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Los PGE de 2014 o la asunción explícita de una derrota

Según Soraya Sáenz de Santamaría son “los Presupuestos de la recuperación”. Pero en realidad, son las cuentas de un Gobierno que no ha sido capaz de reducir el tamaño del Estado, no ha tenido el valor de acometer la reforma integral de las Administraciones, y que todo lo fía ya a la incipiente recuperación, a la bonanza del ciclo que se adivina en lontananza.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a los ministros de Economía y Hacienda
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a los ministros de Economía y Hacienda efe

Esta vez la vicepresidenta del Gobierno no se empeñó en calificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 como “sociales”, de acuerdo con la letanía que con tanto ardor pretendió vender hace justo un año, en la presentación de las cuentas públicas para 2013. Los del año próximo, según la misma Soraya Sáenz de Santamaría, son “los Presupuestos de la recuperación”, y están basados en un equilibrio entre “la consolidación fiscal y las medidas de impulso a la recuperación”. Ni lo uno, ni lo otro. Más bien parecen los Presupuestos de la resignación y el reconocimiento explícito de una derrota: la de un Gobierno que no ha sido capaz de reducir el tamaño del Estado, no ha tenido el valor de acometer la reforma integral de las Administraciones, tarea para la que fue elegido por una amplia mayoría de españoles, y que todo lo fía ya a la incipiente recuperación, a la bonanza del ciclo que se adivina en lontananza. Se acabaron las reformas; adiós al ajuste. España pierde una ocasión de oro para haber modernizado de verdad el aparato del Estado y su economía. Quizá no vuelva a haber otra mejor en mucho tiempo.

"Primero el déficit, segundo el déficit y tercero el déficit". Tan categórica sentencia fue pronunciada el 3 de abril de 2012 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la presentación en el Congreso de los PGE para 2012 (el año pasado el Gobierno se vio en la tesitura de elaborar dos), centrados en la prioridad absoluta de reducir el déficit público desde el 8,5% registrado a finales de 2011 (luego la cifra real devino en un escandaloso 9,07%) hasta el 5,3% exigido por Bruselas, esfuerzo que implicaba un ajuste de más de 27.000 millones. El león belga, con todo, resultó menos fiero que el pintado, porque la Comisión alivió la exigencia a España elevando el listón al 6,3%, un punto de propina. Ni eso cumplió el Ejecutivo. En efecto, la cifra final correspondiente a 2012 quedó en el 7% (el ministro la situó el viernes definitivamente en el 6,84%). Bruselas acudió de nuevo en auxilio de España y su Gobierno, fijando el objetivo para 2013 en el 6,5% del PIB. Vozpopuli ha publicado esta semana que el Gobierno se daría con un canto en los dientes si finalmente quedara en el 6,7%, dos decimitas más de lo comprometido, pero gente muy seria opina que la cifra se escapará de nuevo hasta el 7% o muy cerca. ¿Qué quiere ello decir? Que después de quitar pagas extras, congelar sueldos, recortar en Sanidad, despedir a miles de contratados públicos y mil desgracias más, el Estado español sigue gastando 70.000 millones más de los que ingresa, una enormidad que traducida a las antiguas pesetas equivale a algo así como 11,7 billones. 

"Primero el déficit, segundo el déficit y tercero el déficit"

Esta es la dimensión del reto español y la medida del fracaso de este Gobierno. El dedo acusador de su congénita cobardía. Y porque seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos, la deuda pública, que en 2008 equivalía al 40% del PIB, sigue creciendo imparable, hasta el punto de haberse situado ya en el 92,2% del PIB (942.758 millones), rebasando el objetivo del Gobierno para todo el año (91,4%) y comprometiendo seriamente el futuro de las nuevas generaciones. Carente del coraje cívico necesario, este Gobierno no ha desactivado ninguno de los componentes estructurales del gasto público, lo que en términos políticos equivale a decir que el Gobierno del PP ha tirado por la borda el mandato que el 20 de noviembre de 2011 le otorgó una mayoría de españoles para que reformara en profundidad la estructura y el tamaño del Estado, para hacerlo más ágil, más manejable y menos costoso. Hemos dicho muchas veces aquí que, tras del desastre que, desde todos los puntos de vista, significaron para España las dos legislaturas Zapatero, el nuevo Gobierno estaba obligado, cuchillo en boca, a cortar por lo sano durante los primeros días, porque lo que no hiciera en los seis primeros meses o, como mucho, el primer año, difícilmente iba a poder hacerlo después. Era el momento de los grandes liderazgos. Ello exigía, naturalmente, llegar al poder con el trabajo hecho –los proyectos a punto-, las ideas claras y la voluntad decidida de fajarse con un problema de la magnitud del español.

Todo pendiente del cambio de ciclo

El resultado del fiasco son estos PGE, unas cuentas públicas que navegan entre la resignación y el voluntarismo, porque todo queda al albur del cambio de ciclo, toda la esperanza puesta en una eventual vuelta al crecimiento que permita un aumento de los ingresos fiscales suficiente para tapar agujeros. Se acabó el ajuste. De vez en cuando anuncio de leyes a borbotones, por docenas (Corruptissima re publica, plurimae leges, que dijo el latino), proyectos que luego quedan en el limbo, sin que nadie sepa qué fue de ellos. De lo esencial, la reforma del Estado, poco o nada. Mariano en estado puro: “No habrá nuevas medidas de ajuste”. Él es un conservador de provincias, un honesto registrador que no hará locuras a lo Zapatero, pero tampoco sorprenderá a nadie con un golpe de genio capaz de dejar huella. De modo que abrazados a la idea de una recuperación meramente cíclica, que no estructural, congelando sueldos de funcionarios e inversión pública y apretando el dogal fiscal sobre las grandes empresas, Rajoy y su gente esperan alcanzar el objetivo de déficit (5,8%) para 2014. Hay quien opina que podría salirle la jugada, porque son tales las ansias, tan intensas las ganas que la sociedad española tiene de salir del túnel, que el modesto crecimiento del PIB (0,7%) previsto para el año próximo podría elevarse hasta el 1% o incluso alguna décima más. 

Rajoy es un honesto registrador que no hará locuras a lo Zapatero, pero tampoco sorprenderá con un golpe de genio capaz de dejar huella

Algo que se antoja difícil a la luz de los datos disponibles. El propio Montoro reconoció el viernes que los ingresos fiscales se han comportado peor de lo previsto durante la primera mitad del año, al punto de que la recaudación cerrará el ejercicio con 2.340 millones menos de lo previsto, y ello a pesar de las subidas de impuestos -tabaco, bebidas espirituosas, eliminación de deducciones del Impuesto de Sociedades- decretadas el pasado junio. Ocurre que la actividad está tan deprimida que las alzas fiscales solo consiguen hundir más las bases imponibles (caída del 5,5% en el primer semestre), como ayer explicaba aquí Antonio Maqueda, y desplazar actividad hacia la economía sumergida. El corolario triste de la presente historia es que el Gobierno conservador del señor Rajoy, Gobierno carente de beta liberal, Gobierno medroso y cobardón, se acerca al ecuador de la legislatura obligado a reconocer por la vía de los hechos su derrotas a la hora su cumplir con el control del déficit, la estrella polar de su discurso, después de haber traicionado programa e ideología –supuesta al menos- con la brutal subida de impuestos con la que inauguró su mandato. 

Reformar las pensiones sin romper huevos

Esa cobardía alcanza extremos que rozan lo pintoresco. Echemos un vistazo a la pregonada reforma de las pensiones. Forzado por un gasto que crece imparable (7.812,6 millones en agosto, un 5% más que en el mismo mes de 2012, según contaba aquí Federico Castaño) y unas perspectivas casi aterradoras (un millón de pensionistas se han incorporado al sistema en los últimos 10 años, a razón de 100.000 por año), el Gobierno –a la fuerza ahorcan- se ha embarcado en una tímida reforma, pese a las protestas de sindicatos y de la izquierda en nómina. Tantas las protestas –nueva huelga general antes de fin de año-, tal el miedo del Ejecutivo, que resulta entre alucinante y grotesco asistir a los esfuerzos de la ministra del ramo, Fátima Báñez, por convencernos a cualquier hora, en cualquier medio, de que los pensionistas van a mantener el nivel de prestaciones actual, no van a perder poder adquisitivo, faltaría más... Y bien, díganos una cosa, señora Báñez, ¿a qué tanto lío, entonces? ¿Para qué nos hemos metido en este charco?

Es una obviedad decir que asegurar el futuro del sistema público de pensiones implica hacerlo financieramente sostenible, lo que, en la actual coyuntura, significa poner coto a ese crecimiento del gasto. Debería ser misión de un Gobierno responsable explicar esta cuestión sin esconderse tras el burladero, así como asegurarse de que el correspondiente sacrificio será equitativamente distribuido. Incluso afirmar que las cosas podrían cambiar un día a mejor si algunos millones de españoles más volvieran a trabajar y cotizar en la Seguridad Social o si, por un golpe de suerte, descubriéramos petróleo en Los Monegros. No lo hace. El señor Rajoy es un especialista en hacer tortilla sin romper huevos. Una cuestión de cobardía. La misma que la de la patronal CEOE, que no ha tenido empacho en alinearse con las centrales sindicales en el Consejo Económico y Social (CES), en contra de la comentada reforma de pensiones que prepara el Ejecutivo. ¿Ha perdido la cabeza la gran patronal? Podría ser. En esta España de pusilánimes, medio país parece haberse vuelto loco. O majadero.


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