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Fiscalía e Inspección de Trabajo retrasan a propósito sus actuaciones en el “caso Bárcenas”

La fiscalía lleva desde el 30 de julio sin pronunciarse sobre la petición de diligencias emitidas por las cuatro acusaciones particulares. La Inspección de trabajo no ha revisado la "simulación de despido" desde el mes de febrero, denuncian los abogados que aseguran que no se les ha comunicado ni un solo trámite de oficio por parte de los órganos que dependen del Ejecutivo.

Hace un mes y medio que las cuatro acusaciones particulares del llamado “caso Bárcenas” pidieron nuevas diligencias en las que reclamaban careos entre los empresarios responsables de donaciones presuntamente ilegales al PP y el ex tesorero del partido, entre otras. Desde entonces, la fiscalía no se ha pronunciado. Hace casi siete meses que la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, admitió en una rueda de prensa que había “simulado” el despido de Bárcenas. La Inspección de Trabajo, dependiente del ministerio de Empleo, tampoco se ha movido desde esa fecha. Los órganos que dependen jerárquicamente del Gobierno no están investigando al PP, denuncian a Vozpópuli las acusaciones, pese a que el Ejecutivo afirma oficialmente que ambas instituciones son independientes.

El caso más urgente es el que atañe a la fiscalía. Las acusaciones están pendientes del preceptivo “pronunciamiento de la fiscalía” desde el pasado 30 de julio. Desde entonces, el ministerio público ni siquiera ha emitido un acuse de recibo, según denuncian los abogados de la causa.

El caso más flagrante es el de la Inspección de Trabajo cuya pasividad suma ya siete meses sin realizar ni un solo trámite. Las partes aseguran que han pedido al juez que requiera a la Inspección de Trabajo sus diligencias sobre el asunto puesto que la simulación de despido y el pago diferido de emolumentos a Luis Bárcenas podría constituir un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública que podría reportar hasta 50.000 euros de multa a los responsables de Génova.

Dos leyes laborales impiden explícitamente recibir pagos a la Seguridad Social a quien no trabaja para una empresa porque esos pagos incrementan "su base reguladora" y, por tanto, su pensión sin cotizar por ella.

  • En primer lugar, la Ley General de la Seguridad Social que prohíbe abiertamente "simular cotizaciones para obtener beneficios". El artículo 106.2 de esa Ley General afirma que esos pagos deben estar vinculados "a la realización de trabajos, hasta tal punto que las comunicaciones de alta o de baja no la eliminan si continúa el trabajo".
  • En segundo lugar, la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social) que prohíbe "incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador" en su artículo 23.1.e.

Las nuevas revelaciones del diario El Mundo tampoco han sido contestadas por la autoridad laboral aunque sí por la Secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, que aseguró que negociara con el ex tesorero el pago de un finiquito el pasado mes de febrero, tal y como publicó el diario. “"Es rotundamente falso todo, pero todo", afirmó Cospedal tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Su palabra parece suficiente, al menos, para la Inspección de Trabajo.    


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