Del Rivero acusa a Ruz de ignorar qué es el cohecho y exige que le desimpute en el 'caso Bárcenas'

Luis del Rivero pasa al ataque. El expresidente de Sacyr ha remitido a la Audiencia Nacional un duro escrito al que ha tenido acceso este diario en el que, además de pedir que se sobresea la causa que el juez Pablo Ruz abrió contra él por la supuesta entrega de donaciones irregulares al PP en el caso de los papeles de Luis Bárcenas, carga contra el magistrado. En el mismo, Carlos Gómez-Jara, abogado defensor del empresario, acusa a Ruz de no saber distinguir entre los delitos de cohecho y tráfico de influencias, un error, añade que "no es extraño entre algunos juristas no excesivamente familiarizados con el Derecho penal". El texto llega a recriminar al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que mantenga abierta de manera "artificial" la investigación sobre los apuntes contables del extesorero del PP ya que, en su opinión, los posibles delitos cometidos estarían ya prescritos.

El abogado del empresario acusa al juez de mantener abierto el 'caso Bárcenas' de manera "artificial" y sugiere que lo hace por la "relevancia mediática" del mismo

Del Rivero se convierte así en el segundo empresario que en los últimos días pide su desimputación en la causa, después de que Juan Miguel Villar Mir lo hiciera hace sólo unos días. En ambos casos, el detonante de las peticiones ha sido el reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) que niega la existencia de cualquier tipo de vinculación entre las supuestas entregas del dinero al PP recogidas en los apuntes contables del extesorero del PP y las adjudicaciones recibidas por los empresarios encausados de Administraciones gobernadas por este partido. Igual que en su momento hicieron los abogados de Villar Mir, los de Del Rivero consideran que las conclusiones de este análisis y de otro anterior de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el mismo sentido son "absolutamente tajantes y concluyentes".

Sin embargo, las referencias a los informes de la IGAE y la UDEF sólo ocupan un tercio de los 24 folios del escrito con el que el abogado de Del Rivero pide que se sobresea la causa para su cliente. El resto del texto se centra en demostrar que el delito que supuestamente se cometió con los donativos no es el de cohecho que le adjudicaba en su auto de imputación el juez Ruz, sino el de tráfico de influencias, de pena menor y, sobre todo, de prescripción mucho más temprana, sólo tres años. De hecho, el letrado Gómez-Jara recalca que dicha infracción estaría prescrita "hace tiempo", sobre todo para su cliente, cuya última donación de la que se le acusa sería la de 200.000 euros que supuestamente hizo en 2007 al PP de Castilla-La Mancha para la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a cambio del contrato de recogida de basuras de la ciudad de Toledo.

"Frecuente confusión"

Es aquí donde el letrado del empresario carga contra el magistrado, al que culpa de haber caído en "la frecuente confusión entre los delitos de cohecho y de tráfico de influencias por el enorme parecido que ambos guardan entre sí, muy especialmente cuando en el segundo también se encuentra presente la existencia de una dádiva", en referencia a los donativos. Según destaca en varias ocasiones, dicha equivocación se suele dar entre los que califica de "juristas no especializados en Derecho Penal" (expresión que utiliza con parecidas palabras en al menos otras dos ocasiones), algo que sugiere se ha dado en este caso influenciado supuestamente por "la relevancia mediática de la presente causa penal". El escrito recalca que aunque esta supuesta confusión "triunfe en el lenguaje periodístico y popular", considera que "no es correcta en el lenguaje normativo propio" de la legislación vigente.

Del Rivero asegura que la supuesta 'mordida' de 200.000 al PP de Castilla-La Mancha en 2007 para la campaña electoral de Cospedal estaría ya prescrita

La tesis que defiende Del Rivero para pedir su desimputación en la causa de los papeles de Bárcenas se sustenta en que el PP, receptor de los supuestos donativos, "es una entidad privada que, por tanto, no adjudica contratos públicos a nadie". "No es verdad que el Partido Popular recibiera de empresarios ni donaciones, ni dinero, para que éste les adjudicara los contratos públicos, porque carece de las necesarias facultades legales para hacerlo", destaca para a continuación apuntar que "lo que sí puede hacer es influir en la autoridad o funcionario público que dentro de la Administración sí tiene facultades para otorgar aquellos". En este caso, el delito sería el tráfico de influencias, concluye.

Por ello, añade que en caso de haberse producido las donaciones de que se acusa al anterior presidente de Sacyr, "lo que, en absoluto, estamos reconociendo como cierto más allá de a los efectos puramente dialécticos", éstas no serían un cohecho, sino "el precio de la influencia". En este sentido, el equipo jurídico de Del Rivero compara el 'caso Bárcenas' con el llamado 'Caso Palau', en el que se investiga una supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Artur Mas, a través, precisamente, de empresas que conseguían contratos a cambio de comisiones entregadas al partido. Según destaca el escrito, en este caso la Fiscalía no acusa de delito de cohecho, "sino por el más acertado de tráfico de influencias".

DOS VECES ANTE EL JUEZ RUZ 

El escrito de Luis del Rivero en el que pide su desimputación es profuso en alegaciones jurídicas, pero parco a la hora de referirse a los hechos concretos de los que se le acusa. Así, sólo hace referencia de modo genérico a las donaciones que supuestamente hizo y que aparecen reflejadas tanto en los 'papeles de Bárcenas' como en el recibí que el extesorero entregó en el Juzgado referido al supuesto pago de una comisión de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha en 2007 para pagar la campaña electoral de aquel año de María Dolores de Cospedal a cambio del contrato de limpieza de Toledo. Por esta última acusación, el empresario tuvo que acudir en noviembre de 2013 a la Audiencia Nacional a declarar como imputado, después de haberlo hecho ya una primera vez en mayo del mismo año por los dos apuntes contables del extesorero 'popular' donde se le señala como supuesto 'donante' de 180.000 euros repartidos en dos entregas de 2004 y 2006.

En esta última declaración de hace un año, Del Rivero negó haber pagado ninguna comisión ni al PP ni a ningún otro partido pese a admitir que se reunía habitualmente con políticos. El expresidente de la constructora reconoció que, como recogían las agendas de Luis Bárcenas que hacía poco había entregado éste, mantuvo once encuentros con el extesorero "y posiblemente alguno más". Incluso admitió reuniones con otros miembros destacados del PP como Josep Piqué ("una de las cabezas mejor amuebladas de este país") y Juan Costa, aunque negó que en ninguna de ellas se hablase de adjudicaciones ni donaciones. Del Rivero enmarcó entonces estos encuentros con dirigentes 'populares' dentro de las "normales" relaciones entre la clase política y el mundo empresarial, y aseguró que también había tenido encuentros similares con integrantes del PSOE. "Nunca le he negado una reunión a nadie", presumió antes de reconocer que militaba en AP y, ahora, en el PP "aunque desde el cambio de pesetas a euros no me pasan la cuota".