Publicado: 17/07/2013 12:27
La visita oficial que Don Juan Carlos realiza estos días a Marruecos vuelve a provocar recelo entre asociaciones defensoras de los derechos humanos. El viaje de negocios emprendido por el monarca, junto a una nutrida delegación de ministros, ex cancilleres y empresarios, llega apenas unos meses después de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibiera en abril a su homólogo marroquí, Abdeltif Loudyi, y le acompañara hasta la factoría Urovesa en Santiago de Compostela (A Coruña), firma dedicada a la fabricación de vehículos militares de gran tonelaje y capacidad. Allí, asistieron a una demostración práctica del último blindado Vamtac 3.5 (Vehículo de alta movilidad táctica) en un circuito de pruebas, todoterreno por el que se había interesado el ministro de Defensa marroquí. Estos hechos no pasaron inadvertidos para activistas prosaharauis, que acaban de presentar una denuncia para paralizar dicha operación al suponer, a su juicio, un quebranto de tratados internacionales contra la venta de armas suscritos por España, que impiden transacciones con países donde existen tensiones o conflictos internos. Estos vehículos están capacitados para el transporte de material bélico y pueden ser equipados con ametralladoras, misiles anticarro o lanzagranadas.
Los carros Vamtac 3.5 de última generación, fabricados por la empresa gallega Urovesa, están capacitados para el transporte de material bélico y pueden ser equipados con ametralladoras, misiles anticarros o lanzagranadas
Si bien estas transacciones se realizan bajo secreto oficial (sólo se informa al Parlamento una vez efectuadas) y cláusulas de confidencialidad, los promotores de esta denuncia declararon a Vozpópuli que el expediente previo a la materialización del acuerdo “ya se ha completado o está muy avanzada su tramitación”. En concreto, es la Secretaría de Estado de Comercio, órgano dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, la encargada de elaborar dicho expediente y autorizar la venta. El responsable de la misma es Jaime García Legaz. Formando parte de la expedición española al país norteafricano se encontraba ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, también con competencias en la materia, ya que el pasado junio firmó en la sede de Naciones Unidas el Tratado de Comercios de Armas con el que se va a regular a escala global, más de 60 países lo suscriben, el tráfico internacional de este sector.
Desde el Ministerio de Defensa negaron a este diario que hubiera avances tras la visita de Loudyi a las instalaciones de Urovesa. Su titular, Pedro Morenés, acudió ayer por la mañana a la entrega de los Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Escuela Naval de Marín (Pontevedra). Su inasistencia a la cita de Rabat, en relación a esta venta de blindados, es interpretada como una muestra de lo avanzando que se encontraría ya la operación. Igual ocurre con la no presencia en la comitiva española del presidente de Urovesa, José Sierra, quien ya en abril mostró en persona a Loudyi las avanzadas prestaciones del Vamtac 3.5. En cambio, responsables de otras empresas del sector, como Indra o Iberia Mantenimiento, sí viajan junto al Rey.
Una negocación amplia
Desde las plataformas denunciantes (CEAS-Sáhara, Justicia i Pau, Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara y los Observatorios asturiano y aragonés para el Sáhara), consideran, a través del portavoz Francisco Serrano, que si el ministro marroquí se desplazó hasta la fábrica de vehículos militares en Santiago de Compostela hace unos meses “no fue sólo para chequear los blindados”. Asimismo, Serrano señala que una visita de tal trascendencia “obedece a una negociación amplia”, por lo que la cantidad de vehículos Vamtac a importar por parte de Marruecos será “considerada”.
La relación de la empresa gallega con el Gobierno marroquí no es nueva, pues ya a finales de 2006 cerró la venta de 1.200 Vamtac similares a los utilizados por las tropas españolas desplegadas en Afganistán o Líbano. En aquella ocasión, España también vendió al Ejército marroquí cerca de 800 camiones militares, la mayoría fabricados también por Urovesa. El importe de la operación rondó los 200 millones de euros.
Las asociaciones denunciantes critican que, a pesar de que en el año 2011 el Gobierno acordó oficialmente la suspensión temporal de cualquier exportación de material de defensa a países del Norte de África envueltos en las revueltas de la primavera árabe, se permitió el envío al Reino de Marruecos de aeronaves categoría 10 valoradas en 1.529.901 euros con destino a las Fuerzas Armadas marroquíes y material de doble uso por importe de 1.580.858 euros. Además, apuntan que el Ejecutivo autorizó la exportación de material de defensa correspondientes a la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles y otros productos y tecnologías de doble uso por un importe total de 2.352.444 euros.
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