POLÉMICA CONDECORACIÓN

La medalla policial a la Virgen acaba en juicio: la Audiencia Nacional decide el 11 de junio si es nula

El representante legal de Interior rechaza contestar por escrito a la demanda de un grupo laico que exigió la retirada de la condecoración. El juzgado da 20 días al departamento de Jorge Fernández Díaz para que le remita el expediente de la concesión.

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, el pasado 17 de abril en Málaga
Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, el pasado 17 de abril en Málaga efe

Nuestra Señora María Santísima del Amor ya tiene cita con la justicia. La Audiencia Nacional ha convocado para el próximo 11 de junio a las 10:10 de la mañana el juicio para decidir si la medalla al mérito policial que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, concedió el pasado 3 de febrero a esta figura religiosa se ajusta a derecho o no. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 ha tomado esta decisión después de que el abogado del Estado, que representa al Gobierno en la causa, rechazase contestar por escrito a la demanda que las asociaciones Europa Laica y Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) presentaron el pasado 3 de abril con el propósito de que dicha condecoración fuese declarada nula.

La Audiencia Nacional da 20 días de plazo al Ministerio del Interior para que le remita "el expediente administrativo" elaborado para conceder la distinción a la Virgen

En su escrito, la Abogacía del Estado asegura que, para agilizar el proceso, opta por "la celebración de la vista al objeto de proceder en la misma a contestar a la demanda y a la práctica del resto de los trámite previsto". Los autores de la demanda no se oponen, pero pedirán que se dicte sentencia el mismo día de la celebración del juicio, según fuentes de ambos colectivos consultadas. La Audiencia Nacional ha aceptado la propuesta, pero pone 'deberes' a Interior para antes de la vista: que remita en el plazo improrrogable de 20 días "el expediente administrativo" que se elaboró para la concesión de la polémica medalla a la Virgen, desvelada por Vozpópuli el pasado 24 de febrero. El pasado miércoles 16 de abril, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, asistieron en Málaga al acto de imposición de la misma.

Como adelantó el pasado 11 de abril este diario, los dos colectivos laicos interpusieron la demanda para que la Justicia determinase si era procedente o no en base a la vigente ley de honores y distinciones que una Virgen fuese merecedora de la condecoración al mérito policial. En concreto, la demanda cuestionaba que desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se reconociese a una "figura religiosa, que no es persona ni por tanto tiene entidad jurídica, ni es ni puede ser sujeto de derechos ni obligaciones".

Ni muerta ni mutilada

"Si bien es cierto --indicaba el escrito-- que la concesión de una condecoración no constituye un acto reglado de la Administración, sino discrecional, no es menos cierto que el acto debe enmarcarse dentro de la ley que lo regula. Y en el supuesto de autos, el acto traspasa la barrera de la discrecionalidad para adentrarse en el campo de la arbitrariedad". En este punto, la representación legal de Europa Laica y MHUEL subrayaba que, "desde el más absoluto respeto, resulta palmario que Nuestra Señora María Santísima del Amor ni es miembro funcionario de los Cuerpos que contempla la ley (tampoco la Cofradía a la que se refiere la Orden ministerial) ni es persona". Y añade: "No siendo persona no puede predicarse de ella la muerte o la mutilación ni en acto de servicio ni en ningún otro, y por lo mismo tampoco ha podido realizar ninguno de los servicios, comportamientos o actuaciones" que enumeraba la ley.

La Orden ministerial fue firmada por Fernández Díaz el pasado 3 de febrero y la cofradía que aparecía como beneficiaria de la medalla es la de Nuestro Padre Jesús El Rico y María Santísima del Amor, de Málaga. Para Europa Laica, circunstancias como la fe y la confesión religiosa constituyen un "atributo de la conciencia individual" y deberían quedar circunscritas a la esfera privada. Asimismo, la demanda insistía en que la entrega de la medalla a la Virgen debía ser impugnada por ser una decisión "arbitraria" e "irracional". Además, aludía a una sentencia del Tribunal Supremo según la cual las distinciones y recompensas son un modo de fomentar comportamientos beneficiosos para los intereses generales, "finalidad que sólo se cumple si son otorgadas a personas que puedan adoptar esos comportamientos para que sigan manteniéndolos y para servir de ejemplo a otras".


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