LA RESACA DE LOS INCIDENTES DEL MARTES

La Policía corrige a Cosidó: los detenidos del 25-S no atentaron contra el Congreso

Los responsables policiales informan a la Audiencia Nacional que sólo se puede acusar a los 35 arrestados de "atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos". El director general afirmó ayer en el Congreso que todos iban a pasar por el tribunal.

Concentración en las inmediaciones del Congreso de los Diputados en Madrid.
Concentración en las inmediaciones del Congreso de los Diputados en Madrid. efe

"Atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos", pero no atentado contra las altas instituciones del Estado. El comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, responsable de instruir las diligencias por los 35 detenidos en la noche del martes tras los incidentes de la convocatoria 'rodea el Congreso', ha informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que finalmente no pondrá a los arrestados a disposición del ese tribunal porque los mismos no han cometido ningún delito competencia del mismo. Horas antes, el director general de la Policía y, por tanto, máximo jefe de este mando policial, Ignacio Cosidó, había asegurado con firmeza en la Comisión de Interior de la Cámara Baja que todo ellos serían acusados por atentado contra una alta institución del Estado y, por tanto, su caso sería instruido por el alto tribunal.

La decisión del comisario ha sido conocida después de que el juez Pedraz haya dictado una providencia en la que informa de que ha recibido el escrito de este mando en este sentido y que, por tanto, les insta a "actuar en consecuencia respecto a los mismos". Fuentes judiciales han informado que los detenidos van a declarar en la tarde del jueves ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, que se encuentra de guardia.

En la Audiencia Nacional ya había creado malestar la forma en la que Interior había llevado las diligencias desde que se produjeron los hechos, sin informarles de sus actuaciones pese a que desde los primeros momentos sus responsables políticos apuntaban a que se acusaría a los detenidos por un delito competencia de este tribunal. Esta decisión del juez se produce después de que ayer fuentes de Interior informaran de que a los 35 arrestados -uno de ellos menor de edad- se les imputaría un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere, a la promoción de manifestaciones ante la sede de organismos legislativos.

Cosidó aseguró que irían a la Audiencia Nacional

Ayer en el Congreso, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, calificó los altercados como "muy graves" ya que se produjeron contra la Cámara Baja y señaló que la Policía ha instruido los atestados de las 35 detenciones, teniendo en cuenta que los arrestados cometieron delitos contra altos organismos de la Nación, que son competencia de la Audiencia Nacional.

Además, está prevista otra concentración ante el Congreso de los diputados el próximo sábado 29 de septiembre y estaría coordinada con Portugal, Italia y Grecia.

Por otra parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional imputó el pasado viernes a ocho personaspor la convocatoria de la iniciativa "Rodea el Congreso", a los que ha citado el próximo día 4 después de que los Juzgados de Instrucción de Madrid se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional para que investigase los hechos.

Críticas de los sindicatos policiales al Gobierno

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, por su parte han cargado este jueves contra el Ministerio del Interior al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio.

"El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja", ha denunciado en declaraciones a Europa Press el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien cree que "Interior, en esta estrategia lo está haciendo bastante mal". En la misma línea se ha manifestado el secretario general de la CEP, Ignacio López quien cree que "una vez más" Interior "peca de no haber mantenido un prudente silencio”. "Lo que no se puede hacer es con el trabajo policial y con situaciones tan críticas aprovecharse para obtener réditos políticos o mediáticos", ha zanjado.

Los abogados de los detenidos denuncian dilación injustificada

Los abogados representantes de 20 de las personas detenidas en la movilización ante el Congreso de los Diputados han interpuesto este jueves una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por dilación injustificada en la puesta a disposición de las personas privadas de libertad. Según explican los letrados en un comunicado, la denuncia especifica que, a pesar de que la policía científica procedió a tomar la filiación de los detenidos y que a todos se les ha tomado declaración con presencia letrada, los detenidos "permanecen privados de libertad sin justificación alguna". Los 35 arrestados fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz a lo largo de la noche y sus letrados les asistieron a lo largo de la jornada del miércoles, finalizando la última asistencia pasadas las siete de la tarde.

A pesar de que el instructor informó a los letrados de que los detenidos serían puestos a disposición judicial este jueves por la mañana, los detenidos permanecían por la mañana en la comisaría de Moratalaz, sin que se tenga constancia oficial de su destino final. El comunicado recuerda que muchas de las personas detenidas presentaban numerosas lesiones y requirieron asistencia sanitaria, e incluso hospitalaria. La nota acusa a la Policía de estar llevando a cabo una "instrumentalización política de la causa, que persigue la criminalización de la protesta" y genera consecuencias para las personas detenidas, que no están recibiendo las garantías procesales a las que todo ciudadano tiene derecho. Esta forma de proceder infringe la previsión del artículo 17.2 CE de que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, indican.


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