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La juez de los ERE señala vínculos entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos

Alaya sostiene que el exsindicalista habría sido "conseguidor de financiación pública y negocios de interés” y que consiguió dinero de la Junta de Andalucía para cinco expedientes de regulación de empleo en empresas de la familia.

La juez que investiga los ERE irregulares en Andalucía, Mercedes Alaya.
La juez que investiga los ERE irregulares en Andalucía, Mercedes Alaya. EFE

La juez Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas con cargo a una partida de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las "relaciones" que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29% conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama.

Merced a estos fondos habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

En el auto emitido el 22 de marzo para ordenar el ingreso en prisión de Juan Lanzas, la juez Mercedes Alaya, la juez señala que en un ERE acordado en Comercial Alimentaria Dhul, Lanza, al igual que en otros procesos investigados, obtuvo financiación autonómica. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, una de las consultoras investigadas, con una "comisión del 19%" y la inclusión en este ERE de tres 'intrusos'; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos "cuñados" del propio Lanzas.

La juez, en este punto, señala las "relaciones" entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos, porque Lanzas habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un "conseguidor de financiación pública y negocios de interés". Así explica la juez que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, "cobrando supuestamente" tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero "en la casa de los señores Ruiz Mateos".

La juez atribuye a Lanza un presunto delito continuado de prevaricación, otro supuesto delito continuado de malversación, otro delito de cohecho, otro de tráfico de influencias, otro delito continuado de falsedad en documentos mercantiles, un posible delito continuado de blanqueo de capitales y un presunto delito de asociación ilícita.


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