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Anticorrupción pide imputar a Blesa por inflar su indemnización y las de otros directivos de Caja Madrid

El expresidente de Caja Madrid percibió 2,7 millones de euros de forma irregular a su salida de la entidad en 2010. La Fiscalía le hace responsable de los sobresueldos detectados por el FROB en la caja el pasado diciembre.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, durante una comparecencia ante los medios.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, durante una comparecencia ante los medios. EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción de Madrid Decano imputar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por asignarse una indemnización de 2,73 millones de euros abonada en 2010 y le hace responsable de los sobresueldos derivados del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de la entidad que le fue remitido a finales del pasado mes de diciembre por el FROB.

La Fiscalía especial también solicita la imputación de Ildefonso Sánchez Barcoj, por aquel entonces director general financiero y de medios, al entender que también es responsable junto a Blesa de la aprobación de las retribuciones, del exceso de las aportaciones a los planes de pensiones y de los pagos indebidos en relación con el cese de algunos directivos.

En concreto, la Fiscalía recoge las posibles irregularidades detectadas por el FROB en la cuantía de las indemnizaciones pagadas a cuatro altos directivos de Caja Madrid con motivo de la extinción de su relación de servicios con la entidad, entre los que se encuentra Blesa, quien percibió dicha indemnización por un pacto de "no concurrencia de dudosa eficacia".

Irregularidades

Además, el informe forensic señala que en 2009 se pagaron 2,89 millones al exsecretario del consejo de la Caja Madrid Enrique de la Torre de "manera irregular", parte por el reconocimiento de conceptos no aplicables y parte como consecuencia de haber tomado como base para el cálculo de la indemnización la retribución incrementada "indebidamente" en 2008. Entre las posibles irregularidades detectadas, también se encuentra el pago en 2010 de 1,96 millones a Ricardo Morado por su cese, "sin que se haya podido acreditar el carácter forzoso de su baja, y que no se deberían haber pagado en el caso de que el cese hubiera sido voluntario".


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