Caso Púnica

Marjaliza guardará silencio en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid

El constructor de la trama Púnica se acogerá este viernes a su derecho a no declarar y evitará detallar así en el Parlamento madrileño el presunto tráfico de influencias en torno a la empresa pública Arpegio. Al estar imputado en un proceso penal tiene derecho a no declarar en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. 

David Marjaliza, tras abandonar la cárcel de Aranjuez.
David Marjaliza, tras abandonar la cárcel de Aranjuez. EFE

El constructor David Marjaliza, considerado cerebro de la trama Púnica, ha colaborado con la Audiencia Nacional en destapar las múltiples irregularidades que la red liderada por el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, con su ayuda y la de otros socios, llevaron a cabo en distintos puntos del país. Sin embargo, su testimonio no será escuchado el próximo viernes en la Asamblea de Madrid ya que éste se acogerá a su derecho a no declarar, según informan fuentes de su entorno a Vozpópuli.

Marjaliza ha sido citado a las 9:00 horas del próximo viernes en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de Madrid para informar sobre "posibles entramados de redes de influencias" en políticos del gobierno madrileño y sobre los contratos que han sido adjudicados a sus empresas o a empresas vinculadas a su actividad empresarial "a cambio de comisiones por parte de la empresa pública Arpegio" en el marco del convenio de gestión Prisma.

Sin embargo, el ex socio de Granados optará por guardar silencio y no responder a las preguntas que se le formulen en la citada Comisión de Investigación. Al estar imputado en un proceso penal puede acogerse a su derecho a no declarar, según informan fuentes jurídicas. La Ley sostiene que el imputado tiene "la obligación de comparecer pero no la obligación legal de declarar".

Comisiones irregulares

En pasado mes de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica, requirió al Gobierno de Cristina Cifuentes la entrega de los convenios suscritos con Arpegio entre 2006 y 2011, en los que otorgaba a la empresa pública la gestión y adjudicación de las obras financiadas por el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma).

Esta petición se produjo después de que David Marjaliza confesara al juez y a la Fiscalía Anticorrupción que contratistas y promotores pagaron comisiones para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prisma que se investigan.

El magistrado sostuvo en un auto que forma parte de la causa que la ejecución de los consorcios urbanísticos y de los planes Prisma, dotados con 1.000 millones de euros "se llevaron a cabo bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de las mesa de contratación, en persona o por delegación, junto con un numero de vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del Patronato de Arpegio, presidido por él mismo".

Ésta es la pieza del sumario que salpica a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cifuentes, a quien el constructor Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de estas presuntas 'mordidas'. Junto al ex socio de Francisco Granados deberán comparecer en la Comisión de Investigación de la Asamblea Madrileña el próximo día 21 los exconsejeros delegados de Arpegio, Eduardo Larranz y Miguel Ángel Ruiz.


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