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Cospedal privatiza por un millón la "orientación laboral" de parados en Castilla-La Mancha

Contrata a una empresa apoderada por un exconsejero de FCC, constructora que, según los 'papeles de Bárcenas', realizó pagos al PP en el año 2008 por un montante global que asciende a 165.000 euros. Este servicio lo prestaban antes 176 trabajadores públicos, denuncia Comisiones Obreras.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (i), y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (c).
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (i), y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (c). EFE

El proceso iniciado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para externalizar el servicio de "orientación laboral" o "evaluación de empleabilidad de los demandantes" ya tiene adjudicatario. Según publicó este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Consejería de Empleo del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ha confiado esta tarea por un importe de 948.035 euros a la firma Innovación y Desarrollo Local SL (Idel). Desde Comisiones Obreras (CCOO) denuncian que esta "privatización" se produce después de que se despidieran entre junio y diciembre de 2012 a 176 orientadores laborales.

La secretaria de Empleo de CCOO en Castilla-La Mancha, Lola Santillana, critica que los populares "no han conseguido bajar el paro regalando dinero a las empresas y ahora pretenden hacerlo maquillando datos con la privatización del servicio". "Lo que hace este Gobierno es sustituir trabajadores públicos por empresas privadas que tratarán a los desempleados a través de un call center", subraya la portavoz sindical. En este sentido, Santillana lamenta que, una vez desmantelado el servicio, el siguiente paso de la consejera Carmen Casero sea "eliminar el principio de cercanía y proximidad, pues las entrevistas se realizarán on line o telefónicamente", explica.

"Los empleados de Idel --no sabemos cuántos, ni con qué tipo de contrato, ni en qué condiciones salariales y laborales-- valorarán mediante una llamada telefónica si una persona de Castilla-La Mancha en paro continúa en la casilla estadística del paro registrado o se le cambia a otra de las existentes, que permanecen ocultas a la sociedad. Alguien se va a poner las botas con el millón del maquillaje", señala Santillana. En cambio, fuentes de la Consejería de Empleo negaron este extremo, en conversación con Vozpópuli, y subrayaron que "lo del maquillaje es absolutamente falto". "Ni se puede, ni lo vamos a hacer", aseguran. Las mismas fuentes barajan emprender acciones judiciales contra este tipo de manifestaciones.

La portavoz de CCOO también mantiene que "con el dinero que hoy entrega a una empresa privada, el Gobierno de Cospedal podría haber mantenido en las oficinas públicas de empleo a más de la mitad de los profesionales de la orientación que prestaban una atención integral a las personas desempleadas".

Respecto al procedimiento seguido por el Ejecutivo del PP para la adjudicación del contrato, que ha sido abierto y con tramitación ordinaria, Comisiones Obreras lo califica de "turbio" y revela que al menos otra de las empresas candidatas lo ha recurrido por albergar presuntas irregularidades. 

Comisiones Obreras califica de "turbio" el proceso de adjudicación y revela que al menos otra de las empresas candidatas lo ha recurrido por albergar presuntas irregularidades

La firma Innovación y Desarrollo Local SL (Idel), con domicilio social en Madrid, está dirigida por Alejandro Pérez de Cárdenas, expresidente de la Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid (Unicem). Constituida en el año 1999 para ofrecer servicios de consultoría e ingeniería a las administraciones públicas, ha ido incorporando socios especializados en campos como el empleo, la formación, el medio ambiente, el desarrollo rural o la internacionalización.

Según ha podido saber Vozpópuli, en la información de esta empresa en el Registro Mercantil aparece como uno de sus apoderados Pablo Marín López-Otero, exconsejero de la constructora FCC, que controla Esther Koplowitz. Marín López-Otero era el representante de Cartera Deva, sociedad de la familia Aguinaga, en el máximo órgano de gestión de FCC hasta el pasado abril. Cartera Deva salió entonces del capital del grupo de construcción y servicios, donde tenía una participación indirecta del 2,5%.

La sombra de la supuesta financiación ilegal

Se la circunstancia de que FCC figura en los papeles de Bárcenas como uno de los grandes donantes del PP y se le atribuyen supuestos pagos a esta formación en 2008 por un montante que asciende a 165.000 euros. En mayo de 2013, el expresidente de FCC Construcción José María Mayor Oreja negó estas donaciones --se hacían presuntamente a cambio de adjudicaciones-- ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, pero sí admitió que dos filiales pagaron 60.000 euros al PP en 2011.

El hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, que declaró como imputado, reconoció que en 2011 --este año no consta en los manuscritos de Bárcenas-- dos sociedades participadas íntegramente por FCC --BBR y Promociones Teide-- donaron 60.000 euros al PP en dos pagos de 40.000 y 20.000 euros. Mayor Oreja esgrimió que estas operaciones eran legales porque tales filiales no tenían contratos con la Administración.

En este mismo caso, pero en calidad de testigo, también compareció ante el juez Ruz pocos meses después la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La presidenta de Castilla-La Mancha responsabilizó a los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas del control de las donaciones al partido.


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