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Anticorrupción rechaza cruzar los concursos concedidos por Fomento con las donaciones ilegales: "Habría que emplear numerosos funcionarios"

El fiscal argumenta que el número de expedientes solicitado superaría los 2.000, por lo que "la recopilación, copia y posterior examen de tan ingente cantidad de documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso en la instrucción por un tiempo no definido".

Francisco Álvarez Cascos entrando a la Audiencia Nacional por la supuesta contabilidad B del PP
Francisco Álvarez Cascos entrando a la Audiencia Nacional por la supuesta contabilidad B del PP G3digital

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado por "inútil, impertinente y perjudicial" la petición realizada por la asociación Observatori DESC para que el Ministerio de Fomento entregue los expedientes de los concursos entre 1990 y 2012 que suscribió con 12 empresas que figuran como donantes en los denominados 'papeles de Bárcenas'.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral argumenta que el número de expedientes solicitado por esta parte superaría los 2.000, por lo que "la recopilación, copia y posterior examen de tan ingente cantidad de documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso en la instrucción por un tiempo no definido pero desde luego superior al año, en el mejor de los casos".

El fiscal sostiene que interfiere en la instrucción de manera negativa pues obstaculiza y enturbia la tramitación con el consiguiente retraso

A juicio del representante del Ministerio Público, esta diligencia sólo estaría justificada por "la existencia de indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos y la probabilidad de obtener elementos incriminatorios que afiancen y den crédito a los mismos".

"La inutilidad e impertinencia resultan obvias respecto de todos los contratos y concesiones comprendidos entre los años 1990 y 2002, por corresponder a periodos temporales que no están afectos a la investigación judicial y, además y en cualquier caso, sí lo estarían por el instituto de la prescripción", señala el escrito.

El Observatori DESC, personado como acusación popular en la causa que investiga la existencia de una presunta contabilidad B del PP, solicitó en concreto "copia auténtica de la integridad de los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos" por Fomento con Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr Vallehermoso, Azvi, Sedesa, Copasa, Copisa, Aldesa, FCC, Urazca y Rubau así como cualquiera de "sus predecesoras, sucesoras, subsidiarias y empresas participadas".

"Incoherente y sin reflexión"

De igual modo, el fiscal defiende que los hechos investigados habrían prescrito respecto de cada una de las empresas "en aquellos periodos temporales no afectados por las querellas, al no existir anotaciones de ingresos por supuestas donaciones en los documentos manuscritos que constituyen, según el imputado Luis Bárcenas, la contabilidad B del Partido Popular".

Romeral también señala que la petición, formulada "de manera expansiva en cuanto al tiempo y las sociedades afectadas y restrictiva en cuanto al organismo contratante o concedente al limitarla al Ministerio de Fomento", nace a partir de "un planteamiento incoherente o al menos formulado sin la necesaria reflexión, que conduce a una diligencia más propia de una investigación de hechos concretos con indiciaria relevancia penal".

También tacha de "incoherente" la petición porque la parte "no explica" qué datos de los expedientes considera necesarios para establecer el "nexo" entre las donaciones y los supuestos fines que las mismas perseguían.

"Si lo que le interesa a la parte y entiende que puede resultar eficiente para la investigación son datos determinados, debería decir cuáles son, evitando así la aportación de documentación innecesaria y costosa en su obtención que interfiere en la instrucción de manera negativa pues obstaculiza y enturbia la tramitación con el consiguiente retraso", sostiene Romeral.

Tras recordar que en la causa ya obra numerosa documentación sobre los contratos y adjudicaciones investigados, el fiscal destaca la necesidad de esperar a los informes periciales encargados para determinar "la procedencia y necesidad de incorporar, de forma ordenada y coherente, otros datos y documentos distintos a los sometidos a su examen".


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