Publicado: 18/12/2012 04:00
La Comisión de Investigación del caso Madrid Arena, la tragedia que dejó cinco jóvenes muertas por una avalancha en un pabellón de propiedad municipal, nunca despejó las dudas sobre la posesión de licencias por parte del recinto municipal. Las discusiones técnicas en boca de dirigentes políticos entorpecieron extraer lección alguna. "Madrid Arena y su actividad cuentan con licencia de obra y de actividad", afirmó rotundamente en la comisión la delegada de Urbanismo, Paz González.
El anónimo informante insiste al juez que la documentación que acompaña su denuncia confirma que el Pabellón debía haber sido "precintado y clausurado"
Refutada por la oposición madrileña (PSOE y UPyD), la versión de González choca frontalmente, sin embargo, con lo publicado ayer por Vozpópuli: las reiteradas peticiones entre 2007 y 2010 de Madrid Espacios y Congresos para obtener la licencia de funcionamiento del Madrid Arena, algo que la sociedad mercantil no ha logrado todavía. Un anónimo ha enviado al juez que instruye el caso, Eduardo López Palop, las solicitudes ordenadas cronológicamente y el magistrado las incorporó a la instrucción.
La versión del enigmático informante, cuyos documentos pueden desbaratar la línea de defensa seguida por el equipo de Ana Botella en el caso, entiende que una vez denegada la primera solicitud de licencia se debería de haber procedido al “precinto y clausura” del pabellón situado en la Casa de Campo. Y no solo lo dice el anónimo: lo recalca la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la cual “la clausura podrá acordarse sin más que acreditar la inexistencia de licencia”. El cierre, opina el desconocido, tenía que haberse hecho efectivo en enero de 2008.
En época de Gallardón como alcalde
Antes de esa fecha, en mayo de 2007, el Ejecutivo local, entonces a cargo de Alberto-Ruiz Gallardón, fue informado por la Unidad Técnica de Licencias de que “la solicitud presentada para el trámite de obtención de licencias” de actividad y funcionamiento adolecía de al menos ocho documentos que impedían la concesión. Algunos de esos documentos son elementos imprescindibles para un recinto de las características del Madrid Arena, como los “cálculos de carga de fuego y nivel de riesgo”, los “planos indicando los huecos y conductos de ventilación”, la “relación de todos los equipos y maquinaria con indicación de su potencia eléctrica” o la “descripción de la dotación para la evacuación de humos”, por citar algunos. La respuesta definitiva llegó en enero de 2008, pero la ausencia de los ocho documentos impidió a Madrid Espacios y Congresos contar con licencia de actividades hasta tres veces más, en noviembre de 2009, en febrero de 2010 y en abril de 2010.
Firmado las cuatro veces por Norberto Rodríguez Pérez, arquitecto y director general de Ejecución y Control de la Edificación en el Ayuntamiento (el anónimo carga contra él indiscriminadamente en sus anotaciones por conocer perfectamente la situación del Madrid Arena), el desistimiento de la petición se da “sin que se inicie el correspondiente procedimiento de disciplina urbanística que precinte y clausure el edificio por ejercer actividades no legalizadas”.
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