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La juez Alaya amplía la imputación contra los hermanos de Báñez por los suelos de Mercasevilla

Mercedes Alaya atribuye a los siete empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla los presuntos delitos de prevaricación y fraude y exacciones ilegales, además del inicial delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

La juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla ha ampliado la imputación contra siete empresarios que pujaron por dichos suelos, entre los que se encuentran dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

En un auto dictado el pasado 31 de julio y notificado ahora a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, atribuye a estos siete empresarios, además del inicial delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, los presuntos delitos de prevaricación y fraude y exacciones ilegales en su condición de extraneus.

En concreto, estos empresarios son Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, y José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.

También amplía la imputación contra Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar -empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007-, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

La juez argumenta que a todos ellos "debe hacérseles extensiva la misma calificación, provisional, hasta ahora efectuada a anteriores imputados" en la causa, ya que "todos ellos ocupan la misma posición en el 'iter delictual' que los representantes de Sanma en su relación con Mercasevilla, quien convocó el concurso público que se investiga".

Hay que recordar que el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, se hizo con el concurso con una oferta de 106 millones y pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones.  

Al hilo de ello, la magistrada acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que investigue "los posibles beneficios que hubiera podido obtener la entidad Noga, ya bien por alguna otra adjudicación importante, por incidencias relativas a avales de licencias, o por cualquier otra circunstancias que pudieran haber abocado a que la referida entidad no impugnara el resultado del concurso público, a pesar de ser la empresa que presentó la mejor oferta económica".

La juez, igualmente, relata que se han recibido por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo los informes exigidos tras la declaración como imputado de Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense.

Cargos públicos imputados

En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.


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