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Hacienda ordena devolver 10,1 M. a la UE tras detectar irregularidades en la concesión de obras en Orense

El ministerio de Hacienda ha dado orden de iniciar un expediente de reintegro de fondos por las irregularidades detectadas en las adjudicaciones de depuradoras de agua de la Diputación de Orense, según ha sabido Vozpópuli. Cristóbal Montoro ha dado orden a la Fiscalía de que investigue los expedientes tras recibir la denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

El ministerio de Hacienda ordena devolver 10,3 millones de euros a la UE
El ministerio de Hacienda ordena devolver 10,3 millones de euros a la UE EFE

El ministerio de Hacienda ha iniciado un expediente de reintegro para que se devuelvan a la Unión Europea fondos por valor de 10,12 millones de euros, según han revelado a Vozpópuli fuentes del ministerio. La orden de devolver esos fondos viene directamente del ministro Cristóbal Montoro después de una denuncia de la OLAF (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y pese a que la Diputación de Ourense negara esos cargos. El ministerio tiene previsto efectuar oficialmente ese reintegro en las próximas semanas y pretende reclamar esos fondos a la Diputación de Ourense, presidida por Manuel Baltar, incluso a través de los tribunales. 

La orden de Hacienda llega tras detectar irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en, al menos, dos proyectos concretos, Daredo y Deputrans, que han sido ya trasladadas a la Fiscalía. 

  • El proyecto Deputrans fue aprobado con un cose total de 1.666.667 euros y una ayuda de los fondos Feder de 1.250.025 euros que deberán ser devueltos, según fuentes de la Secretaría General de Coordinación Autonómica
  • El proyecto Daredo recibió luz verde con un coste total de 11.889.600 euros del que 8.917.200 deben ser devueltos porque corresponden a ayudas 

La Dirección General de Fondos Comunitarios inició ese expediente de devolución de fondos el pasado día 6 de septiembre de 2013 pero la orden de pago se ha retrasado porque la Abogacía del Estado ha planteado si debe suspenderse la vía administrativa para abrir, directamente, una causa penal contra los responsables de la concesión de contratos. Igualmente, el expediente de devolución de fondos ha sufrido también retrasos porque el organismo responsable de las adjudicaciones, la Diputación Provincial de Ourense, ha presentado una larga batería de alegaciones que las fuentes conocedoras del expediente califican de "ridículas".

Cristóbal Montoro, indignado

Las irregularidades han provocado estupor incluso en el ministro de Hacienda que ha transmitido su malestar a los grupos de la oposición que le han preguntado por las denuncias de la OLAF. Nadie en el Gobierno central duda de las irregularidades denunciadas.

Hacienda deberá reintegrar a la UE los fondos en las próximas semanas. Será ahora el ministerio el que deba adelantar un dinero que la UE considera malgastado y concedido irregularmente. Sólo después de devolver los fondos a Bruselas, el Ejecutivo español podrá reclamar ese dinero a la Diputación de Ourense. Hacienda puede forzar a la Diputación a devolver esos 10,1 millones de euros tras un proceso judicial porque el organismo, previsiblemente, interpondrá un recurso judicial contra la decisión del ministerio. Según ese procedimiento, Hacienda podría reintegrar a la UE esos 10,1 millones de euros en las próximas semanas pero tardaría años en que la Diputación de Ourense le devuelva esos fondos.

Los Baltar bajo sospecha... otra vez

Los tribunales gallegos archivaron primero esas denuncias, en el año 2009. Sin embargo, han citado ahora de nuevo a declarar a algunos de los implicados, como el técnico que redactó los pliegos de concesión, Javier Bobe. Según su declaración ante el juez, fue el histórico José Luis Baltar, padre del actual presidente de la Diputación y conocido como el "cacique bueno", el que dictó los términos en que debían elaborarse los pliegos para conseguir las adjudicaciones. Sin embargo, Bobe niega que las fechas cambiadas con típex respondan a la intención de ocultar que los trabajos fueron encargados antes de su adjudicación, como denuncia la OLAF y aseguró que el typex fue sólo utilizado para corregir un error.

La causa no sólo salpica a la vieja guardia del PP gallego sino que llega también al nuevo gobierno de Núñez Feijoo, cuyo vicepresidente y entonces delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, también está imputado por irregularidades en fondos europeos cuando era alcalde de Arnoia.

las conclusiones de la olaf: 

La Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE considera que hubo múltiples irregularidades en el proceso de adjudicación de obras de las 104 depuradoras de Ourense.

En el informe que remitió al Ejecutivo, denunciaba existían indicios de "prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental" y pedía al Ejecutivo español que diera traslado de esas sospechas a la Justicia. 


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