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El Gobierno se enroca y rechaza justificar los indultos pese al clamor de la oposición

El PP esgrime que "en muchos casos el motivo afecta a la esfera íntima, personal, familiar o médica". Los populares tumban una iniciativa de UPyD, apoyada por PSOE, la Izquierda Plural y Amaiur, que exigía al Ejecutivo detallar las razones de la concesión de la medida de gracia. Afirman que Justicia sólo atiende el 7% de las 7.000 solicitudes que recibe al año.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. GTres

No hay visos de cambio normativo pese a la indignación social. El Gobierno confirmó este martes que no está dispuesto a revisar la ley del indulto ni a fijar mecanismos de mayor transparencia sobre esta medida de gracia. Y lo hizo a través de la posición que adoptó el PP en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde tumbó una iniciativa de UPyD que exigía al Ejecutivo motivar las razones de su concesión no sólo en sede parlamentaria, sino también en las correspondientes resoluciones que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La proposición no de ley del partido de Rosa Díez, que pedía también aumentar el control de las Cortes sobre la prerrogativa y arbitrar la posibilidad legal de recurrir ante lo contencioso-administrativo por parte de la Fiscalía, las acusaciones o los perjudicados u ofendidos, recibió 25 votos en contra, 15 a favor y dos abstenciones. Tanto PSOE como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Amaiur apoyaron expresamente la propuesta, mientras que CiU se mostró favorable en el fondo, aunque no compartió los términos en los que había sido planteada. “Al calor de casos determinados que han alarmado a la sociedad y de forma parcheada”, matizaron los nacionalistas.

El debate en la Cámara Baja tuvo lugar al día siguiente de que el Ejecutivo otorgara doce indultos y en plena oleada de peticiones polémicas como las del exministro y expresidente balear, Jaume Matas, condenado a nueve meses de cárcel en la primera pieza del caso Palma Arena; el expresidente del Sevilla Fútbol ClubJosé María del Nido, el exalcalde popular de Torrevieja Pedro Hernández Mateo (el TSJ valenciano ha suspendido su ingreso en la cárcel hasta que el Ejecutivo resuelva) y el extorero José Ortega Cano (la Fiscalía de Sevilla se opondrá a la medida de gracia).

En su defensa de la proposición no de ley, Rosa Díez denunció cómo los distintos gobiernos han utilizado de forma "espuria" la prerrogativa del indulto por "inconfesables" motivos que, en su opinión, "no tienen que ver" con la verdadera finalidad de la medida. "Fueron otorgados para compensar determinados favores o beneficiar a cargos públicos o empresarios vinculados al poder", subrayó. Así, recordó lo sucedido con el banquero Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco Santander, a quien el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indultó en su último Consejo de Ministros.

La líder magenta hizo lo propio con el actual Ejecutivo del PP y reprochó que atendiera la solicitud del ex alto cargo de la Generalitat Josep María Servitje Roca, condenado en 2009 por prevaricación y malversación de fondos públicos en el caso Trabajo. Igualmente, Díez se refirió a los indultos que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a cuatros mossos d'Esquadra que torturaron a un ciudadano rumano.

Así, la portavoz de UPyD manifestó que este proceder no sólo transmite una imagen de "absoluta arbitrariedad, desprestigiando la política y a la propia Administración", sino que traslada a la ciudadanía la idea de que la Justicia "no es igual para todos, sino que perviven ciertos espacios de impunidad".

El PP apela al valor de la gracia

Por su parte, el diputado del PP Francisco Molinero justificó la postura del Gobierno a detallar las razones del indulto en que "en muchos casos el motivo afecta a la esfera íntima, personal, familiar o médica". Aportar más datos sobre su concesión, argumentó el parlamentario popular, "equivaldría a suprimir la prerrogativa de gracia y transferir su control a los órganos judiciales". Asimismo, Molinero minimizó la asiduidad con que el Ejecutivo atiende tales solicitudes (el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ha acelerado los plazos para no demorar la resolución más de un año) y precisó que Justicia “sólo concede el 7%" de las 7.000 peticiones que recibe al año.

Por su parte, el portavoz del PSOE en Justicia, Julio Villarrubia, enfatizó que la "discrecionalidad no puede ser sinónimo de arbitrariedad" y emplazó a los populares a que eviten dar la sensación de impunidad para “los delincuentes de cuello blanco". En su turno, el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares lamentó que el indulto sea la "válvula de escape de la corrupción política o el poder económico". "Es una perversión que habla de una Justicia de primera y de segunda", concluyó.


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