EL SUMARIO DE LA TRAGEDIA DE HALLOWEEN

La Fiscalía pide expulsar al PSOE del sumario del Madrid Arena para que no 'politice' la causa

El Ministerio Público considera que la presencia de los socialistas como acusación popular no está justificada y recuerda que en el juzgado sólo se depuran "responsabilidades jurídicas, no políticas ni administrativas". 

El PSOE no es bien recibido en el sumario por la tragedia del Madrid-Arena. Al menos, por parte de la Fiscalía y de los representantes legales de las víctimas, que desde que se inició la instrucción de la causa han remitido varios escritos al magistrado para solicitar que los socialistas y otras asociaciones que se han personado para ejercer la acusación popular sean excluidas de la causa. En su último escrito en este sentido, incorporado al sumario el pasado 23 de enero, el Ministerio Público da un paso más en su argumentación para justificar su solicitud ante el juez e insinúa que la expulsión de los representante del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento evitaría una 'politización' de la causa. "Este es un procedimiento penal, donde se pretenden depurar posibles responsabilidades jurídicas, no políticas ni administrativas", recalca el escrito.

"Nos encontramos ante un proceso penal de gran trascendencia social y, por lo tanto, mediática" para pedir la exclusión de los socialistas y tres asociaciones 

El representante del Ministerio Público considera que, en el sumario, la figura de la acusación popular ya está cubierta por el sindicato Manos Limpias, que fue quien presentó la querella, y que, por tanto, el resto de asociaciones que posteriormente han pedido personarse en la causa con la misma figura no deberían haber sido aceptadas. En concreto, el escrito cita al "Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, Asociación Policía Municipal Unificada, la Corporación Europea de Abogados y la Coalición Independiente de Trabajadores de Madrid". En su escrito, el fiscal recalca que "nos encontramos ante un proceso penal de gran trascendencia social y, por lo tanto, mediática" y que, además, "dada la naturaleza de los hechos y la gravedad de los mismos, debe en el ejercicio de la acción penal tratar de protegerse el interés de las familias que se han visto afectas de forma directa por lo sucedido".

Por ello, recalca que para permitirse el acceso a estas acusaciones populares "deba exigirse y quedar acreditado cuál es el interés de éstas en el procedimiento en curso", algo que, en su opinión, no está nada claro. "En el presente caso, el fiscal ignora cuál pudiera ser el interés de las distintas asociaciones y corporaciones que se han personado dado que ni se vieron afectados por lo sucedido la noche de los hechos ni defienden un interés abstrato que carezca de defensor, ni han explicado en sus escritos que interés ampara el ejercicio de su acción". Es en este punto cuando el representante del Ministerio Público recuerda que en el sumario se dilucidan cuestiones penales, "no políticas ni administrativas". A continuación pide que "no se tengan por personadas o se deje sin efecto las personaciones de las referidas asociaciones y grupos", entre ellos el PSOE.

También las víctimas

No es la primera vez que la Fiscalía se opone a la presencia de los socialistas y de otras organizaciones en la causa. De hecho, a comienzos del pasado mes de diciembre, sólo unos días después de que el grupo socialista municipal que lidera Jaime Lissavetzky fuera admitido como acusación popular, ya remitió un escrito oponiéndose a su presencia. Entonces, alegó que la existencia de demasiadas acusaciones sin justificar iba en contra de la eficacia y la agilidad en el proceso. Incluso, habló de que algunas de las organizaciones que aspiraban a estar presentes en la instrucción, sin especificar cuáles, buscaban fines ajenos al proceso. En su último escrito, reitera estos argumentos, pero incorpora el de la politización de modo implícito al recalcar que en el mismo sólo se depuran responsabilidades "jurídicas". El Grupo Municipal socialista declinó este jueves comentar a este diario esta nueva petición fiscal y las acusaciones implícitas de que su presencia podría politizar la instrucción.

También las familias de las víctimas han protestado ante el juez Enrique López-Palop por la proliferación de acusaciones. En un escrito conjunto que presentaron el pasado 25 de enero, sólo dos días después del de la Fiscalía, las familias de Rocío Oña, Belén Langdon, Cristina Arce y María Teresa Alonso, cuatro de las fallecidas, éstas insisten que, aunque no se oponen a la existencia de la figura de la acusación popular en la causa, sí solicitan que ya que hay más de una se personarán todas "bajo una misma dirección y representación". "El ejercicio de la acción popular no es un derecho ilimitado y no puede violar otros derechos y mucho menos derechos fundamentales, como pueda ser un proceso sin dilaciones indebidas", recalcan reafirmando el criterio del Ministerio Público de que la proliferación de esta figura obligaría a que "muchas actuaciones procesales se repetirían produciendo una grave dilación".


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