Publicado: 05/12/2013 04:00
Nuevo escrito de Rosalía Iglesias al juez Pablo Ruz para pedir dinero. La mujer de Luis Bárcenas ha pedido en esta ocasión al magistrado que desbloquee las cuentas bancarias del matrimonio para así poder hacer frente al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas de basuras de las casas y plazas de garaje que el matrimonio posee en Madrid y en el Valle de Arán (Lleida), y que actualmente se encuentran intervenidas judicialmente. La esposa del extesorero reclama, en concreto, 2.800 euros y para justificar dicha cantidad acompaña su escrito de las cartas de aviso remitidas a su domicilio por el ayuntamiento de la capital y por el consistorio del municipio pirinaico donde está el chalé de lujo de la pareja. La nueva petición se produce sólo seis días después de que el juez rechazara en un duro auto desbloquear los 5.000 euros mensuales que Rosalía Iglesias reclamaba para poder hacer frente a los "gastos de uso corriente de la familia".
La mujer del extesorero ha remitido al magistrado las cartas de pago enviadas por los ayuntamientos donde están los inmuebles. Una de ellas ya recoge un 10% de recargo en concepto de "intereses de demora"
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la familia Bárcenas hace referencia a una providencia del magistrado del pasado 7 de octubre en el que éste abría la puerta al desbloqueo de dinero para hacer frente a gastos "periódicos no mensuales, tales como IBI, seguros, cuotas de asociación etc..". Entonces, Ruz pedía a la mujer del extesorero que entregara en el juzgado "la comunicación previa que el organismo o entidad correspondiente remita con antelación a su devengo para proceder así puntualmente, en su caso, a ordenar el pago de la cantidad oportuna". Y eso es lo que ha hecho ahora Rosalía Iglesias, que incorpora las misivas que ambos ayuntamientos les han remitido a ella y a su marido para reclamar el pago de los impuestos de tres plazas de garaje en Madrid, la vivienda que ocupa la familia en la capital y el chalé de Baqueira.
En concreto, pide 85 euros por cada plaza de estacionamiento (12 de la tasa de recogida de basuras y los 73 euros restantes del IBI), 2.013 euros por la casa de la calle Príncipe de Vergara y 530 euros más por la vivienda de los Pirineos. Sobre esta última cantidad, la documentación entrega por la esposa del extesorero recoge que tiene ya un recargo del 10% por "intereses de demora". Sobre este último pago, la mujer de Bárcenas hace una observación en su escrito: el pago de este impuesto no estaba domiciliado por lo que pide al magistrado "que disponga lo necesario para que el tributo se pueda sastifacer". En total, el matrimonio reclama el desbloqueo de 2.800 euros para hacer frente a todos ellos.
Tras la polémica 'lista de la compra'
El escrito de Rosalía Iglesias llegó a la Audiencia Nacional el pasado 27 de noviembre, sólo seis días después de que el juez Ruz dictase un duro auto en el que recortaba drásticamente la 'lista de la compra' que le presentó Rosalía Iglesias para pedirle el desbloqueo mensual de 5.000 euros para hacer frente a los "gastos de uso corriente de la familia". El magistrado destacaba entonces que la mayor parte de los gastos contenidos en la misma eran "innecesarios, superfluos y suntuarios al no ser precisos para la vida cotidiana con arreglo a nuestra realidad social". Ruz redujo las 'reclamaciones' económicas de la esposa del extesorero del PP al abono de las cuotas de la Seguridad Social de su asistenta, los recibos de comunidad de las tres viviendas del matrimonio así como sus seguros de hogar y el pago del gas del domicilio en Madrid en el que reside la mujer y el hijo de la pareja.
El juez ha dictado un nuevo auto en el que rechaza el recurso de Rosalía Iglesias a su negativa a entregarle 5.000 euros al mes para los "gastos de uso corriente de la familia"
En aquel escrito, el juez dejó claro que tenía sospechas de que Rosalía Iglesias aún atesoraba dinero fuera del alcance de la Justicia y ponía como ejemplo los pagos que había efectuado desde el pasado mes de julio de las cuotas del leasing con el que adquirió un vehículo Land Rover valorado en más de 90.000 euros. Ruz dejaba claro que aunque no hubiera existido dichos pagos, tampoco hubiera accedido a las pretensiones de la mujer. En este sentido, aseguraba que sólo hubiera desbloqueado 645 euros al mes, cifra que constituye oficial el salario mínimo interprofesional y que, como resaltaba en el auto, "a priori permite subvenir a las necesidades básicas de cualquier familia media". Cifra que, finalmente, tampoco desbloqueó por sus sospechas sobre el dinero de pudiera aún ocultar el matrimonio.
La decisión judicial fue respondida pocos días después por la defensa de la mujer del matrimonio con un recurso en el que criticaba asperamente los "argumento que emplea en el auto" el magistrado, a los que llegaba a tildar de "frivolidad" y cargados de "populismo", lo que hacía, en su opinión, que la resolución "chirríe por contaminación de prejuicios". En el recurso, la abogada de Rosalía Iglesias aseguraba que a su clienta ya le asomaban "temores de que su juez ha perdido o está a punto de perder la siempre saludable y necesaria imparcialidad". En su recurso, también calificaba los argumentos de Ruz de ser "tan sorprendentes" que los achacaba a "un error", y recordaba que la Fiscalía no se había opuesto en un primer momento al abono de los gastos domiciliados y a que se le entregara "la cantidad mensual de 900 euros para gastos familiares".
Nueva negativa del juez
Este último recurso ha sido ahora rechazado por el magistrado en un auto al que ha tenido acceso este diario y en el que insistía en que los gastos que pretendia cubrir con el dinero de sus cuentas intervenidas judicialmente eran "innecesarios [...] al no ser precisos para la vida cotidiana con arreglo a nuestra realidad social". Además, el juez le recordaba de nuevo que el matrimonio estaba pagando mensualmente 1.500 euros "en concepto de leasing de un vehículo con un valor de inversión de 91.936,80 euros". El magistrado concluía que "las alegaciones en el recurso contenidas [...] no desvritúan el carácter de innecesarios de los gastos cuyo pago ha sido denegado, ni los indicios que evidencian la solvencia económica de la imputada", por lo que rechaza la petición. En su auto, el juez hace referencia a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción presentado unos días antes y en el que, además de apoyar la decisión del juez, el Ministerio Público daba marcha atrás en su primera petición de entregarle 900 euros al mes. Ahora deberán decidir sobre el pago del IBI.
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