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Los exaltos cargos ya no cobran de los fondos reservados, sino de Consejos de Administración

El fichaje supuestamente irregular de Mikel Cabieces en Kutxabank por 243.600 euros ha vuelto a desatar la vieja polémica sobre qué hacemos con los exaltos cargos vinculados a la lucha antiterrorista.

Un fichaje no muy regular de un exalto cargo en Kutsabank ha propiciado todo un complejo expediente judicial.
Un fichaje no muy regular de un exalto cargo en Kutsabank ha propiciado todo un complejo expediente judicial. EFE

¿Fue Jaime Mayor Oreja quien medió para que Kutxabank contratara de forma supuestamente irregular a Mikel Cabieces, delegado del Gobierno en Euskadi en el último gobierno de Rodríguez Zapatero? Ésa es la pregunta que se formula la fiscal Carmen Adán, que está investigando la denuncia del actual presidente de la caja vasca, Gregorio Villalabeitia, contra la decisión adoptada por su antecesor en el cargo, Mario Fernández, de pagar casi seis mil euros mensuales a Cabieces tras cesar en la delegación del Gobierno en Euskadi, según ha informado profusamente Vozpópuli.

Ahora bien, en el fondo, lo que los juzgados vuelven a dilucidar otra vez con este caso es el controvertido asunto de los fondos reservados y de su uso para propiciar una salida profesional a los altos cargos que, por la peligrosidad que conlleva el puesto que han ocupado, no pueden volver a su actividad privada anterior; no, al menos, sin una mínima seguridad.

Como se recordará, por ese asunto fueron procesados –y condenados- a finales de los 90 antiguos cargos con responsabilidad en el Ministerio del Interior de Felipe González, como José Barrionuevo y Rafael Vera, entre varios otros que pasaron por el banquillo por ese y otros asuntos, como Julián Sancristóbal o José María Rodríguez Colorado.

Recolocación de dirigentes vinculados al Ministerio del Interior

Desde aquel célebre sumario y su correspondiente sentencia, los sucesivos gobiernos del PP o del PSOE han intentado abrir diferentes vías para recolocar a los dirigentes que son cesados del Ministerio del Interior, de los gobiernos civiles, de las delegaciones del Gobierno, o, incluso, del mando policial. Sobre todo si han tenido una relación más directa con el terrorismo, ya sea el de ETA o más actualmente con el yihadista.

Hay un pacto no escrito según el cual a determinados delegados del Gobierno hay que recolocarlos por su seguridad, y no pagarles de los fondos reservados

Pero en el fondo, la política es la misma: hay un pacto no escrito según el cual a determinados delegados del Gobierno hay que recolocarlos por su seguridad, y no pagarles de los fondos reservados porque podrían ser procesados tanto el pagador como el pagado, como ocurrió a finales del siglo pasado.

Y en este círculo se enmarca la historia concreta que ahora empezamos a conocer de Mikel Cabieces, el que fuera delegado del Gobierno en el País Vasco en el último gobierno de Zapatero. Aunque ETA ya estaba entonces (diciembre de 2011) prácticamente desaparecida, Cabieces podría ser objetivo terrorista y se puso en marcha un plan para garantizarle su seguridad futura. El Gobierno de Rajoy le ofreció un cargo en una embajada, una solución muy socorrida, como ya se hiciera con anteriores delegados del Gobierno en el País Vasco tales como Enrique Villar o Paulino Luesma. Pero Cabieces lo rechazó por motivos personales.

La fiscal quiere conocer el nombre del dirigente del PP que medió para que Cabieces fuera contratado de forma supuestamente irregular por Kutxabank

Por fin, un nombre histórico en el PP vasco le pidió al entonces presidente de Kutxabank, Mario Fernández, que contratara a Cabieces, como así se hizo, por casi 6.000 euros al mes. Pero la contratación no debió ser muy regular, porque el actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, ha puesto todos los datos ante la titular del juzgado de instrucción número 4 de Bilbao, Ana Isabel Álvarez Fernández, y hace apenas unos días Cabieces y Mario Fernández tuvieron que declarar ante la fiscal Carmen Adán.

La fiscal quiere conocer el nombre del dirigente del PP que medió para que Cabieces fuera contratado de esta forma por Kutxabank, y desde el PP se apunta hacia Jaime Mayor Oreja, que por algo conoce muy bien esta problemática de los altos mandos ligados a Interior al haber sido, entre otras cosas, ministro del Interior durante el gobierno de Aznar.

Es probable que el asunto de Cabieces y Kutxabank acabe mal, pero ha tenido la virtud de reabrir el viejo debate: ¿Por qué el Estado no es capaz de ofrecer a este y otros casos similares una cobertura adecuada cuando dejan sus funciones? ¿Por qué los políticos siguen utilizando una institución que no es suya, las Cajas, para solventar ese problema?


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