Publicado: 12/12/2013 04:00
El ministro de Hacienda ha encontrado la fórmula para apagar las denuncias de los inspectores: concederles una escala de retribuciones propia y un estatuto que constituye su reivindicación histórica. Cristóbal Montoro ha ofrecido a los grupos parlamentarios pactar un estatuto orgánico de la Agencia Tributaria que definiría la escala, posiciones directivas y retribuciones al margen de las demás Administraciones Públicas.
Los inspectores, que hasta la semana pasada habían denunciado “injerencias políticas”, han aplaudido la medida de Montoro, una medida pendiente desde el año 1990 y que los sindicatos de la inspección habían reclamado a los grupos parlamentarios desde el año 2006 con la reclamación de que se fije un “régimen jurídico, de incompatibilidades y retribuciones” propio.
La Agencia Tributaria ganaría capacidad presupuestaria y de reparto de cuestiones clave como las llamadas “bolsas de productividad”. Pese a que a día de hoy, la Agencia fija sus retribuciones al margen de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), ese organismo –en cuya comisión ejecutiva se sientan también responsables de Vicepresidencia y el Ministerio de Economía—sigue controlando la “denominación y características esenciales de los puestos de trabajo y en los requisitos para su desempeño”, así como “las modificaciones de complemento de destino y específico de los puestos de trabajo incluidos en la relaciones iniciales y de asignar dichos complementos a los nuevos puestos”.
El anuncio del ministro supone una sorpresa económica para el sector pero altera, también el orden político de la reforma que planeaba el Ejecutivo. Vicepresidencia del Gobierno debía aprobar en primer lugar un nuevo estatuto general del empleado público, un texto pendiente de reforma desde abril de 2007, antes de comenzar a regular los distintos sectores de la Administración Pública.
Una petición histórica del colectivo de inspectores
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado remitió en el año 2006 un documento a los grupos parlamentarios en el que pedía precisamente un estatuto orgánico en el que se definieran:
- El nombramiento del Director de la AEAT. Debería ser designado por el Parlamento con una mayoría cualificada, fijándose un periodo de duración del cargo de cinco años.
- La participación efectiva de las Comunidades Autónomas en sus objetivos.
- Las fuentes de financiación que la doten de autonomía financiera.
- El régimen jurídico de los funcionarios, carrera profesional, régimen de incompatibilidades y retribuciones
Primero explicaciones, luego comisiones de estudio
La creación del estatuto orgánico de la Agencia Tributaria ha sido definido como la “segunda cortina de humo” por el portavoz de Hacienda de la oposición, Pedro Saura, que asegura que los socialistas quieren “primero explicaciones sobre las injerencias políticas en expedientes concretos y después hablamos de estatutos”. “Estamos en otra fase”, concluye Saura.
Cristóbal Montoro asegura que "jamás" ha habido injerencias políticas y asegura que ese nuevo texto legal definiría "cómo se hacen los nombramientos, cómo se ocupan los cargos y en función de qué mérito" pero también “reforzaría los procedimientos para evitar unas filtraciones que no son ‘admisibles’ ni ‘tolerables’”. El PSOE –que intentó aprobar un estatuto similar en el año 2006—sostiene que el Gobierno y el resto de los grupos “podemos estar hablando de cosas distintas” cuando se habla de nombramientos e independencia en Hacienda.
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