EL FRAUDE DE LOS CURSOS PARA PARADOS EN ANDALUCÍA

La juez Alaya da el primer paso para quedarse con la investigación de la 'Operación Edu'

La instructora del 'caso de los ERE' reclama a la Fiscalía el informe de la UDEF sobre el fraude en los cursos para parados en Málaga para buscar posibles conexiones con otras pesquisas ya en marcha en su juzgado.

Imagen de archivo de la juez Mercedes Alaya.
Imagen de archivo de la juez Mercedes Alaya. EFE

A punto de concluir la investigación del llamado 'caso de los ERE',la juez sevillana Mercedes Alaya se dispone a hacerse cargo de una nueva investigación sobre corrupción que afecta de modo directo a la Junta de Andalucía. La magistrada ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Málaga los informes de la UDEF sobre la 'Operación Edu' que han permitido destapar un millonaro fraude en los cursos para parados de esta provincia con ramificaciones por el resto de la comunidad autónoma. Su objetivo: estudiar si hay conexiones entre estas diligencias, las número 206/2013, con otras investigaciones abiertas por ella para, de este modo, reclamar las primeras. Es el primer paso para hacerse cargo de unas pesquisas que han provocado un auténtico terremoto político desde que Vozpópuli desvelase su existencia el pasado 11 de abril.

La petición de la juez Alaya se produce sólo unos días antes de que Anticorrupción celebre una reunión para decidir qué pasos seguir en la 'Operación Edu'

Según fuentes jurídicas, la petición de Mercedes Alaya se produjo el pasado viernes, por lo que se adelanta unos días a la reunión que el próximo jueves 22 de mayo se celebrará en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid entre los representantes de este organismo en diferentes provincias andaluzas para tratar, precisamente, los pasos a dar con la 'Operación Edu' después de que la UDEF entregara el pasado 7 de mayo su informe definitivo de más de 1.700 folios. Este encuentro se producirá a instancias del máximo responsable de la institución, Antonio Salinas, quien ha decidido inplicarse directamente en el caso para coordinar a sus subordinados andaluces sobre la línea de actuación a seguir ante la magnitud del fraude al que apuntan las investigaciones policiales.

La magistrada lleva semanas maniobrando para hacerse cargo del caso, sobre todo desde que un reciente informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es con quien trabaja en el 'caso de los ERE', afirmase que su juzgado, el número 6 de Sevilla, era el que llevaba más tiempo investigando un caso de fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía. En concreto, desde el año 2009, cuando abrió una pieza separada del célebre caso que instruye y que mantuvo secreta hasta hace sólo unos meses. Su existencia se conoce, de hecho, sólo desde el pasado octubre, cuando la juez ordenó al Instituto armado una operación en toda Andalucía en la que se registraron diversas sedes de la Unión General de Trabajadores (UGT), entre ellas la principal de Sevilla y el archivo que el sindicato tiene en la ciudad de Córdoba.

Desde Algeciras

Sin embargo, el informe  de la Benemérita no se refiere a la 'Operación Edu', sino a un caso menor de fraude en cursos de formación. En concreto, el que instruye desde agosto de 2012 el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras tras la denuncia de una profesora que destapó la existencia de supuestas irregularidades en un curso de auxiliar de geriatría que se impartía en esta localidad. El documento de la Guardia Civil ha tenido un efecto inmediato en este caso, ya que la titular de este juzgado gaditano, que acaba de asumir el puesto tras relevar a su antecesora la pasada Semana Santa, ha pedido ya inhibirse en la causa que instruye en favor de su colega sevillana.

Una decisión que cuenta con el apoyo del fiscal del caso, pero no de la empresa investigada, la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura, ligada al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés, cuyo nombre aparece también en los informes de la 'Operación Edu'. La representación legal de esta mercantil ha presentado ya un recurso de apelación y otro de reforma en contra de entregar la causa a la magistrada sevillana, según confirmaron a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El primero tiene que ser resuelto por la propia juez de Algeciras, que probablemente se ratificará en su inhibición ya que cuenta con el apoyo del representante del Ministerio Público. El segundo tendría que resolverlo la Audiencia Provincial de Cádiz, confirman las fuentes jurídicas consultadas.

Otros sumarios abiertos

Si finalmente esta instancia judicial da el visto bueno a la inhibición, la juez Alaya podría empezar a reclamar otras causas abiertas en diversos órganos judiciales. Hasta el momento, además de la suya y la del Algeciras, hay otros tres sumarios en marcha en juzgagos andaluces para investigar supuestas irregularidades en los cursos de formación para parados. Uno es el número 2 de Granada. Los otros dos, el 9 y el 12 de Sevilla. Sin embargo, la investigación más importante es la 'Operación Edu', que aún hoy sigue sin estar judicializado. Según los primeros datos que se conocen de la misma, el fraude sólo en la provincia de Málaga, que es donde las pesquisas están más avanzadas, alcanza ya los 8 millones de euros, y las conexiones con otras zonas de Andalucía son numerosas.

La magistrado sevillana ya ha conseguido que una juez de Algeciras se inhiba a favor de ella en un sumario abierto por fraude en cursos para parados en la provincia de Cádiz

Si finalmente Alaya asume también su instrucción, la juez tendría también en su mano decidir qué cuerpo policial continúa con las mismas: si la Guardia Civil, que es la que realiza las pesquisas en el caso de los cursos de la UGT que ya investiga, o el Cuerpo Nacional de Policía, que fue quien inició la 'Operación Edu'. No sería la primera vez que la magistrada se decanta por el Instituto armado. De hecho, el 'caso de los ERE' fue investigado en un primer momento por la Policía, pero Mercedes Alaya terminó apartando del caso a este Cuerpo y entregando las pesquisas al Grupo de Delitos Económicos de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil. El próximo final de esta causa --la propia juez ya lo ha apuntado en sus últimos escritos-- permitirá a la magistrado embarcarse en un nuevo caso complejo y de envergadura, como ya se vislumbra que será el de los cursos de formación para parados.

En ese caso, fuentes policiales muestran su convencimiento de que la magistrada apostará de nuevo por el Instituto armado para la investigación, algo que caería como un jarro de agua fría en la Policía y, más en concreto, en la UDEF. De hecho, la Sección de Investigación de la Seguridad Social de esta unidad, que es la que investiga el caso desde hace más de un año, tiene sus pesquisas muy avanzadas y ya ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción cuatro detallados informes. Un arduo y minucioso trabajo que ahora ha reclamado la juez Alaya como primer paso para quedarse con la investigación.


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