El juez del caso Madrid-Arena cita como imputado al gerente de la empresa que organizó el concierto

Primeros pasos para que la muerte de cuatro jóvenes en la macrofiesta del pasado 1 de noviembre en el Madrid-Arena no quede impune. El titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, ha citado para que acudan a declarar al Miguel Ángel Flores, gerente de la empresa organizadora del evento, Diviertt, así como a los representantes legales de las dos empresas de seguridad que debían garantizar la seguridad de la misma, Kontrol 34 y Seguriber. La figura de Flores se ha visto envuelta en la polémica desde que se dscubrió su estrecha relación con miembros destacados del consistorio, entre ellos el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva.

Asímismo, el magistrado ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que le comunique formalmente "y con carácter inmediato" qué Concejalía era la encargada de tramitar la cesión del local municipal donde se produjo la tragedia y el responsable de ésta. Su intención es citarle también para que acuda a declarar "en principio" como testigo, según detalla una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se trataría de Pedro Calvo, el tercer teniente de alcalde y otro de los hombres de confianza de la alcaldesa, Ana Botella.

Todos ellos acudirán al juzgado entre esta semana y la que viene, y después de que el propio magistrado, acompañado del fiscal del caso, los responsables policiales de la investigación y tres agentes fuera de servicio que estuvieron en el concierto realicen a partir de las 10 de la mañana de este martes una reconstrucción de lo ocurrido en el lugar de los hechos. Ésta será la primera paso después de que el Grupo V de Homicidios entregará la semana pasada un primer informe sobre lo ocurrido y solicitara al magistrado varios días más para terminar de analizar las imágenes que las cámaras de seguridad del recinto grabaron aquella noche. En sus primeras conclusiones, la Policía ya apuntó a que el aforo del Madrid-Arena fue ampliamente sobrepasado.

De hecho, el juez ha solicitado también a los expertos de Policía Científica queque haga una simulación mediante ordenador para establecer las personas que caben en el pabellón y las que realmente había cuando ocurrieron los hehos a partir de estos vídeos. El magistrado ha hecho un ofrecimiento de acciones a las familias de las cuatro jóvenes fallecidas, y a la familia de la muchacha que permanece hospitalizada en estado grave, por si consideran la posibilidad de personarse en las actuaciones como acusación particular.

Nadie asume responsabilidades

Hasta ahora, las tres empresas involucradas en el suceo y el pripio Ayuntamiento han eludido asumir responsabilidades en lo ocurrido en la macrofiesta de Halloween. Todos ellos han señalado en los últimos días que su cometido en el mantenimiento del orden en aquel evento se debía desarrollar en el exterior del recinto y que era a los otros a los que correspondía evitar los incidentes dentro. El primero en rehuir cualquier responsabilidad sobre la seguridad en el interior del recinto fue el propio Consistorio madrileño. Lo hizo el pasado miercoles, al anunciar la próxima presentación de una demanda contra el promotor del evento, Miguel Ángel Flores, y su empresa, Diviertt, "al haber mentido en los datos inicialmente facilitados sobre el número de entradas vendidas y el aforo real". Según el Ayuntamiento de la capital, la responsabilidad de los 14 agentes y tres mandos de la Policía Municipal que envió aquella noche al recinto (pocas horas antes había enviado 42 policías al programa de televisión El Hormigueropara contener a las fans de un grupo musical juvenil) se limitaban al exterior del recinto.  

Aquella afirmación provocó la inmediata respuesta de la empresa promotora, Diviertt, que en una nota aseguró que no tenía "autoridad alguna" en la seguridad del evento. Según ésta, esa función correspondía a la empresa Seguriber, contratada por el Ayuntamiento de la capital. Según la empresa organizadora, a Seguriber le correspondía determinar y llevar a la práctica el plan de seguridad del recinto y que para ello, de hecho, asignó 38 vigilantes aquella noche, sobre los que Diviertt "no tenía potestad ni autoridad alguna". 

La respuesta de Seguriber tardó sólo unas horas en llegar, aunque no de modo oficial. Fuentes de esta compañía aseguraban el pasado jueves a este diario que los servicios de sus agentes habían sido contratados por la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, responsable del pabellón, "para gestionar exclusivamente la seguridad exterior de estos recintos con un dispositivo permanente que conlleva la vigilancia de este edificio a lo largo de todo el año". Siempre según estas fuentes, durante el eventoThriller Musica Park del pasado 1 de noviembre, el cometido de sus empleados era la "requisa y vigilancia de que las puertas de emergencia permanecieran libres de obstáculos para su posible utilización". Desde Seguriber se insisitió a este diario que sus servicios no fueron contratados por la empresa organizadora "para el control de acceso y la seguridad en el interior del evento" y que, por tanto, no era "responsable de estas funciones" en las que supuestamente también se produjeron irregularidades que desembocaron en que se sobrepasara ampliamente el máximo aforo permitido, según ha concluido la Policía. 

El silencio de Kontrol 34

Por ahora, el único actor que se ha mantenido en silencio en todo este cruce de acusaciones ha sido, precisamente, la empresa Kontrol 34, una polémica compañía contratada por los organizadores "a voluntad propia" sólo para "recibir a los asistentes en el recinto, guiar su acceso, ojear el desarrollo de la fiesta y avisar a los responsables de seguridad en caso de problemas". Según la nota del pasado miércoles de Diviertt, los 63 "controladores" de esta empresa no podían en ningún caso realizar funciones de seguridad como cacheos a los asistentes o registrarles sus mochilas o bolsos. El propio Ministerio del Interior señala que esta empresa no aparece registrada como compañía de seguridad, ya que es simplemente prestataria de servicios auxiliares, como el control de accesos o labores de conserjería.

Sin embargo, algunos testigos apuntan que eran estos "controladores" los que daban instrucciones a los vigilantes de Seguriber a pesar de que no tienen ningún tipo de formación en materia de seguridad ya que la mayoría eran simplemente desempleados a los que se les había ofrecido un contrato por las horas que iban a trabajar esa noche. Como administrador único de esta Kontrol 34 aparecía, Juan Carlos García Perdiguero, un histórico cabecilla del grupo ultra Frente Atlético, los seguidores violentos del Atlético de Madrid. García Perdiguero tiene un largo historial de detenciones policiales desde que fue detenido por primera vez en 1987 con 21 años de edad. La empresa tiene como único socio a Carlos Manzanares Rodríguez, otro viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.