Publicado: 25/01/2014 04:00
Una especie de conjura protagonizada por miles de vecinos madrileños y por el Gobierno central, del PP, está atrapando a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, también administrada por el Partido Popular desde hace casi 20 años. Por un lado, unas 40.000 familias madrileñas reclaman a la región el abono de las subvenciones prometidas por la rehabilitación de sus viviendas (impagos que se vienen produciendo desde nada menos que 2001). Por otro, el Ministerio de Fomento, que es el que ha entregado todo este tiempo a la comunidad el grueso de dichas subvenciones, exige saber adónde han ido a parar casi 100 millones de euros supuestamente destinados para tal fin.
No solo eso: además de conocer el paradero del dinero, el ministerio de Ana Pastor ha dado un ultimátum a Ignacio González, advirtiéndole de que sin información los fondos a la vivienda quedarán suspendidos. Una virulencia que sobrepasa al anterior Ejecutivo socialista, que nunca se empeñó a fondo en saber si las partidas de Fomento llegaban a los residentes, normalmente vecinos mayores que viven en casas con más de 30 años. De hecho, esta lid abre un capítulo más del enfrentamiento larvado entre González y Mariano Rajoy, dos dirigentes que no se soportan.
El conflicto de las subvenciones a la rehabilitación abre un capítulo más de la guerra larvada entre González y Rajoy
Aunque Esperanza Aguirre eliminó estas y otras ayudas similares en julio de 2012 (cheque vivienda, ayudas para instalar ascensores), poco antes de dimitir, se vienen constatando impagos de 2001 a ese año (cuando gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón). El proceso funciona de la siguiente manera: normalmente, la comunidad autónoma correspondiente declara una Zona de Rehabilitación Integral (ZRI), que puede ir desde la reforma de las fachadas hasta el cambio de las antiguas bañeras por platos de ducha. El 40% del coste lo asume Fomento, otro 40% los vecinos y el 20% restante la Consejería de Vivienda.
El problema es que el Gobierno regional canaliza todas las ayudas. Y que los vecinos adelantan todo el coste de las obras: una vez declarada la ZRI, hay que pagar a los arquitectos para redactar el proyecto, y conseguir después el visado y la calificación provisional (que más adelante será definitiva). Todo eso hay que abonarlo.
Así, miles de vecinos no han recibido o parte o toda la subvención que debieran, algo que afecta drásticamente a barrios antiguos y con mayoría de residentes en edad avanzada, caso de las colonias de San Ignacio de Loyola (Cuatro Vientos) y de San Agustín (Vallecas). “Algunos vecinos han tenido que pedir hipotecas porque la comunidad no les ha dado lo que les fue designado en su día”, denuncia el diputado autonómico Antonio Fernández Gordillo (PSM).
La Comunidad ha ordenado archivar “por causa sobrevenida” muchas de estas partidas, y así no pagar
Los socialistas se han interesado por el asunto. Han ayudado con los gastos de abogacía y Tomás Gómez visitó personalmente la Colonia de San Agustín en octubre. “La actuación del Gobierno regional es escandalosa e indecente, y revela una incapacidad auténtica para gestionar las ayudas. Estamos hablando de casi 40.000 familias”, insiste Fernández Gordillo.
La última jugada del equipo de González ha sido la de dar “órdenes de archivo por causa sobrevenida en algunas subvenciones”, lo que significa que la Comunidad tratará de no pagar muchas ayudas, siempre que los jueces no acaben diciendo lo contrario. Miles de vecinos pueden verse ahora desamparados, aunque cuentan con un aliado inesperado, el Gobierno de la Nación.
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