intervenidos, y que incluían ‘pendrives’, CD, tabletas, discos duros y ordenadores. La Policía añadía que una vez realizada esa labor, tuvieron que dedicar otros dos meses más a procesar los numerosísimos 'emails' que se intervinieron en el servidor de la compañía y que pertenecían a 25 cuentas de correos electrónico distintas. Su volumen obligó a los policías a utilizar dos discos duros de uno y dos terabites para su almacenaje.
“Se han tratado más de 118.000 correos electrónicos, por lo que se ha procedido por esta Unidad a realizar un tratamiento de extracción, conversión a un formato legible para los ordenadores de la unidad investigadora [UDEF] y eliminación [de] duplicados de los correos electrónicos”, detallaba el informe que daba cuenta de que finalmente habían podido entregar toda esta información a sus compañeros del Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales nada menos que 103 días después de haberse intervenido.
En el 'caso Gürtel', la Policía dedicó un año a clasificar y tener lista para su estudio la información contable incautada en domicilios de la trama
Algo parecido, pero a mayor escala, ocurrió con el 'caso Gürtel'. El juez Ruz terminó metiendo prisa a la UDEF en diciembre de 2013 para que le entregara hasta siete informes "globales" sobre la documentación intervenida en los registros realizados cinco años antes en diferentes viviendas y oficinas ligadas a la trama de Francisco Correa. La Policía le explicó entonces al magistrado que se tardó casi un año en tener clasificada y disponible para su estudio toda la documentación debido a lo abundante de la misma. Una situación que Interior quiere evitar que se repita a partir de ahora con la creación del Grupo de Tratamiento de la Documentación.
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