OPERACIÓN BARRADO

Los 13 altos cargos de la Junta detenidos por Alaya crearon una 'red clientelar' que duró 11 años

La investigación de la Guardia Civil constata que la trama de concesión irregular de subvenciones para la formación estaba "organizada y extendida" por toda Andalucía.

Más de una decena de responsables de la Junta de Andalucía han sido detenidos por su relación con el presunto fraude en los cursos de formación.
Más de una decena de responsables de la Junta de Andalucía han sido detenidos por su relación con el presunto fraude en los cursos de formación. Guardia Civil

Cambiaban las personas, pero no el sistema. La 'Operación Barrado' dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha permitido detener este martes a 13 altos cargos de la Junta de Andalucía que desde sus puestos en la Administración autonómica habían montado presuntamente una 'red clientelar' ligada al PSOE, siglas bajo las que los arrestados habían ocupado diferentes cargos públicos. La trama había perdurado entre 2002 y 2012,  cerca de once años. Según fuentes cercanas a la investigación, el sistema organizado para conceder supuestamente de modo totalmente arbitrario las ayudas para impartir cursos de formación era "organizado, sistemático y extendido" de tal modo que cuando uno de los ahora arrestados era relevado en su puesto, su sucesor continuaba con las supuestas irregularidades. La Guardia Civil también detuvo este martes a otras tres personas, en este caso ligadas a dos consorcios públicos de Málaga y Huelva, dentro de otra de las línas de investigación abiertas por la magistrada en esta causa.

Los altos cargos están acusados de prevaricación, pero no de cohecho ya que la investigación no ha revelado hasta ahora rastro de lucro por su parte

Cuatro de los exaltos cargos ahora detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) se habían sucedido unos a otros en estos once años en el mismo cargo, el de director general de Formación. Se trata de María José Lara, Manuel BrenesAndrés Sánchez y Teresa Florido. Ésta última, que ocupó dicho puesto hasta el 8 de octubre de 2013 en el que fue relevada tras la llegada al poder de Susana Díaz, es además cuñada del que fuera consejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés,arrestado en agosto por la Policía en la 'Operación Óscar' por embolsarse de modo supuestamente irregular 48 millones de euros procedentes, precisamente, de los cursos para parados. La juez Alaya también tiene imputado a este exmiembro del Ejecutivo andaluz en esta misma causa. Los otros nueve arrestados son subordinados suyos que en distintos periodos de los últimos años ocuparon el puesto de directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Dos de ellos, Eduardo Muñoz García en Huelva y Aurora Cosano en Sevilla, aún ocupaban dichos cargos este martes. La Junta de Andalucía se apresuró ayer a destituirlos tras transcender sus arrestos. El resto, ya no ocupaban estos cargos, aunque algunos sí habían sido recolocados en otras responsabilidades ligadas a la Administración. Otros, como Antonio Rivas y Juan Carlos Lomeña, ya habían visto en los últimos tiempos sus nombres relacionados con escándalos de corrupción. El primero, que fue alcalde de Camas (Sevilla) por el PSOE, está imputado en el caso de los ERE. Lomeña se vio salpicado en la primera fase de la 'Operación Edu'. El resto son Antonio Fernández RamírezJuan Manuel BouzaFrancisca Pérez, Marina Martín e Irene Sabalate. Esta última ocupaba un puesto en las listas del PSOE por la provincia e Jaén en las elecciones del pasado domingo, aunque no resultó elegida. Su compañera Martín es la actual directora de la Fundación Pública El Legado Andalusí.

Prevaricación y falsedad documetal

La Guardia Civil acusa a estos 13 cargos y excargos del Gobierno andaluz de varios delitos, prevaricación, malversación y fraude en las subvenciones, pero no de cohecho. El motivo: hasta ahora la investigación no ha hallado rastro de lucro por parte de ninguno de ellos. Sus actividades presuntamente irregulares era firmar certificaciones dando de modo sistemático por buenos expedientes de adjudicación en los que, según la documentación que obra en los mismos, no se habían cumplido buena parte de los requisitos que marca la ley. De este modo, las empresas adjudicatarias no sólo cobraban las subvenciones, sino que podían aspirar a nuevos concursos.

El sucesor de una de las detenidas ahora puso a la Guardia Civil en la pista de las numerosas irregularidades que encontró al asumir la Dirección General de Formación

De este modo, añaden las fuentes consultadas, se otorgaban las ayudas para impartir los cursos "a las empresas que querían, cuyos propietarios eran afines políticamente, sin que mediara la concurrencia competitiva que marca la ley". Y todo ello durante más de una década. "Nadie hizo nada por impedirlo y todos continuaron con lo que hacían sus predecesores", señalan, aunque añaden que algunos de ellos hicieron amago de denunciar "sobre todo tras estallar el escándalo de los ERE". Finalmente ninguno dio el paso. Ha tenido que ser la investigación de miles de documentos, sobre todo los intervenidos el pasado mes de mayo en un registro en la sede de la Dirección General de Formación, los que hayan permitido finalmente desmantelar la trama este martes. Una labor en la que también ha jugado un papel importe recientes informes de la Cámara de Cuentas y las ocho delegaciones provinciales de la Intervención General de la Junta de Andalucía que ya apuntaban a la existencia de un fraude masivo.

Otra de las piezas claves en la 'Operación Barrado' ha sido el testimonio que prestó el pasado 4 de julio Carlos Cañavate de León, un joven abogado malagueño que sólo nueve meses antes había sido nombrado por la presidenta andaluza Susana Díaz como director general de Formación para el Empleo de la Junta. Aquel día, y durante algo más de dos horas, el alto cargo detalló ante los agentes todas y cada una de las numerosas irregularidades con las que se encontró en la adjudicación de ayudas en las enseñanzas a desempleados cuando asumió su cargo. Llegó a calificar la gestión y control de las mismas por sus antecesores de "desastrosa". Cañavate de León relevó en el cargo, precisamente, a Teresa Florido, una de las detenidas este martes. Meses después de su declaración, fue cesado por el Ejecutivo andaluz.


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