LA NUEVA 'MACROCAUSA'

Susana Díaz ayuda a Alaya a tirar de la manta en el fraude de los cursos que salpica a Griñán y Chaves

Giro de 180 grados en la actitud de la Junta con la juez sevillana: un alto cargo nombrado por la lideresa aporta a la Guardia Civil datos claves para destapar las irregularidades en la concesión de ayudas a la enseñanza para parados durante los mandatos de sus 'padrinos'.

El secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán (d), aplaude a la presidenta andaluza, Susana Díaz.
El secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán (d), aplaude a la presidenta andaluza, Susana Díaz. EFE

El radical cambio de actitud de la Junta de Andalucía con las investigaciones de la juez Mercedes Alaya tiene fecha y lugar. El día fue el viernes 4 de julio. El sitio, el número 8 de la Avenida La Borbolla, de Sevilla, donde se encuentran las dependencias centrales de la Guardia Civil en Andalucía. Ese día, un alto cargo del Gobierno de la socialista Susana Díaz acudió a dichas instalaciones del Instituto armado citado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) para ser interrogado como testigo por el fraude en los cursos para parados. Era Carlos Cañavate de León, un joven abogado malagueño que desde hacía sólo nueve meses, tras el ascenso de la 'lideresa' andaluza, ocupaba el puesto de director general de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación. Aquel día, y durante algo más de dos horas, Cañavate de León detalló ante los agentes todas y cada una de las numerosas irregularidades con las que se encontró en la adjudicación de ayudas en las enseñanzas a desempleados cuando asumió su cargo. Llegó a calificar la gestión y control de las mismas por los gobiernos anteriores de "desastrosa".

Fuentes cercanas a la investigación consideran que la colaboración del alto cargo de la Junta viene propiciada por la propia presidenta de la Junta

Su testimonio, además, no ha venido sólo. Desde entonces, su departamento ha facilitado a los especialistas en delitos económicos de la unidad de élite de la Guardia Civil toda la información y documentación que les ha requerido sin necesidad de que éstos, como pasó durante la investigación del 'caso de los ERE' con otros departamentos de la Junta, tuvieran que recurrir a los mandamientos judiciales de la juez Alaya. Fuentes cercanas a la investigación reconocen a Vozpópuli que el cambio ha sido "muy significativo" y que las pesquisas para destapar el millonario fraude empiezan a ir a buen ritmo. Estas mismas fuentes insisten que este cambio de actitud no parece, "ni mucho menos", ser fruto de la iniciativa particular del alto cargo, sino consecuencia de la anunciada decisión de Susana Díaz cuando asumió la presidencia del gobierno andaluz de combatir la corrupción. De hecho, en los últimos meses la Junta ha comenzado a revisar las más de 3.000 ayudas concedidas entre 2007 y 2011 y ha hecho público el listado de las 1.162 entidades beneficiadas. Además, ya ha reclamado 17 millones de euros a algunas de estas últimas que no justificaron entonces correctamente los gastos que presentaron para cobrarlas.

Un cambio de postura que amenaza con poner de nuevo a los pies de los caballos de la Justicia, precisamente, a los dos principales valedores de Susana Díaz en el PSOE: sus antecesores en el cargo, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. De hecho, Alaya investiga en esta nueva 'macrocausa' el destino final de las ayudas concedidas durante los ejecutivos autonómicos de ambos "desde el año 2001 hasta la actualidad" y, sobre todo, la relevancia que tuvo para el fraude la ley de 2012 que exoneró a las empresas que habían impartido los cursos de justificar las ayudas simplemente alegando que concurrían "circunstancias de especial interés social". En la misma, ya tiene imputado a un exconsejero de la Junta, Antonio Fernández, ya encausado en el 'caso de los ERE'. En su declaración del 4 de julio, el alto cargo de la Junta detalló que esa norma, que debía aplicarse con carácter excepcional, se extendió al 90% de los casos, para convertirse en habitual, algo que Casanova de León censuró abiertamente ante los agentes. El alto cargo recordó también que desde que le nombró para el puesto Susana Díaz, dichas exenciones habían sido totalmente eliminadas.

La cuñada de un exconsejero detenido

Se da la circunstancia que el joven abogado malagueño que se ha convertido en pieza clave en la investigación de la juez Alaya fue nombrado para su cargo el 8 de octubre de 2013, sólo un mes después de la investidura de la lideresa como presidenta, y lo hizo para sustituir a Teresa Florido, cuñada del exconsejero de la junta Ángel Ojeda Avilés, detenido el pasado mes de agosto por la UDEF dentro de la 'Operación Óscar'. Desde entonces, éste se encuentra imputado por un juez de Cádiz acusado de montar una trama de empresas con las que captó de modo presuntamente irregular cerca de 50 millones de euros para impartir cursos para parados. La juez Alaya aspira a asumir la investigación de dicho caso así como del resto de sumarios abiertos en las diferentes provincias andaluzas a raiz de la 'Operación Edu', las pesquisas iniciadas por la UDEF en Málaga también por el fraude en la enseñanza a desempleados. De hecho, la magistrada sevillana ya ha conseguido incorporar a la causa una que tenía abierta una compañera en Algeciras y en la que aparecía implicado, precisamente, el exconsejero Ojeda Avilés. También espera que el juzgado gaditano que ordenó la detención de este último se inhiba también en ella en estas pesquisas. La Fiscalía Provincial de Cádiz apoya esta medida.

Alaya intenta aglutinar en su juzgado todas las causas abiertas en Andalucía por el fraude de los cursos para .parados, pero ya ha encontrado reticencias en algunos magistrados

Sin embargo, la juez Alaya se ha encontrado por ahora con la negativa de su colega del Juzgado de Instrucción número 8 Málaga, quien instruye el sumario sobre el fraude en este provincia con el que se inició la célebre 'Operación Edu' y que tiene bajo sospecha a 17 empresas por una única adjudicación de 1,5 millones de euros. Recientemente ha extendido las pesquisas a una segunda tanda de subvenciones. Además, también han abierto causas los titulares de los juzgados de Instrucción número 8 de Córdoba, número 4 de Almería, número 3 de Cádiz, número 1 de Granada, número 5 de Huelva y número 16 de Sevilla, además de uno de Jaén que las fuentes consultadas no han podido concretar a este diario. Todos estos magistrados han dictado como primera medida el secreto de las actuaciones mientras analizan la información aportada por la Policía. Todo apunta a que finalmente sus investigaciones acabarán en los próximos meses en manos de Mercedes Alaya, con la que ahora sí colabora la Junta de Andalucía.


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