Así se señala en un documento sobre la memoria histórica

El Gobierno del PP reconoce ahora la “ilegitimidad” de los tribunales especiales franquistas

El Ejecutivo reconoce ahora que los consejos de guerra, el TOP, los tribunales de responsabilidades políticas, etcétera, se crearon con "vulneración del derecho a un proceso justo".

Los tribunales especiales franquistas carecieron de legitimidad: lo decía la ley de memoria histórica.
Los tribunales especiales franquistas carecieron de legitimidad: lo decía la ley de memoria histórica. EFE

El Gobierno del PP ha reconocido “la ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y, en todo caso, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo”. Eso justamente es lo que se dice en la ley de memoria histórica aprobada por Rodríguez Zapatero, una ley que el Gobierno de Rajoy asegura que se sigue aplicando en España.

Así se lo ha transmitido textualmente el Gobierno al Congreso, en un documento en el que da a conocer que ha pasado amplia información al respecto al Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff, que había presentado previamente -el 22 de julio de 2014- un durísimo Informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el que acusaba al Ejecutivo de Rajoy de haber frenado las exhumaciones de cuerpos de fusilados y enterrados en las cunetas y las reparaciones a los represaliados por el franquismo, extremos que estaban todos contenidos en la ley de memoria histórica de 2007.

A través de un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, se reconoce por primera vez de forma explícita dentro del PP que eran “ilegítimos” los tribunales especiales, tanto los creados durante la guerra (incluye, por tanto, a los de los dos bandos) como después, durante el franquismo. Ese documento remitido al Congreso resume la respuesta del Gobierno del PP al duro informe del relator de la ONU.

Ilegitimidad de los consejos de guerra

Esa declaración da un vuelco a la situación, pues los máximos dirigentes del PP reconocen de hecho por primera vez que los consejos de guerra (como, por ejemplo, el del dirigente comunista Julián Grimau, fusilado por el régimen franquista en 1963) podrían no ser “legítimos”. Pero no sólo ése, sino muchísimos otros, como, posiblemente, el juicio por el que se condenó a muerte a los últimos fusilados del franquismo, en septiembre de 1975, pocos meses antes de la muerte del dictador.

“Carácter radicalmente injusto de las condenas y sanciones producidas por motivos políticos o ideológicos”

Más concretamente, el Gobierno reconoce haber remitido al relator de la ONU numerosos datos sobre las llamadas “Declaraciones de Reparación” a víctimas del franquismo que se iniciaron a partir de 2007, durante la etapa de Rodríguez Zapatero, pero que siguieron produciendo después, durante el gobierno de Rajoy, aunque con una importante rebaja de expedientes.

Esas “reparaciones”, según dice el Gobierno, “se relacionan con los principios de reconocimiento general a las víctimas, que recoge el artículo 2 de la Ley 52/2007, que realiza una proclamación general del carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la guerra civil y la dictadura, proclamación que se complementa con la declaración, en el artículo 3, de la ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil…”.

Se siguen exhumando fosas: ya hay identificadas 45.134 víctimas

En concreto, y para defenderse de las acusaciones del relator de la ONU, el ejecutivo del PP dice haber remitido a ese organismo numerosos documentos que incluyen las actividades de localización y exhumación de gran importancia que “pudieron llevarse a cabo gracias a las cantidades destinadas para ello desde 2006 a 2011”; es decir, durante el final de la etapa socialista.

Pero añade en ese punto que el Gobierno de Rajoy no rompió con la política seguida por los socialistas, sino que, a pesar de la crisis económica, en la que dice que se vio obligado a reducir las cantidades destinadas a esos trabajos, se siguieron exhumando fosas comunes.

“Prueba de ello”, dice el documento, “es que en el Mapa de Fosas de la Guerra Civil, que gestiona el Ministerio de Justicia, se incluyeron durante 2009, su primer año de funcionamiento, las localizaciones de 1.465 fosas. Posteriormente, y aun habiendo subvenciones sobre tales actividades, la incorporación de fosas ha sido paulatinamente inferior. Actualmente se recogen en el Mapa 2.382 fosas, con la localización e identificación de 45.134 víctimas”.

A la investigación de fosas se han destinado 25 millones de euros

Al Gobierno le preocupaban especialmente las observaciones realizadas por el Relator que perseguían dos líneas de actuación: la necesidad de que existan líneas de financiación para labores de exhumación y el ejercicio de funciones en materia de Memoria Histórica por parte de todas las Administraciones e Instituciones públicas.

Se han destinado 25 millones de euros a la memoria histórica, de los que 8,2 fueron para la localización de fosas

Ante la crítica sobre que el PP ‘cerró el grifo’ y no permitió, por tanto, seguir investigando una vez que llegó al poder -diciembre de 2011-, el Gobierno indica que ya en 2006 (etapa Zapatero) se abrieron unas líneas de financiación en favor de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica para indagar y localizar fosas de la guerra civil. Pero añade que desde la apertura de esas líneas de financiación se han destinado más de 25 millones de euros, “lo que ha permitido la subvención de importantes actividades, de las que 8,2 millones de euros, el 39,6 %, se han destinado a la localización de fosas”.

Habría tenido que reconocer, sin embargo, al relator de la ONU que “en el marco de la actual situación de crisis económica, en el año 2012 se aplicaron por parte del Gobierno medidas para la contención del gasto público, lo que hizo que se declarara la no disponibilidad de créditos que amparen convocatorias de subvenciones pendientes de convocar o resolver, por lo que este criterio se aplicó a las subvenciones en esta materia”. Es decir, que efectivamente se ha producido un parón de hecho.


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