HACIENDA ACUSA AL PP DE FALTA DE COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

Hacienda denuncia que el PP trucó las fechas de su reforma de Génova para evitar el pago de impuestos

El Partido Popular no sólo facturó en negro la reforma de su sede para evitar pagar impuestos como el IVA. Según constata Hacienda, también trucó las fechas de las reformas para evitar pagar impuestos en los ejercicios que le correspondían. Los peritos de Hacienda concluyen que “la facturación se produce en ejercicios diferentes a la entrega de la obra lo que podría tener efectos fiscales “. 

El PP trucó las fechas de la reforma de su sede de Génova para evitar el pago de impuestos
El PP trucó las fechas de la reforma de su sede de Génova para evitar el pago de impuestos EFE

El Partido Popular no sólo facturó en negro la reforma de su sede para evitar pagar impuestos como el IVA. Según constatan los peritos de Hacienda, el PP también trucó las fechas de las reformas para evitar pagar impuestos en los ejercicios que le correspondían. Los expertos de la Agencia Tributaria concluyen que "la facturación se produce en ejercicios diferentes a la entrega de la obra lo que podría tener efectos fiscales" en un informe fechado el pasado 11 de julio y entregado a la Fiscalía pero que el Ministerio Público no había incorporado a la causa hasta ahora. 

Según relata ese informe, hay al menos dos años en que se trucaron las fechas para simular que las obras se realizaban en otro ejercicio y evitar así el pago de impuestos: 

  • Planta 2ª, cuatro meses y medio después de su entrega (entregada en 2007 y facturada en 2008)
  • Planta 5ª, mes y medio después de su entrega (entregada en 2007 y facturada en 2008)

La manipulación de fechas que constatan los expertos de la Agencia Tributaria podría suponer un delito fiscal por partida doble, puesto que traslada gastos y ganancias de un ejercicio al siguiente ya que -concluye ese informe- el "Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra debería tener como base imponible el coste real de la construcción u obra ejecutada". Igualmente, puede haber incurrido en ese mismo fraude el arquitecto que habría evitado pagar el Impuesto de Sociedades que le correspondía en las fechas en las que realmente se ejecutó la obra. 

No consta que Hacienda haya abierto ninguna investigación al respecto, pese a que un primer correo electrónico intercambiado entre el arquitecto Gonzalo Urquijo y el gerente del partido fue publicado por el diario El Mundo en diciembre de 2013 y sugería exactamente esa maniobra: "Sé que nos hicisteis el favor de cambiar la fecha de la factura con el fin de no penalizarme (...) y os lo agradezco porque estamos un poco asfixiados", decía Urquijo al propietario de la cuenta de correo cpv@pp.es al que la Policía identifica como Cristóbal Paez. Ahora, se incorpora un segundo correo en el que se hace constar que hay obras terminadas desde hace un año y no facturadas y en el que se solicita al PP que pague algún porcentaje, "hasta el 90%" se le pide, por los problemas de tesorería que genera esa práctica de trucar las fechas de las obras para retrasar los pagos a otros años.

Los peritos que colaboran con el juez Ruz cifran entre un 8 y un 10% el dinero defraudado en la reforma de la sede de Génova hasta sumar un total de 1.072.000 euros. 

Falta de colaboración del PP

Los peritos de Hacienda denuncian de forma poco sutil la falta de colaboración del PP con la investigación. De hecho, subrayan constantemente que el propio arquitecto ha remitido a los técnicos de la Agencia Tributaria más información que el propio partido al asegurar que "Unifica ha facilitado la documentación justificativa de la realización de la sede del PP en la calle Génova 13" mientras que añade que "el PP ha entregado algunas certificaciones de obra" únicamente. 

"La facturación se produce en ejercicios diferentes a la entrega de la obra lo que podría tener efectos fiscales", concluyen los peritos

"¿Cómo es posible esta circunstancia?", se llegan a preguntar los peritos que constatan que "el PP no contabilizó ninguna de las dos facturas" y que protestan porque, según concluyen, "se ha puesto de manifiesto que no siempre contamos con información completa de los años 2005 a 2012". 

Ante esa falta de información, los técnicos que trabajan al servicio del juez Ruz plantean como conclusión que "podría ser interesante solicitar la documentación" referida a los certificados de la reforma, una información que obra en manos del Ayuntamiento de Madrid, lo que puede terminar dejando en manos de Ana Botella algunas de las pruebas que incriminan al PP. 


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