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Inspectores de Hacienda piden un plan para vigilar a los políticos y a los partidos

La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido a la Agencia Tributaria un plan específico de inspección de los representantes políticos y que se lleve a cabo un seguimiento patrimonial especial de las personas condenadas por corrupción.

La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido hoy a la Agencia Tributaria que lleve a cabo un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las administraciones y en todos los partidos. Así consta en un documento presentado por el presidente de la IHE, Ransés Pérez Boga, y el expresidente José María Peláez, en el que se subraya que esta petición, hecha ya hace cinco años, cobra especial fuerza en la situación actual.

Pérez Boga ha asegurado que esta inspección sobre los políticos debería tener carácter de permanencia e incluirse todos los años en el Plan de Control Tributario. En su opinión, con ello se demostraría que España posee un sistema tributario que es justo y que afecta por igual a todas las personas. También ha incidido en que los políticos deben dar ejemplo de transparencia, "ya que van a jugar con el patrimonio de todos", por lo que la IHE pide que se haga un seguimiento patrimonial especial por parte de la Agencia Tributaria de las personas condenadas por corrupción.

El informe califica de "inapropiada" la actuación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al insinuar que determinados colectivos no cumplen con sus obligaciones fiscales.

Propuestas para financiar el plan

Asimismo, los Inspectores han ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de que los funcionarios de este organismo trabajen horas extraordinarias hasta que cubra las plazas de la oferta anual de empleo público. A su juicio, este plan permitiría obtener importantes ingresos tributarios procedentes de la lucha contra el fraude.

Los Inspectores proponen que, para que no suponga un coste adicional para el Estado, el pago de esas horas salga de la percepción del porcentaje del 5% de los ingresos liquidados que recibe la Agencia Tributaria. Así, de cada 100 euros de los ingresos obtenidos, 95 se destinarían a reducir el déficit y los 5 restantes a financiar ese coste.

El documento destaca que se somete a una vigilancia exhaustiva a las rentas del trabajo, mientras que tiene graves deficiencias el seguimiento de las rentas de actividades económicas en general y de los grandes grupos económicos y el fraude sofisticado en particular. A este respecto, sostiene que la falta de medios para comprobar a las grandes empresas supone una amnistía fiscal de hecho.

La IHE considera que la imposición de un número "excesivo" de inspecciones produce efectos muy negativos, ya que muchas actuaciones terminan regularizando sólo los incumplimientos más visibles del contribuyente.

Los Inspectores critican, dentro de la tipificación del delito fiscal, que en la práctica el defraudador siempre tenga la posibilidad de no ingresar en prisión si paga el importe defraudado, aunque ya esté imputado. Subrayan que incluso se le puede imponer sólo una pena de prisión de 3 a 6 meses y una multa del 25 al 50%, importe menor al que se le hubiera impuesto por vía administrativa.

Por otra parte, Pérez Boga se ha mostrado a favor de publicar una lista en la que figuren los principales defraudadores y los grandes morosos. Además, ha insistido en las críticas a la "desafortunada" amnistía fiscal por ir en contra de la conciencia fiscal de los contribuyentes que sí cumplen.


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